Detenido un sospechoso de provocar el incendio de Lozoyuela (Madrid)

En la Comunidad de Madrid no hay en este momento una nueva ley autonómica específica de incendios forestales en tramitación parlamentaria. El núcleo normativo de fondo sigue siendo la Ley 16/1995, Forestal y de Protección de la Naturaleza, que el Gobierno regional está empezando a modificar mediante un anteproyecto aún en fase prelegislativa. Paralelamente, sí está aprobada para 2026 la planificación anual de prevención y extinción de incendios, así como otras normas y planes de protección civil y gestión forestal relacionados. En la Asamblea de Madrid se han debatido iniciativas políticas (PNL y comparecencias) sobre prevención de incendios, pero sin traducirse por ahora en nueva legislación específica.

1. Modificación de la Ley Forestal 16/1995: fase prelegislativa

La pieza clave de futura reforma normativa es el Anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 16/1995, de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la Comunidad de Madrid, impulsado por la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior.

• Acuerdo de inicio: El Consejo de Gobierno autorizó la publicación de la consulta pública mediante el acuerdo recogido en el documento “Acuerdo por el que se autoriza… la consulta pública relativa al anteproyecto de Ley de modificación de la Ley 16/1995” (acuerdo de 22 de abril de 2026).
• Consulta pública: El anteproyecto se sometió a consulta pública del 23 de abril al 14 de mayo de 2026 en el Portal de Transparencia (consulta del anteproyecto forestal).
• Estado actual: Cerrada la consulta pública el 14 de mayo de 2026, el texto sigue en fase de elaboración dentro del Gobierno. No consta todavía audiencia pública formal ni aprobación como proyecto de ley ni remisión a la Asamblea.

Por tanto, la reforma estructural de la normativa forestal –y, por extensión, del marco preventivo frente a incendios en montes– está aún en fase de anteproyecto, sin entrar en tramitación parlamentaria.

2. Planificación específica de prevención y extinción para 2026

Más allá de la ley básica forestal, la Comunidad de Madrid aprueba cada año un plan operativo específico. Para 2026 está ya en vigor el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales:

• Consulta pública: “Plan Anual para la Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid para el año 2026”, sometido a consulta del 16 de febrero al 16 de marzo de 2026 (consulta del Plan Anual 2026).
• Aprobación: Orden 1471/2026, de 17 de abril, por la que se aprueba el Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales, publicada en el BOCM del 29 de abril de 2026 (Orden 1471/2026).

Este plan anual concreta recursos, dispositivos y medidas de prevención y extinción para la campaña de 2026, pero no es una ley, sino una disposición de planificación que se renueva cada año sobre el marco legal existente.

3. Otras normas y anteproyectos relacionados

Existen además varias normas y proyectos autonómicos que, sin ser una “ley de incendios forestales”, inciden en la gestión del riesgo:

• Reglamento del Sistema Integrado de Protección Civil y Emergencias: Proyecto de Decreto del Consejo de Gobierno sometido a consulta pública del 5 al 26 de mayo de 2026 (consulta del Reglamento de Protección Civil), tras un acuerdo previo de autorización para la consulta (acuerdo de 29 de abril de 2026). Aún está en fase prelegislativa, sin aprobación definitiva conocida.
• Decreto sobre unidad mínima forestal: Proyecto de Decreto sobre unidad mínima de cultivo y unidad mínima forestal en la Comunidad de Madrid, en audiencia pública del 23 de abril al 14 de mayo de 2026 (audiencia del decreto de unidad mínima forestal), que afecta a la ordenación de la propiedad forestal y, por tanto, a la gestión del monte y su resiliencia frente a incendios.
• Plan INFOMA y Agencia Madrid 112: el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales (INFOMA) y la organización de la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 se han abordado mediante proyectos de decreto y acuerdos (por ejemplo, el proyecto de Estatuto de la Agencia sometido a audiencia pública en 2023-2024, con documentación accesible en [enlace] y el Decreto 111/2024, de estructura directiva, publicado en el BOCM el 13 de diciembre de 2024, Decreto 111/2024).

Estas normas refuerzan la estructura institucional y operativa de la protección civil y de los servicios de prevención y extinción, pero no constituyen una nueva ley material de incendios forestales.

4. Iniciativas parlamentarias y marco penal

En la Asamblea de Madrid han existido varias Proposiciones No de Ley para reforzar la prevención (por ejemplo, PNL-16/2025 y PNL-399/2025, con propuestas de incrementar los tratamientos preventivos, actualizar mapas de riesgo o apoyar los planes municipales PAMIF), pero al ser PNL tienen carácter no normativo y una de ellas fue explícitamente rechazada.

Finalmente, destaca la Ley 1/2026, de 15 de abril, por la que se habilita a la Comunidad de Madrid para el ejercicio de la acción popular en determinados ámbitos, ya aprobada y publicada en el BOCM el 17 de abril de 2026 (Ley 1/2026). Esta norma permite a la Comunidad ejercer acción popular en procesos penales por delitos de incendio y contra los recursos naturales y el medio ambiente que afecten a montes y masas forestales, reforzando el componente sancionador y disuasorio frente a incendios intencionados.

En síntesis, el estado de tramitación puede resumirse así: reforma de la Ley Forestal aún en anteproyecto tras consulta pública; planes y reglamentos sectoriales (Plan Anual 2026, Reglamento de Protección Civil, unidad mínima forestal) en parte ya aprobados y en parte en fase de elaboración; e iniciativas parlamentarias de impulso político sin nueva ley específica de incendios forestales aprobada hasta la fecha.

Las competencias del Delegado del Gobierno en Madrid se regulan principalmente en la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, como representante del Gobierno de la Nación y director de la Administración General del Estado (AGE) en la Comunidad de Madrid, y se concretan y distribuyen internamente mediante resoluciones de delegación como la de 2 de junio de 2023. En síntesis, dirige y coordina los servicios estatales en el territorio, vela por la ejecución de las políticas y decisiones del Gobierno, actúa como canal institucional con la Comunidad de Madrid y los ayuntamientos, y asume un amplio bloque de potestades sancionadoras y de control en materia de seguridad, extranjería, armas, explosivos, pirotecnia y otras. Parte de estas funciones se delegan en la Subdelegación del Gobierno y en la Secretaría General, pero su titularidad sigue residiendo en el Delegado.

Marco normativo básico

El régimen jurídico general de las Delegaciones del Gobierno y de sus titulares está en la Ley 40/2015. Esta norma:

• Define a los Delegados del Gobierno como órganos directivos de la AGE en el territorio autonómico, reforzando su papel político e institucional y sometiéndolos a los criterios de buen gobierno de la Ley 19/2013.
• Establece que representan al Gobierno de la Nación en la Comunidad Autónoma, sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado que ostenta el Presidente autonómico.
• Dispone que dirigen y supervisan la AGE en el territorio de su Comunidad.
• Recoge que son nombrados por Real Decreto del Consejo de Ministros, a propuesta del Presidente del Gobierno, atendiendo a criterios de competencia profesional e idoneidad, según la Ley 3/2015.

El Estatuto de Autonomía de Madrid, aprobado por la Ley Orgánica 3/1983, no desarrolla de forma específica las competencias del Delegado del Gobierno, por lo que rige el esquema general estatal.

Adicionalmente, la Ley 50/1997, del Gobierno es relevante para el mecanismo de nombramiento (decisiones del Consejo de Ministros) y para enmarcar al Delegado dentro de la acción general del Gobierno.

Función de dirección y coordinación territorial

De acuerdo con la Ley 40/2015, el Delegado del Gobierno en Madrid ejerce, entre otras, las siguientes competencias estructurales:

• Dirección de la AGE en Madrid: dirige y supervisa la actuación de los servicios territoriales integrados en la Delegación del Gobierno, que dependen jerárquicamente de él, a través de la Secretaría General. Fija prioridades, asegura la coherencia de la gestión y controla el funcionamiento de esos servicios.
• Relaciones con servicios no integrados: los servicios territoriales no integrados dependen de sus ministerios “centrales”, pero la Ley prevé que la organización territorial de todos ellos atienda a la necesaria coordinación con la Delegación, que actúa como nodo político y administrativo en el territorio.
• Relación con Subdelegación y Directores Insulares: la Ley contempla Subdelegados del Gobierno en provincias y Directores Insulares; en las Comunidades uniprovinciales, como Madrid, cabe crear Subdelegación por Real Decreto cuando la población, el volumen de gestión o particularidades sociales o económicas lo justifiquen. Estos cargos, cuando existen, dependen jerárquicamente del Delegado del Gobierno.

Representación institucional y enlace con otras administraciones

Como representante del Gobierno de la Nación en Madrid, el Delegado:

• Actúa como interlocutor político con la Comunidad de Madrid y los entes locales para la aplicación de las políticas estatales y la gestión de conflictos o incidencias con dimensión estatal.
• Canaliza la información de la acción del Gobierno hacia los ciudadanos en el territorio y, a la inversa, traslada al Gobierno las demandas y problemas que se detecten en la Comunidad (la Ley 40/2015 subraya expresamente las competencias de “información de la acción del Gobierno y a los ciudadanos”).
• Participa en los mecanismos de cooperación y coordinación interadministrativa, en línea con los principios de lealtad institucional y eficacia recogidos en la propia Ley 40/2015.

Competencias materiales en Madrid y su delegación interna

La Resolución de 2 de junio de 2023 de la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid detalla qué competencias propias del Delegado se delegan en la Subdelegación del Gobierno en Madrid y en la Secretaría General. De esa resolución se desprende que el Delegado del Gobierno en Madrid es titular, entre otras, de estas competencias materiales:

• Potestad sancionadora en materia de seguridad ciudadana: sanciones previstas en la Ley Orgánica 4/2015 de protección de la seguridad ciudadana, así como en la Ley 5/2014 de seguridad privada y su reglamento, y en la Ley 19/2007 contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Estas competencias se delegan en la persona titular de la Subdelegación del Gobierno en Madrid.
• Extranjería y régimen de los extranjeros: potestad sancionadora incluida la expulsión y devolución de personas extranjeras, al amparo de la Ley Orgánica 4/2000; la resolución delega estas funciones en la Secretaría General de la Delegación.
• Armas, explosivos y pirotecnia: autorizaciones de establecimientos y depósitos de armas de fuego, competencias en materia de explosivos (Reglamento de Explosivos) y de artículos pirotécnicos y cartuchería, todas ellas originariamente atribuidas al Delegado del Gobierno y delegadas en la Secretaría General.
• Seguridad privada: autorizaciones y controles previstos en la Ley 5/2014 y en su reglamento (apertura de determinados establecimientos obligados a medidas de seguridad, dispensas de medidas, servicios de seguridad con armas, etc.), igualmente delegadas en la Secretaría General.
• Expropiación forzosa: declaración del derecho de reversión de bienes expropiados, según la Ley de Expropiación Forzosa, delegada en la Secretaría General.
• Gestión de personal de la AGE en Madrid: competencias en materia de personal (determinadas por Reales Decretos en materia de función pública) que se ejercen, en buena parte, por delegación en la Secretaría General.
• Ejecución de sanciones: expedición de providencias de apremio y actuaciones recaudatorias derivadas de sanciones impuestas por la Delegación.

Todas estas competencias aparecen en la resolución como delegadas, lo que implica que su titular originario sigue siendo el Delegado del Gobierno en Madrid, de acuerdo con el principio de irrenunciabilidad de la competencia del artículo 8 de la Ley 40/2015 y el régimen general de delegación del artículo 9. El Delegado puede, en los términos legales, avocar asuntos concretos o revocar la delegación.

Régimen de suplencia y particularidad uniprovincial

La Ley 40/2015 precisa que, en caso de ausencia, vacante o enfermedad del Delegado del Gobierno, la suplencia corresponde al Subdelegado del Gobierno que aquel designe; si no existe designación formal, al Subdelegado de la provincia sede de la Delegación. En Comunidades uniprovinciales sin Subdelegado, como puede ser el caso de Madrid, la suplencia recae en el Secretario General de la Delegación, lo que refuerza el papel de este órgano directivo en el funcionamiento ordinario de la institución.

El nivel 2 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales de la Comunidad de Madrid (INFOMA) está regulado en el propio Plan aprobado por el Decreto 59/2017 y sus modificaciones, pero en los extractos accesibles de la norma no aparecen detallados los supuestos concretos de activación. Jurídicamente, la activación del nivel 2 implica pasar de una gestión esencialmente municipal o autonómica básica a una emergencia de mayor gravedad y complejidad, en la que la Comunidad de Madrid asume el mando operativo ampliado y se prepara la posible intervención de la Administración General del Estado. Sin embargo, los criterios técnicos exactos (umbral de superficie, afección a personas, bienes o infraestructuras, necesidad de medios extraordinarios, etc.) se encuentran en los anexos del INFOMA que no se incluyen en los fragmentos disponibles. A continuación se detalla qué normativa es aplicable y hasta dónde llega la información que puede extraerse de ella.

Normativa básica que regula el INFOMA

El marco jurídico específico del plan INFOMA en la Comunidad de Madrid viene dado por:

• Decreto 59/2017, de 6 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Especial de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales en la Comunidad de Madrid (INFOMA), publicado en el BOCM, donde se inserta el texto del plan y sus anexos: Decreto 59/2017 (INFOMA).
• Decreto 83/2018, de 5 de junio, que modifica el Decreto 59/2017, ajustando sobre todo la distribución de competencias y los medios adscritos al plan: Decreto 83/2018.
• Dos acuerdos de corrección de errores del INFOMA: el de 28 de julio de 2017 (corrección 2017) y el de 19 de junio de 2018 (corrección 2018).

El Decreto 59/2017 se limita, en su articulado, a aprobar el Plan y sus anexos, declarando las Zonas de Alto Riesgo e indicando el régimen sancionador por remisión a otras leyes. No obstante, no reproduce en el propio articulado la tipificación de las “situaciones” o “niveles” operativos (0, 1, 2, 3), que quedan desarrollados en los anexos.

Qué se conoce sobre la activación del nivel 2

En el texto modificativo del Decreto 83/2018 aparece una referencia indirecta a las “Situaciones 0, 1, 2 y 3”, vinculada a la cadena de mando:

• En las Situaciones 0 y 1, si el incendio afecta a un solo municipio, el mando del grupo logístico lo ostenta el responsable de Protección Civil municipal.
• “Si afecta a más de un municipio y/o se declara situación 2 asume el mando el responsable de la Subdirección General competente en materia de Coordinación Operativa de la Comunidad de Madrid. En la Situación 3 designará el mando la Delegación del Gobierno”. (Decreto 83/2018, apartado 3.1.7.4 modificado).

De esta redacción se extraen algunas consecuencias jurídicas relevantes para el nivel 2 del INFOMA, aun sin tener el listado cerrado de supuestos de activación:

• El paso a situación/nivel 2 no depende sólo de la extensión municipal; puede producirse incluso cuando el incendio afecta a un único término municipal, si se cumplen los criterios técnicos del plan (que están en el anexo no reproducido en las fuentes consultadas).
• Cuando se declara el nivel 2, el mando operativo del grupo logístico (y, por extensión, la gestión de la emergencia) pasa a un órgano autonómico especializado: la Subdirección General competente en materia de Coordinación Operativa de la Comunidad de Madrid.
• La Situación 3 sí implica ya una intervención dirigida por la Delegación del Gobierno, enlazando con el ámbito estatal.

No se dispone de más información en las fuentes consultadas sobre criterios como número de personas afectadas, infraestructuras críticas o umbrales de superficie quemada que determinen jurídicamente el salto al nivel 2.

Relación con el Estado y otros marcos normativos

Además del INFOMA, la emergencia por incendios forestales se enmarca en normativa estatal de protección civil y planificación frente a incendios forestales, entre la que figuran:

• El Real Decreto 893/2013, de 15 de noviembre, que aprobó la directriz básica de planificación de protección civil para emergencias por incendios forestales: Directriz básica 2013, posteriormente modificada parcialmente por la Norma Básica de Protección Civil de 2023 (Norma Básica 2023).
• El Plan Estatal de Protección Civil para Emergencias por Incendios Forestales, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 24 de octubre de 2014 y publicado por Resolución de 31 de octubre de 2014: Plan Estatal 2014.
• El Real Decreto-ley 15/2022, de medidas urgentes en materia de incendios forestales: RDL 15/2022.

Estos instrumentos estatales regulan las condiciones generales para la intervención de la Administración General del Estado y la coordinación con las comunidades autónomas. Sin embargo, en los documentos consultados no se recoge de forma expresa, artículo por artículo, cómo se conecta cada “nivel” autonómico del INFOMA (incluido el nivel 2) con los “niveles” estatales del Plan Estatal.

Otras referencias normativas relacionadas

Aunque no regulan directamente la activación del nivel 2 del INFOMA, en el mismo ámbito competencial aparecen otras normas de contexto, como las leyes de presupuestos de la Comunidad de Madrid, que dan cobertura financiera a los medios del plan: Presupuestos 2026, Presupuestos 2024; y normas sectoriales estatales como el Real Decreto 907/2013 sobre el título de Técnico en Emergencias y Protección Civil (RD 907/2013, parcialmente afectado por el RD 1085/2020). También tienen interés general en el ámbito de protección civil la Estrategia Nacional de Protección Civil (Estrategia 2019), diversas normas sobre formación universitaria en incendios (Máster UPM, Máster UCO) o planes medioambientales específicos como el del Monte de El Pardo (Monte de El Pardo) y la Ley madrileña de Economía Circular (Economía Circular Madrid), que inciden en la prevención.

En resumen, la respuesta estrictamente jurídica es que los requisitos concretos para activar el nivel 2 del INFOMA están definidos en los anexos técnicos del Plan aprobado por el Decreto 59/2017 y su modificación por el Decreto 83/2018, pero esos criterios detallados (umbrales y supuestos específicos) no figuran en los extractos disponibles, por lo que no se pueden reproducir ni desglosar con mayor precisión a partir de las fuentes consultadas.