QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El mutismo se ha adueñado del bloque de investidura. El Gobierno tiene ya listas las cifras de la senda de déficit que prevé aprobar próximamente en Consejo de Ministros y llevar al Congreso de los Diputados para su trámite parlamentario. Sus principales socios ya la conocen, algunos desde hace varios días, otros, más recientemente; y quien no tuviera la información, ha podido consultarla en la exclusiva de Demócrata. Sin embargo, todos ellos optan por guardar silencio. Ninguno quiere comentar la senda de déficit. ¿Por qué?
La senda que llevará María Jesús Montero al Consejo de Ministros otorga más margen a las Comunidades Autónomas. Demócrata ha preguntado a los aliados habituales por la misma, inclusive el minoritario del Ejecutivo, Sumar. Todos ellos han declinado comentarla.
Tan solo el diputado de Compromís adscrito al Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, Alberto Ibáñez, ha valorado las cifras. A su juicio, es una “oportunidad perdida más” por la “imposición marcada desde Alemania, que continúa no entendiendo que las recetas neoliberales y ‘austericidas’ no funcionan” ya que “ni generan empleo ni estabilidad económica”. “Los fondos europeos han compensado, teniendo Presupuestos expansivos”, continúa en declaraciones a este medio, y remacha que “hay que cumplir y modificar las normas a nivel europeo para poder invertir mejor”.
Por su parte, desde EH Bildu explican que no serán un obstáculo para aprobar la senda de déficit siempre que se dé más margen de gasto.
Compromís, EH Bildu y pare de contar. Nadie más se posiciona públicamente. ¿El motivo? La senda otorga más margen de gasto a las Comunidades Autónomas, por lo que a priori, sería positiva. Para los socios del Gobierno, lo realmente relevante es el proyecto de Presupuestos Generales del Estado 2026 y concentran -y concentrarán- sus esfuerzos ahí; y cualquier declaración antes de tiempo podría condicionar la negociación de las cuentas.
Las cifras
Tal y como ha adelantado Demócrata, la propuesta de Hacienda plantea para 2026 un -2,1%; mientras que para el 2027 y el 2028 se propone un -1,8% y -1,6% respectivamente, según ha podido saber Demócrata.
La Seguridad Social siempre tiene déficit y su proyección es del -0,2% para el 2026 y del -0,1% tanto para el 2027 como para el 2028.
A las Comunidades Autónomas se les propone un déficit de -0,1% en los tres ejercicios; quedando para la Administración Central un -1,8% en 2026; un -1,5% para 2027 y un -1,4% en 2028.
En cuanto a la cuarta pata, las entidades locales, en este caso es cero.
La senda se acuerda con Europa y se fija un horizonte a tres años vista, en este caso, 2026, 2027 y 2028. Es la que se manda en el Plan Fiscal Estructural y, aunque ya no es determinante para el seguimiento, sí que se podría abrir un expediente por un déficit excesivo en caso de superar el 3%.
¿Cuándo?
Desde Hacienda señalan a Demócrata que María Jesús Montero no prevé llevar la senda de déficit al Consejo de Ministros de este martes. El paso lo dará “pronto”, entendiendo como tal a finales de octubre o incluso principios de noviembre. El 28 de octubre y el 4 de noviembre lideran las quinielas.
Previamente, Montero convocará al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para que las CCAA conozcan la senda. Será entonces cuando se puedan pronunciar al respecto, puesto que aún no lo han hecho.
Tras el CPFF y el Consejo de Ministros, la senda de déficit habrá de superar el trámite parlamentario. Primero, en el Congreso de los Diputados y, después, en el Senado, que ya no tiene capacidad de veto, por lo que la mayoría absoluta del Partido Popular en la Cámara Alta no será determinante. Por ley, el Ejecutivo tendría que volver a presentar una si la primera no prospera.
Hacienda quiere aprobar esta nueva senda, pero si no es posible por la oposición de los grupos, se armará el proyecto de ley de Presupuestos con la senda antigua; y recuerdan además que la ley establece que, sin senda, se activa el equilibrio presupuestario, lo que daría menos margen a las Comunidades Autónomas. “Es increíble que el Gobierno quiera dar más capacidad a las autonomías y digan que no…”, señalan.
