QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso arranca su Pleno a partir de las 15:00 horas con el debate de totalidad relativo a la reforma del Estatuto del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha, que defenderá ante el Pleno una delegación autonómica formada por el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y los diputados autonómicos Ana Isabel Abengózar y Francisco Javier Núñez.
Page ha sacado pecho por el consenso conseguido en su región entre PSOE y PP y que espera que cristalice en el Congreso, donde la norma inicie su tramitación parlamentaria sin sorpresa. La modificación actualiza el texto de 1982 con objeto de “reforzar los derechos sociales, la igualdad y la protección de los colectivos vulnerables” y ampliar competencias en sanidad, educación y servicios sociales.
La sesión continuará con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley de medidas fiscales para combatir la especulación inmobiliaria, de ERC. Entre otras medidas, la iniciativa plantea eliminar los beneficios fiscales de las SOCIMIs, crear un impuesto a partir de la tercera residencia (que aumenta progresivamente por cada vivienda adicional) y ofrecer un IVA reducido a jóvenes menores de 35 años con rentas bajas para la compra de su primera vivienda.
Después será el turno de las proposiciones no de ley (PNL):
- Para la modificación urgente de la regulación de los medios alternativos de solución de conflictos en la justicia y el establecimiento de criterios unificados para todos los órganos judiciales (PP)
- Sobre el 40 aniversario de la aprobación de la Ley General de Sanidad y de reconocimiento a la figura de Ernest Lluch (PSOE)
Por último, se debatirán las mociones. En esta ocasión versan sobre la planificación eléctrica 2030 y su impacto en Navarra; sobre los planes del Ejecutivo para facilitar la jubilación de trabajadores con más de 40 años cotizados sin penalización; sobre la estrategia fiscal del Gobierno para evitar que los trabajadores autónomos se extingan en España; y sobre la política fiscal del Ejecutivo y «su falta de coherencia» con los intereses y necesidades de los españoles.
