El vicealcalde de Alicante, Manuel Villar, ha comunicado este martes que el equipo de gobierno que encabeza el alcalde 'popular' Luis Barcala “restringirá a sus concejales, cargos y personal de confianza el acceso a procesos” para optar a una vivienda de protección pública (VPP). Esta decisión llega tras la controversia generada por las adjudicaciones en la promoción Les Naus, levantada sobre suelo municipal en la Playa de San Juan.
La medida se ha difundido mediante una nota enviada a los medios de comunicación después de la rueda de prensa de la junta de gobierno. En esa comparecencia, la portavoz municipal, Cristina Cutanda, se ha referido al asunto de las VPP destacando que el alcalde cuenta con el “respaldo” del PP nacional y autonómico, aunque ni ella ni Villar han mencionado en público este nuevo compromiso.
Este mismo martes, el alcalde de Elche, Pablo Ruz, ha avanzado que el Ayuntamiento ilicitano vetará el acceso a vivienda pública a “aquellos que ya disponen” de un inmueble y a “quienes no cumplen los requisitos legales, quienes incumplen la ley o intenten hacerlo mediante fraude o información falsa, además de concejales de la corporación, asesores y altos cargos”. Esta iniciativa guarda similitudes con la anunciada por el Consistorio de Alicante.
En el caso de la capital alicantina, Villar ha indicado en el comunicado que en los próximos días “se dará forma a esta medida”, que el equipo de gobierno pretende también “extender a otro tipo ayudas municipales abiertas a toda la ciudadanía”, con la finalidad de “dejar claro” cuál es la posición del ejecutivo de Barcala.
“Transparencia” y refuerzo de controles
Villar ha subrayado que el Ayuntamiento está “firmemente comprometido con la transparencia” y que está “reforzando los controles para que las ayudas lleguen a la ciudadanía sin ningún tipo de sospecha”.
El concejal del PP ha defendido que se trata de una iniciativa “ambiciosa, que ningún ejecutivo local había adoptado hasta el momento en el Ayuntamiento de Alicante”. Ha añadido que “no recordamos que el tripartito de izquierdas adoptara medidas de este calado, aunque también es verdad que no hizo una sola vivienda pública, ni ellos ni el Botànic de Ximo Puig, por lo que se podían ahorrar todas las medidas”.
Asimismo, Villar ha recalcado que “los cargos públicos, así como los asesores, reúnan o no los requisitos para acceder a una vivienda protegida, no podrán aspirar a la misma”, y ha manifestado su deseo de que el resto de grupos municipales respalde esta propuesta.