QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Senado debate la toma en consideración de la proposición de ley del PP para la reforma del Código Penal en materia de reincidencia en hurtos o estafa. Es el Turno de Junts. Su senadora designada por el Parlamento de Cataluña, Maria Teresa Pallarès, toma la palabra en la tribuna de oradores. «Qué rápido se le olvidan y borran los compromisos que han tenido con nosotros. Por esto hemos roto nuestro acuerdo con ustedes, por rigor y coherencia con nuestras posiciones». Pallarès se dirige así, visiblemente molesta, a la secretaria tercera del Senado, María Ángeles Luna, que intervenía como portavoz del PSOE unos minutos antes.
La propuesta del Grupo Popular finalmente ha sido tomada en consideración y será enviada ahora al Congreso con los síes de sus autores, Vox, UPN y Coalición Canaria y la abstención de Junts y PNV. La sesión ha contado con la presencia en el Hemiciclo de la Cámara Alta de la diputada y vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, quien ha seguido el debate sentada junto al portavoz adjunto del PP en el Senado Javier Arenas.
Es la tercera proposición en tramitación en las Cortes para modificar los delitos leves de hurto en esta legislatura, tras la del PP en el Congreso (con un texto muy similar al del Senado), y la de Junts, también en la Cámara Baja. En ambos casos, el Grupo Socialista en el Congreso votó a favor de su toma en consideración. Es ese cambio de postura junto al tono y contenido del discurso de la portavoz del PSOE lo que ha encendido los ánimos en la formación catalana.
VOTACIÓN TOMA EN CONSIDERACIÓN DE LA REFORMA DEL CÓDIGO PENAL
🟢Sí: 149 votos (PP, Vox, UPN, C. Canaria).
🔴No: 104 (PSOE, Bildu, ERC, Geroa Bai, Más Madrid, BNG, Compromís, Agrupación Socialista Gomera e independiente de Ibiza-Formentera).
🟡Abstención: 8 (PNV, Junts).
⚫ Ausentes: Mª José García-Pelayo (PP), Rafael Lemus Rubiales (PSOE), Javier Armas (AHI) y Jesús Uribe-Etxebarria (PNV).
¿Qué reclaman PP y Junts?
Aunque existen algunas diferencias en sus contenidos, tanto la proposición de los populares como la de los independentistas plantean reescribir los artículos 234 y 235 del Código Penal, de forma que en caso de hurto leve, baste con tres antecedentes por delitos similares u otros contra el patrimonio para que la pena sea de prisión de seis a 18 meses, sin importar el valor acumulado de los objetos sustraídos anteriormente (ahora mismo se exige que el importe sea de al menos 400 euros para que se aplique el agravante por multirreincidencia).
Además, también coinciden en incorporar un nuevo supuesto de hurto agravado, con pena de uno a tres años de cárcel, por la sustracción de dispositivos electrónicos o tecnológicos, de nuevo con independencia de su valor. Por otra parte, tanto el PP como los de Carles Puigdemont, piden que los antecedentes correspondientes a delitos leves sí se tengan en cuenta cuando lo que se juzgue sea alguno de los tipos agravados por multirreincidencia de este tipo de delitos, y que a la hora de decidir las penas, los jueces tengan que hacerlo siguiendo las reglas de observación de circunstancias atenuantes o agravantes, que en estos momentos no se aplican en el caso de delitos leves.
Estos aspectos de la proposición del PP en el Senado ya estaban incluidos en las dos proposiciones de ley debatidas en el Congreso el año pasado, las dos que entonces sí contaron con el beneplácito de los socialistas para su tramitación.
PSOE: «Solo sirve para castigar al que menos tiene»
Más allá del cambio de postura respecto a las tomas en consideración de la Cámara Baja, la portavoz del PSOE, Ángeles Luna, ha descalificado con dureza la PL del Grupo Popular durante el turno en contra de la iniciativa. En su intervención, la secretaria tercera del Senado ha empleado un tono y unos argumentos que hasta ahora el partido no había utilizado en los debates previos sobre la materia en esta legislatura.
«Después de leerla con detenimiento, de reflexionar y pensar, esta reforma no busca proteger, sino castigar«. «Esta ley no lucha contra las mafias ni contra el crimen organizado. Viene a criminalizar la pobreza», ha espetado la senadora por Córdoba al senador del PP designado por el parlamento catalán, Juan Milián. Antes, el popular, con apenas un mes en el escaño, se había estrenado en la Cámara Alta defendiendo la necesidad de la reforma en pos de la seguridad ciudadana y de la eficacia para combatir a los delincuentes multirreincidentes, «una una iniciativa necesaria para devolver la seguridad a nuestros barrios y la confianza en nuestras instituciones«.
«Detrás de estos hurtos que tanto les escandalizan, hay personas enfermas, con patologías mentales graves, con adicciones, con pobreza, que están desesperadas», ha proseguido Luna. «Ustedes no claman justicia. Lo que plantean es una reforma rígida con los hilos del miedo, la desconfianza y la demagogia» y que «solo sirve para castigar al que menos tiene«. «Desde el PSOE defendemos la seguridad ciudadana, la que se construye desde los derechos y no contra contra ellos, la que garantiza la tranquilidad de vivir en barrios cohesionados y la que no castiga la desesperanza», abundaba la senadora socialista.
Ya en el turno de portavoces, el senador por Burgos del PSOE, Miguel Ángel Adrián, ha fundamentado el rechazo de su grupo a la que «en esencia, es la misma proposición que el PP presentó en el Congreso» por su reiteración «innecesaria» en tramitar de nuevo el mismo texto (se encuentra bloqueado por la mayoría de PSOE y Sumar en la Mesa con 48 ampliaciones del plazo para presentar enmiendas). Con una intervención más técnica, para ahondar en su voto negativo, Adrián ha esgrimido por otra parte lo que consideran una «falta de proporcionalidad» en el aumento de las penas propuestas por multirreincidencia.
Un endurecimiento que llega tras el compromiso de Sánchez
Las palabras del PSOE se producen tan solo una semana después de que el presidente del Gobierno se mostrara «dispuesto a tramitar» la proposición de Junts, en respuesta a una pregunta de la portavoz del PNV en el Congreso, Maribel Vaquero, durante la sesión de control al Gobierno del pasado miércoles. En su respuesta a los nacionalistas vascos, Pedro Sánchez manifestó hace siete días la intención de «culminar lo que pueda culminarse desde el Poder Legislativo, precisamente para atajar uno de los principales problemas que tiene nuestro país cuando hablamos de la seguridad, que es la multirreincidencia«.
Sánchez expresaba así su voluntad de cumplir con la aprobación de una iniciativa que permanece a la espera de que se constituya la ponencia que discuta las enmiendas desde hace más de ocho meses. La paralización de la proposición ha sido uno de los incumplimientos alegados por la formación catalana para defender la ruptura de su acuerdo con el PSOE.
En ese sentido, durante el debate de hoy en el Senado, la senadora independetista Teresa Pallarès ha vuelto a denunciar que su reforma «esté durmiendo el sueño de Morfeo en algún cajón» al tiempo que ha pedido a la portavoz socialista «rigor y coherencia» en las filas de los independentistas «nos preocupa desde hace mucho tiempo.
¿Qué más pide Junts en materia de multirreincidencia?
En una línea similar a la del PP, Pallarès ha justificado que sus preocupaciones no vienen «no tanto por el valor de estos hurtos, sino por la multirreincidencia con la cual se producen», porque «generan malestar en la población, alarmismo y sensación de desprotección». La parlamentaria de Junts ha manifestado su coincidencia con el espíritu y la letra de la propuesta del Grupo Popular, si bien la consideran insuficiente y piden actuar en otros ámbitos.
Así, además del Código Penal, consideran necesario actuar sobre la Ley de Demarcación y de Planta Judicial, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y el Real Decreto por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia, normas que sí se ven afectadas por el texto de los catalanes en el Congreso.
Para ello Junts incluye en su proposición aspectos como una ampliación del número de jueces de adscripción territorial en Cataluña (de 35 a 70), la posibilidad de que entes locales y entidades públicas puedan ejercer la acción penal contra delincuentes reincidentes o la ampliación de la información a incluir en la inscripción tanto de sentencias firmes como de medidas cautelares, donde se pide añadir entre otros datos, la cuantía en euros de los objetos sustraídos en caso de hurtos leves, y que se facilite el acceso al texto íntegro de las sentencias contenidas en los Registros Centrales.
Para el Grupo Socialista en el Congreso estas otras modificaciones de Junts no son vistas con buenos ojos. El PSOE tiene registradas cuatro enmiendas a la proposición de Junts por las que pretende eliminar los cambios a la Ley de Demarcación y de Planta Judicial y del Real Decreto de registros administrativos. Los socialistas sí dejan intacta la revisión de la LECrim para que los entes locales puedan ejercer la acción penal contra delitos de hurto.
