QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Sin tener que esperar a otro final de infarto, el Gobierno completó sus votos a su plan de medidas fiscal con un nuevo acuerdo para impulsar un nuevo impuesto energético.
El Ejecutivo pactó con Podemos registrar una proposición de ley con la creación de este impuesto, tras negociarlo con el bloque de investidura que respaldan este paquete de medidas, entre ellos Junts y PNV.
Hasta su aprobación, el Gobierno aprobará un decreto-ley para prorrogar temporalmente la vigencia del actual gravamen, medida acordada el lunes con ERC, Bildu y BNG para salvar el trámite del proyecto en Comisión.
La prórroga será imprescindible, ya que sólo sería posible llegar al BOE antes del 31 de diciembre con la complicidad del PP. Aun logrando un rápido acuerdo con el bloque de investidura, luego los ‘populares’ pueden retrasar dos meses la tramitación en el Senado, gracias a la reforma que permitió aplazar la Amnistía, ya que se trataría de una proposición de ley y no de un proyecto.
El acuerdo contempla que no se gravarán las inversiones que se comprometan con la descarbonización, en línea con el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y Junts, lo que limitará en gran medida el impacto del impuesto.
ERC y Bildu ya aceptaban la deducción
El planteamiento, no obstante, va en la línea de lo planteado en la última prórroga del gravamen –el Decreto-ley 8/2023 prevé una bonificación de inversiones realizadas por las compañías, pactada con PNV– y también de la propuesta registrada por ERC y Bildu como enmienda a la Ley de impuesto mínimo a multinacionales.
Esta enmienda, que parte del borrador planteado por Hacienda a los grupos en sus primeros contactos, prevé una deducción por inversiones estratégicas a aplicar sobre la cuota íntegra, siempre que estas formen parte de un Plan de Inversiones aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica.
En ese caso, se contemplaban como inversión estratégica las comprometidas en proyectos industriales para producir hidrógeno renovable, transformar residuos en productos secundarios o en componentes de combustibles y gases renovables, el almacenamiento energético y sus posibles infraestructuras de red asociadas, y proyectos de eficiencia energética.
Recelo de PNV y Junts, socios imprescindibles
El acuerdo con Podemos prevé la apertura de negociaciones en los próximos días con el bloque de partidos que ha apoyado el paquete de medidas fiscales, entre ellos PNV y Junts, los dos partidos más contrarios a la continuidad del impuesto.
Minutos después de anunciarse el pacto, PNV aclaraba que nadie había hablado con su formación sobre ello, supeditando su posición a la propuesta impositiva de la que se parta y a la negociación que se desarrollara posteriormente.
La portavoz de Junts, Miriam Nogueras, salió a los pasillos del Congreso a recalcar que el único acuerdo que se votaba en el Pleno al respecto del impuesto era el suyo, ya que no se incluía en el proyecto. «El resto de acuerdos, cuando lleguen, si es que llegan, los valoraremos».
Un veto modulado a bonificación
La postura de los independentistas catalanes, no obstante, se ha modulado en los últimos días. El acuerdo del lunes para prorrogar el gravamen desató la exigencia de un comunicado del Gobierno comprometiendo que ninguna energética con inversiones en descarbonización sería afectada por el mismo.
Esa misma noche fuentes de Junts recalcaban que, por mucho que el Gobierno aprobara un decreto-ley, este sería tumbado, por lo que la prórroga quedaba en papel mojado. Horas más tarde, desde esta formación abrían la puerta a negociar un nuevo impuesto siempre que no pusiera en riesgo inversiones en Cataluña. Aprobado el paquete fiscal, la partida del impuesto energético aún sigue.
