QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Si el hoy gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, definía la negociación de su última reforma de pensiones como un circo de tres pistas –Gobierno, Congreso y Comisión Europea– la de la reforma fiscal en la mesa de los socios del Ejecutivo no se queda atrás.
Los equipos de PSOE y Sumar tratan de cuadrar una reforma que pueda salir adelante con partidos con concepciones tan distantes de cómo debería configurarse el sistema tributario como Podemos, Junts, PNV, ERC o Bildu.
Los esfuerzos se centran en convencer a PNV y Junts, formaciones más alejadas del punto del que parte el Gobierno, pero la negociación también se juega en la mesa de la propia coalición. Sumar quiere acompañar los primeros (¿y quizás únicos?) Presupuestos de la coalición de una esperada y profunda reforma fiscal para sostener unas cuentas expansivas y el PSOE recuerda en todo momento los equilibrios parlamentarios. La mayoría esta legislatura es plurinacional, pero no de izquierdas.
¿Qué hay en juego en la reforma fiscal?
En primer lugar, la continuidad de los gravámenes temporales a energéticos y banca, previstos para 2023 y 2024. Realmente, su conversión a tributos permanentes, tal y como pactaron PSOE y Sumar.
La clave es cómo. Hacienda pactó con el PNV suavizar el gravamen energético para compensar inversiones estratégicas. Sumar y el resto de socios de izquierdas se oponen, pero el PSOE esgrime que, sin rebaja, no hay votos suficientes. También en el caso del bancario: El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha pedido extender la rebaja a las entidades financieras.
La conversión en impuestos también entraña un desafío. La simplicidad de la figura que se eligió, la de la prestación patrimonial pública no tributaria, permitió no incurrir en doble tributación y salvó cualquier deducción por las empresas no deseada por el Ejecutivo.
Desde Sumar esgrimen que tanto la banca como las grandes energéticas se ven beneficadas de créditos fiscales, que permiten compensar pérdidas acumuladas en ejercicios pasados para reducir su factura fiscal y que, como tributos, existe riesgo de disolver la capacidad recaudatoria que demostraron los gravámenes.
Hacienda tampoco ha aclarado, hasta ahora, que, aun sin los apoyos cerrados para ello, presentaría al Congreso una propuesta para dar continuidad a estas figuras y que las formaciones políticas contrarias asumieran el coste de eximir a energéticas y bancos de casi 3.000 millones para las arcas públicas.
Cambios en IRPF, Sociedades e IVA
La reforma, en todo caso, no se limitará a la continuidad de los gravámenes. Fuentes de la negociación confirman a Demócrata que en la negociación se discuten cambios en más tributos. Sociedades, obviamente, pero también IRPF e IVA.
En Sociedades, por ejemplo, está una rebaja de impuestos a pymes, una exigencia que ha puesto encima de la mesa Junts y que el Gobierno ve con buenos ojos, aunque está por ver el alcance. Si se queda en una bajada de tipos a microempresas o se extiende a sociedades con mayor nivel de facturación, lo que provocaría un mayor ‘roto’ en las cuentas.
En el IRPF se da por descontado una mayor tributación de las rentas de capital, una de las exigencias del bloque de la izquierda para tratar de converger su fiscalidad con las del trabajo, y que el Gobierno ha realizado en anteriores presupuestos. Los de Yolanda Díaz quieren elevar hasta el 33% el tipo máximo para el tramo de rentas a partir de 200.000 euros, y aumentar la progresividad de tributación para rentas del trabajo con un nuevo tramo a partir de 150.000 euros.
Las negociaciones en materia de IVA abarcan un gran abanico de opciones. Entre ellas, una rebaja social de los tipos aplicados a productos como pañales y productos sin gluten. Otra reivindicación exigida a izquierda y derecha en el hemiciclo, y que sólo el PSOE se ha resistido hasta ahora, es la rebaja al 10% del IVA que soportan servicios veterinarios y de peluquería.
También está en la mesa de negociación una reivindicación que Sumar no pudo incluir en el acuerdo de coalición, una subida del IVA aplicado a los servicios de sanidad y educación privadas, ahora mismo exentos de tributar por este impuesto. Desde Hacienda alegan que tanto Junts como PNV se resisten a esta medida.
Vivienda
Finalmente, también se espera una revisión asociada a la vivienda. Sumar presentó a su socio una batería de propuestas en este sentido, entre ellas la de impedir rebajas fiscales a propietarios que alquilaran sus casas por encima del índice de precios de referencia.
En el punto de mira también están los regímenes fiscales especiales de socimis (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario) y sicavs (Sociedades de Inversión de Capital Variable). Los socios del Gobierno emprendieron la negociación en esta materia
También hay sintonía, por ejemplo, para elevar del 10% al 21% el IVA aplicado a los alojamientos turísticos, si bien Hacienda encuadra esa medida en la discusión que se desarrolla a nivel europeo, a la espera de una directiva sobre esta cuestión. Pese a que la norma sigue atascada, el departamento que dirige María Jesús Montero no descarta incluir la medida en la reforma fiscal.
¿Cómo se tramitaría? La trasposición del 15%, vía idónea
En un desarrollo normal de la actividad política, una revisión fiscal de la magnitud de la que negocian los socios de Gobierno iría insertada en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado. No así la conversión de los gravámenes, ya que la legislación impide la creación de nuevos impuestos en los Presupuestos.
Tampoco es posible su creación por decreto-ley, por lo que requerirían un proyecto de ley del Gobierno o una proposición de ley de grupo parlamentario. La segunda opción agilizaría la tramitación, en la medida en que no exigiría recabar informes de órganos consultivos ni superar fases de consulta pública previa y audiencia pública.
Así se tramitó, por ejemplo, la Ley de Amnistía o la propia ley de creación de los gravámenes. Sin embargo, no sería posible llegar a tiempo al 1 de enero. Una mayoría parlamentaria podría garantizar una tramitación exprés de la norma en el Congreso, pero no en el Senado. Su tramitación por la vía de urgencia ya no garantiza el plazo máximo de 20 días en la Cámara Alta tras la reforma del Reglamento que el PP impulsó, precisamente para retrasar dos meses más la amnistía a los condenados por el procés.
La vía idónea es, por tanto, es vehicular la reforma a través enmiendas a un proyecto de ley de carácter tributario en tramitación en el Congreso. La reforma del Senado no alcanza a proyectos de ley, sobre los que no puede deshacer su declaración de urgencia.
El proyecto elegido es la trasposición de la directiva para asegurar una tributación mínima del 15% en el Impuesto sobre Sociedades a multinacionales, una norma que lleva meses a la espera del cierre del plazo de enmiendas. Un plazo que los socios esperaban cerrar en las últimas semanas pero que, tras decidir tramitar la reforma, o parte de ella, en ese proyecto, dilataron a la espera de un acuerdo.
Aún se estudia cómo tramitar todas las medidas
En esta ocasión, los socios trabajan para cerrar un acuerdo a varias bandas que permita dar carpetazo al plazo en la próxima reunión de la Mesa del Congreso. De quedar cerrado, las enmiendas estarían registradas el próximo 30 de octubre.
El paquete, en todo caso, no está cerrado, ni tampoco lo está el acuerdo con los socios. En Hacienda, por ejemplo, no esperan el ‘sí’ de Junts hasta la conclusión de su congreso este fin de semana.
Pero varias fuentes cercanas a la negociación confirman que la vía de las enmiendas no es la única posibilidad. Si el paquete de medidas fiscales no está cerrado, tampoco lo está cómo tramitar todas ellas. No se descarta que algunas de ellas, como la conversión de los gravámenes, se instrumenten como enmiendas, pero que otras acompañen los Presupuestos o se incluyan en otras figuras normativas.
