QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Hacienda no logra deshacer los vetos cruzados que bloquean su paquete fiscal en el Congreso. La falta de una mayoría obligó este jueves a aplazar, por segunda vez esta semana, la sesión de la Comisión de Hacienda para votar el proyecto de ley de tributación mínima de las multinacionales y sus enmiendas.
Es a través de estas enmiendas en las que el Gobierno busca tramitar un paquete de medidas tributarias para financiar sus próximos Presupuestos Generales del Estado. Entre ellas, la conversión a impuesto del gravamen a la banca, pero no así el energético, punto central de la disputa.
PSOE y Sumar ya habían aplazado hace cuatro días la Comisión. La situación, tres días después, es la misma: ERC y Bildu están decididos a tumbar el proyecto si el plan de medidas fiscales deja fuera el impuesto energético.
Hacienda sostiene que no hay mayoría para sacarlo adelante. El acuerdo con Junts, cerrado antes del registro de las enmiendas, renuncia a la continuidad de esta figura. Y el Ministerio no quiere moverse de ahí.
El bloqueo es tal que a lo largo de esta semana prácticamente todas las fuerzas parlamentarias se han pronunciado en torno a la posibilidad de ‘desnudar’ el proyecto de cualquier aportación que sea ajena al objeto original: la regulación de un impuesto complementario para asegurar que las multinacionales tributen un 15% de sus ganancias.
Fue Aitor Esteban, portavoz del PNV, el que lanzó el martes en público la propuesta, señalando que la precariedad parlamentaria del Gobierno era tal que exigía acuerdos de mínimos. Y que si el acuerdo alcanzado por Hacienda con Junts y con ellos mismos no bastaba, quizás la única opción era tramitar la trasposición comunitaria y ningún otro cambio.
Las declaraciones se produjeron un día después de conocerse que PSOE y Sumar alcanzaban un acuerdo para incluir nuevos cambios, entre ellos el fin del régimen fiscal de las socimi (sociedades cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario) o acabar con la exención de las pólizas de seguros sanitarios en el Impuesto sobre las Primas de Seguros. Esa última medida, por ejemplo, no la apoyaría.
Tanto ERC como Bildu han transmitido al Gobierno su voluntad de no obstaculizar el proyecto si se comprometía a garantizar, por otra vía, la continuidad de ambos gravámenes, tanto el bancario como el energético. Podemos, que no está representado en la Comisión de Hacienda –es el BNG quien tiene voto dentro del Grupo Mixto– pero comparte posición y la haría valer en el Pleno, propuso a Hacienda algo parecido: prorrogar temporalmente el gravamen energético vía decreto-ley y así ganar tiempo para la negociación.
Hasta el Partido Popular, cuyo rechazo se daba por descontado, salió este jueves a presionar al Gobierno y aclarar que, si Hacienda renunciaba a incluir otras medidas, facilitaría la aprobación de la trasposición.
El retraso en la aprobación de esta norma, además, acarrea perjuicio económico para el Estado, ya que debía haberse incorporado al ordenamiento jurídico antes del 31 de diciembre de 2023. La Comisión Europea denunció el mes pasado a España por este incumplimiento.
El futuro de los gravámenes a banca y energéticas
La vigencia de ambos gravámenes expira el próximo 31 de diciembre y su conversión en impuestos, como había comprometido el Gobierno, sólo es posible completarla en un proyecto de ley ya en tramitación. El plazo máximo que tiene el Senado para pronunciarse acerca de un proyecto con declaración de urgencia es de veinte días naturales.
La legislación tributaria impide la creación de un impuesto a través de un decreto-ley –la jurisprudencia impide, de hecho, modificaciones de elementos sustanciales a través de esta vía–. Los gravámenes, sin embargo, no son impuestos, sino prestaciones patrimoniales públicas no tributarias, y el Gobierno ya prorrogó ambas figuras a finales de 2023.
