El BNG ha reclamado este martes el “cese inmediato” del conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, mientras que el PSdeG ha anunciado que pedirá su comparecencia en el pleno del Parlamento gallego. Estas reacciones llegan después de que Eldiario.es revelase que la empresa de su familia fue sancionada tras una inspección de oficio en la que se constató la presencia de dos trabajadores de origen africano en situación irregular.
En la rueda de prensa posterior a la Xunta de Portavoces, la viceportavoz parlamentaria del BNG, Olalla Rodil, tildó la información de “gravísima”. “Esto es impresentable y pedimos el cese inmediato por esta indecencia e irregularidad por tener a trabajadores inmigrantes explotaciones, sin darlos de alta en la Seguridad Social, en situación de irregularidad administrativa apañando uva en la bodega”, afirmó.
Rodil incidió en que se trata del responsable político que debe proteger los derechos laborales. “Estamos hablando del responsable político que debe velar por los derechos laborales de los trabajadores y trabajadoras de este país. ¿Cómo es posible que el conselleiro de Emprego tenga en la empresa de su familia trabajadores explotados y sin dar de alta en la Seguridad Social?”, se preguntó.
La dirigente nacionalista recordó además que, según señaló, esta “no es la primera ilegalidad de esta empresa”, mencionando sanciones previas por cuestiones urbanísticas. “Es evidente que esta persona no puede estar ni un minuto más al frente de la consellería”, remarcó.
Asimismo, sostuvo que el caso resulta aún más grave por tratarse de un conselleiro que “lleva, desde el minuto uno, atacando con una campaña de acoso y derribo, contra los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores gallegos, criminalizándolas por enfermar y promoviendo políticas encaminadas a recortar su derecho a la baja”.
En esa línea, acusó al PP de incomodarse cuando se habla de empleo y de derechos laborales. “Ya vemos que es lo que le molesta al PP cuando hablamos de empleo, los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, mismo su regularización administrativa, porque hay que recordar la campaña en la que está instalado el PP en contra, a nivel estatal, del proceso de regularización de inmigrantes”, manifestó, para concluir que, en el fondo, “parece que quieren que trabajen en esa situación de máxima vulnerabilidad explotados en sus empresas. Es inadmisible”.
El PSdeG reclama explicaciones en el Parlamento
Por su parte, la viceportavoz parlamentaria del PSdeG, Lara Méndez, avanzó que su grupo solicitará la comparecencia del conselleiro en la Cámara para que acuda a “dar la cara”, aunque la petición aún no se había registrado en la Xunta de Portavoces de este martes.
Méndez criticó que el titular de Emprego “no se cortó nada a la hora de hablar de inmigración ordenada y de reclamarle al Gobierno de España las competencias de los permisos de trabajo” mientras, al mismo tiempo, “en las viñas de la bodega de su familia había dos personas sin papeles recogiendo uva”. “Las encontró una inspección de oficio y hay una propuesta de sanción encima de la mesa”, subrayó.
La responsable socialista consideró que lo sucedido en la empresa es “extremadamente grave”. “Es difícil de tapar, aunque práctica no les falta”, añadió, aludiendo al salón de banquetes que la misma firma explota desde hace una década en Ribadavia, “con una orden de demolición de Patrimonio que sigue sin ejecutarse”.
También se preguntó “si no será esta la emigración que quiere el PP. Gente sin papeles y sin derechos, que van a trabajar y de la que después no responde nadie”, apuntó.
Recordó que la consellería que encabeza José González es la de Emprego e Emigración y cerró su intervención dirigiéndose al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda: “¿Qué va a hacer el señor Rueda? ¿Seguir cerrando los ojos a lo que pasa en su casa?”.
Respuesta del PPdeG: “no hay caso”
Desde el PPdeG, su portavoz parlamentario, Alberto Pazos, fue preguntado en el Parlamento de Galicia por este asunto y defendió que “no hay caso” porque, dijo, el conselleiro “no tiene ninguna relación con la empresa familiar”. “Ni es socio ni participa en su dirección ni, por su puesto, participa en nada de lo que tenga que ver con la contratación de la empresa”, afirmó.
Pazos añadió que se “congratulan” de que “funcionen los servicios de inspección” y aseguró que “la familia del conselleiro tomó las medidas legales oportunas”. “Y si corresponden sanciones, a quien le correspondan tendrá que afrontarlas, como cualquier otro empreario”, concluyó.