Casi un cuarto de siglo después de la puesta en marcha del actual esquema de financiación local, el anuncio del Ministerio de Hacienda de emprender su reforma ha devuelto al primer plano un debate que los ayuntamientos consideran pendiente. Los municipios califican el sistema de “insostenible” para sostener las competencias y servicios que hoy asumen, mientras sigue abierta la discusión sobre si el verdadero problema es la escasez de recursos o la forma en que se reparten.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) lleva años reclamando la actualización de un modelo diseñado en 2002. Su secretario general, Luis Martínez-Sicluna, subraya que los consistorios se han visto obligados a responder a una realidad social y económica muy distinta a la de entonces, asumiendo nuevas demandas de la ciudadanía sin que la financiación haya seguido el mismo ritmo.
“Los ayuntamientos jugamos con los recursos que derivan de un sistema de financiación local de hace 25 años. Es una situación realmente insostenible”, ha asegurado Martínez-Sicluna en declaraciones a Europa Press.
Según remarca, los consistorios son la administración “más cercana al ciudadano” y la primera puerta a la que se llama cuando surgen problemas relacionados con la vivienda, los servicios sociales, la movilidad, la dependencia o la gestión de residuos. Además, recuerda que el coste de estos servicios se ha incrementado de forma notable con el paso del tiempo.
Competencias crecientes y financiación limitada
Uno de los ejes centrales de la discusión es el catálogo de competencias que hoy ejercen los ayuntamientos. La FEMP denuncia que tanto la normativa estatal como la autonómica han ido sumando responsabilidades a los municipios sin garantizar la financiación necesaria para asumirlas con solvencia.
Por este motivo, la federación reclama revisar la Ley de Bases del Régimen Local para delimitar con mayor precisión qué tareas corresponden a cada nivel de la administración y asegurar que las funciones que desempeñan los consistorios vayan acompañadas de los recursos adecuados.
En este análisis coincide en parte el director ejecutivo de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), Ángel de la Fuente, quien considera que hay ámbitos en los que la separación entre competencias autonómicas y locales sigue siendo difusa.
“Hay competencias en las que la frontera entre autonómico y local no está muy clara”, ha señalado en declaraciones a Europa Press De la Fuente, que ve “lógico” abordar de forma coordinada la reforma de ambos sistemas para perfilar mejor tanto las responsabilidades como la financiación que debe respaldarlas.
¿Incrementar fondos o redistribuirlos mejor?
Aunque hay un acuerdo amplio sobre la necesidad de revisar el modelo, las posiciones se separan al identificar el origen principal del problema.
La FEMP insiste en que los ayuntamientos precisan más ingresos para sostener los servicios que ofrecen y alerta de manera especial sobre la situación de los pequeños municipios. Recuerda que el 87 por ciento de los consistorios españoles tiene menos de 5.000 habitantes, lo que encarece la prestación de servicios por la dispersión geográfica y el envejecimiento demográfico.
Sin embargo, De la Fuente no ve imprescindible aumentar el volumen total de recursos. “En general, yo no creo que a los ayuntamientos les falta dinero porque en unos sitios les sobra y en otros sitios les falta. Lo hay que hacer es repartirlo mejor, eso debería ser la prioridad de la reforma”, ha resumido.
En su opinión, la reforma debería servir para corregir desequilibrios entre municipios con características similares y avanzar hacia un reparto más equitativo de los fondos disponibles. En esta línea, apunta a introducir mecanismos de nivelación parecidos a los que ya existen en la financiación autonómica, con el fin de reducir las diferencias entre territorios.
Pese a estas discrepancias, tanto la FEMP como Fedea coinciden en que la financiación local y la autonómica están estrechamente interrelacionadas.
Por ello, la federación municipalista rechaza la idea, trasladada por Hacienda, de reformar primero el sistema autonómico y dejar para más adelante el local. Martínez-Sicluna defiende que el conjunto de los recursos públicos debe analizarse de forma global para evitar que los ayuntamientos queden en un segundo plano en el reparto.
“Los ayuntamientos no pueden resignarse a recibir lo que sobre una vez cerrado el modelo de financiación autonómica”, advierte.
Incertidumbre sobre la reforma en esta legislatura
Aunque el debate se ha reactivado, persisten las dudas sobre la posibilidad real de que la reforma llegue a aprobarse en esta legislatura.
Martínez-Sicluna recuerda que el ciclo político actual entra en su fase final y que la ausencia de mayorías parlamentarias sólidas ha frenado en los últimos años la tramitación de reformas de calado, lo que, a su juicio, “no garantiza” la aprobación de un cambio de este alcance.
Una percepción que comparte De la Fuente, que también expresa sus “dudas” sobre las opciones de que el proceso llegue a buen puerto. “No sé si los vamos a ver en estos años”, lamenta.
Mientras tanto, la actualización de la financiación local sigue pendiente, pese a que los municipios la reclaman desde hace años y a que, casi 25 años después de la aprobación del modelo vigente, continúa sin una fecha clara en el calendario político.