La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y la Plataforma Control Z han suscrito este miércoles por la mañana un acuerdo de colaboración para impulsar desde los ayuntamientos campañas y acciones públicas que conciencien sobre la protección de los menores ante el uso de las nuevas tecnologías.
Durante el acto de firma, celebrado en la sede de la FEMP, su presidenta, María José García-Pelayo, ha subrayado que “No estamos en contra de las nuevas tecnologías, pero sí de su uso pernicioso. Debemos concienciar sobre la necesidad de hacer un uso adecuado y saludable de las mismas”.
En la misma línea, la presidenta de la Plataforma Control Z, Mar España, ha advertido de que “las familias están perdidas y desbordadas” a la hora de gestionar el uso de pantallas por parte de los menores porque, según ha denunciado, “hay un problema previo de conciliación”.
Para responder a estas dificultades, ambas organizaciones se han propuesto acercar a los hogares el Plan Digital Familiar, diseñado por la Asociación Española de Pediatría y respaldado por todas las sociedades médicas y científicas que forman parte de Control Z.
Además, las entidades apoyarán que las familias se sumen al Pacto Social promovido por Adolescencia Libre de Móviles, que plantea retrasar la entrega del primer smartphone hasta los 16 años, ya que, tal y como ha remarcado España, se trata de un hábito que “daña”.
El convenio también prevé impulsar, desde el ámbito municipal, espacios libres de pantallas y actividades analógicas que promuevan un ocio saludable para niños y adolescentes y que, al mismo tiempo, contribuyan a facilitar la conciliación familiar.
Mar España ha insistido en que un uso inadecuado de los dispositivos puede desencadenar “cambios de comportamiento que pueden ser para siempre”.
“Igual que no le daríamos una botella de whisky a un niño, tampoco tenemos que darle una pantalla. De cero a seis años, cero pantallas. Y de seis a doce, como mucho una hora al día”, ha recalcado la presidenta de Control Z, al defender límites claros en la exposición temprana a las pantallas.
Asimismo, España ha recordado que en el Congreso de los Diputados se tramita una norma sobre el uso de las tecnologías que “debe aprobarse como un pacto de Estado” porque “las familias no pueden esperar”.
Guía para agilizar la tramitación en vivienda
En otro orden de asuntos, la FEMP ha dado a conocer este miércoles una guía de recomendaciones para acelerar los procedimientos administrativos en materia de vivienda. “Faltan 12 millones de viviendas en toda Europa. Los ayuntamientos tenemos un problema: no contamos con instrumentos ágiles como para abordar este reto”, ha señalado García-Pelayo.
El documento, presentado en la sede de la federación en Madrid, se articula en torno a cinco ejes: la formación y profesionalización del personal municipal, la digitalización y la administración electrónica, la mejora de la organización interna de los ayuntamientos, la simplificación de los trámites y el refuerzo de la colaboración público-privada.
Entre las propuestas concretas, el coordinador general de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, José María Ortega, ha planteado “incorporar entidades especializadas” para gestionar las licencias y ha recalcado que, para afrontar el problema de la vivienda, todas las partes “tienen que arrimar el hombro” porque “hay muchos obstáculos” ajenos al urbanismo que también influyen.
Por su parte, el gerente del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Barcelona, Joan Cambronero, ha puesto el acento en la importancia de “mejorar la transparencia” en los datos de planeamiento y licencias y en “hacer pedagogía” con la ciudadanía en cuestiones urbanísticas. “Pedimos generosidad y ambición por parte de la administración”, ha reclamado.
El gerente de la Asociación de Gestores Públicos de Vivienda y Suelo, Enrique Bueso, ha recordado que “el problema no es nuevo”, pero que “la situación actual es complicada”, por lo que ha abogado por la “potenciación de la colaboración público-privada” y la “simplificación y estandarización de los trámites”.
Bueso ha insistido en que es preciso que “se revierta la legislación” a la que había “antes de la crisis” y que “se quite el freno de mano”.
Desde el ámbito privado, el director general de la Asociación de Promotores Inmobiliarios de Madrid, Jorge Ginés, ha apuntado que el principal cuello de botella se encuentra en el urbanismo y ha reclamado “darle la vuelta” a esta materia.
En este sentido, Ginés ha propuesto que “las declaraciones responsables fueran sustitutivas de las VPO para que bajen los tiempos”, además de impulsar “la digitalización en materia de licencias”.