¿Por qué tiembla tanto Granada? Las fallas, el choque de placas y el suelo que amplifica los terremotos

Con la información disponible en los boletines oficiales y en las notas de la Junta de Andalucía consultadas, no consta que haya ahora mismo una actualización formal en tramitación del Plan de Emergencia de Andalucía ante el Riesgo Sísmico (plan especial autonómico) sometida a información pública o pendiente de aprobación por el Consejo de Gobierno. El plan vigente está plenamente operativo y se ha mantenido en fase de emergencia, situación operativa 1, para la provincia de Granada tras los últimos seísmos.

Situación actual del plan sísmico en Andalucía

Los documentos más recientes localizados se refieren a la activación y gestión operativa del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, no a su revisión normativa:

• La nota oficial de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias del 18 de agosto de 2026 (comunicado de la Junta) indica que la dirección de la emergencia mantiene activada la fase de emergencia, situación operativa 1, del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico en Andalucía para la provincia de Granada.
• En esa misma nota se detalla la actividad del Comité Asesor del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico, que se ha reunido repetidamente para seguir la serie sísmica y coordinar servicios de emergencia, 112, ayuntamientos, expertos del IGN e institutos geofísicos.
• Otras comunicaciones oficiales recientes, como la del Servicio Andaluz de Salud sobre la suspensión de actividad programada en Granada por los movimientos sísmicos (nota del SAS), se limitan a describir la gestión de la emergencia, pero tampoco anuncian un procedimiento de revisión del plan autonómico.

Además, la Junta ha reforzado en los últimos años el armazón general de protección civil:

• Aprobación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd) por Decreto 69/2024, citado en el Acuerdo de 16 de diciembre de 2025 que aprueba el contrato de gestión de la Agencia de Seguridad y Gestión Integral de Emergencias de Andalucía.
• Creación de una unidad propia de análisis de riesgos dentro de la Agencia de Emergencias de Andalucía y desarrollo del Plan Integral de Gestión de Emergencias de Andalucía (PIGEA), según la nota “La Agencia de Emergencias de Andalucía contará con una unidad propia de análisis de riesgos” (nota de la Junta).
• Convenio con el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos para crear un grupo de arquitectos formados en emergencias y evaluación de daños, que incluye referencias específicas al riesgo sísmico y a la revisión de edificaciones vulnerables (convenio sobre arquitectos voluntarios).

Todo ello apunta a un refuerzo del sistema de protección civil y de la respuesta ante terremotos, pero no a una fase concreta de “actualización normativa” del propio plan sísmico autonómico en el BOJA.

Qué supondría una actualización y próximos pasos típicos

En España, los planes especiales de protección civil frente a riesgos concretos (como el sísmico) se aprueban y se revisan mediante normas del Gobierno autonómico, normalmente:

• Elaboración técnica del borrador por la Dirección General de Emergencias y Protección Civil y la Agencia de Emergencias de Andalucía.
• Consulta pública previa e información pública del proyecto de decreto o del propio plan, anunciadas a través del Portal de Participación y del BOJA.
• Informe del Consejo Andaluz de Protección Civil y, en su caso, del Consejo Nacional de Protección Civil si afecta a la coordinación estatal.
• Aprobación por el Consejo de Gobierno, mediante decreto, y publicación íntegra en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía.
• Fase de implantación: formación y simulacros, adaptación de los planes municipales de actuación ante el riesgo sísmico y actualización de protocolos del 112.

Dado que en las búsquedas realizadas no aparece ningún proyecto de decreto ni anuncio de información pública vinculado específicamente a una “actualización del Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía”, la conclusión prudente es que:

• El plan sísmico autonómico sigue vigente y operativo, como muestran las activaciones recientes.
• No hay evidencia pública, a fecha 19 de agosto de 2026, de que esa actualización esté formalmente en una fase concreta de tramitación (consulta, audiencia, aprobación pendiente, etc.).

Si la Junta decidiera iniciar esa revisión, los próximos pasos esperables serían la publicación de un anuncio de consulta o información pública del proyecto de plan o de decreto de aprobación en el BOJA y en el portal de participación, seguido de su elevación al Consejo de Gobierno para aprobación definitiva y, posteriormente, el despliegue de acciones de implantación y simulacros en coordinación con los ayuntamientos de las zonas de mayor riesgo sísmico.

El Instituto Geográfico Nacional (IGN), dependiente del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, es el organismo estatal de referencia para la vigilancia y monitorización de la actividad sísmica en España. Sus competencias se ejercen, principalmente, a través de la Red Sísmica Nacional, que proporciona los datos que permiten a Protección Civil y a las administraciones gestionar las emergencias.

Competencias básicas del IGN en sismología

Diversas fuentes oficiales y periodísticas coinciden en que el IGN es el organismo responsable de la detección, localización y cálculo de los parámetros sísmicos en España. Según un análisis sobre la organización de competencias ante terremotos, el IGN:

• Detecta y analiza los terremotos que se producen en territorio español.
• Determina la magnitud, el epicentro, la profundidad y la intensidad con la que se han sentido los movimientos.
• Actualiza continuamente el catálogo sísmico, revisando los parámetros (magnitud, coordenadas, profundidad) a medida que se incorporan nuevos datos.
• Proporciona información científica a Protección Civil y a las autoridades, que la utilizan para decidir medidas como evacuaciones, cierres de infraestructuras o cambios de fase en los planes de emergencia.

El IGN no dirige la emergencia (no ordena desalojos ni cortes de calles), pero aporta un insumo crítico: los datos sísmicos oficiales sobre dónde tiembla, con qué fuerza y cómo evoluciona una secuencia.

Red Sísmica Nacional: función operativa

La Red Sísmica Nacional (RSN), dependiente del IGN, es la infraestructura técnica que hace posible esa vigilancia. Distintas informaciones describen que:

• Registra cada movimiento sísmico y determina hora, epicentro, magnitud y profundidad, además de recopilar información sobre la intensidad sentida.
• Opera un catálogo oficial de terremotos y un visor en línea donde se consultan los últimos seísmos, con búsqueda por zona, fechas, magnitud o profundidad.
• Mantiene una red densa de estaciones permanentes (por ejemplo, 52 sensores en un radio de 50 km en la zona de Granada) y puede desplegar estaciones portátiles para mejorar la caracterización de una serie.
• Revisa las señales registradas y puede corregir posteriormente magnitud, profundidad o localización, de modo que los datos iniciales se consideran provisionales.

Además, la RSN fomenta la participación ciudadana mediante el cuestionario macrosísmico del IGN, que permite estimar la intensidad en función de los efectos percibidos sobre personas y edificaciones.

Marco legal y planificación nacional

En el ámbito legal y estratégico, el IGN desempeña un papel central en instrumentos recientes:

• El Plan Nacional de Vigilancia Sísmica, Volcanológica y de otros Fenómenos Geofísicos 2025‑2028 fue elaborado por el IGN por encargo del Gobierno a través del Real Decreto‑ley 2/2022. El plan contempla 58 medidas para reforzar redes de vigilancia (terremotos, erupciones, tsunamis, meteorología espacial) y mejorar los sistemas de comunicación y respuesta.
• En ese marco, la RSN prevé desarrollar herramientas basadas en inteligencia artificial para mejorar las alertas tempranas en caso de terremotos.
• Según una resolución del BOE de 2025, y en virtud del Real Decreto 1053/2015 (Directriz básica de planificación de protección civil ante el riesgo de maremotos), la Red Sísmica Nacional forma parte del Sistema Nacional de Alerta ante Maremotos, siendo el órgano encargado de detectar, valorar e informar en primera instancia de fenómenos que puedan generar tsunamis.

Estas normas y planes sitúan al IGN como pieza clave de la arquitectura de protección civil frente a riesgos geofísicos, integrando la vigilancia sísmica con otros peligros como volcanes o maremotos.

Relación con otras administraciones y organismos

La distribución de responsabilidades en España se articula de forma escalonada: los ayuntamientos ofrecen la primera respuesta, las comunidades autónomas dirigen la emergencia ordinaria y el Estado asume la vigilancia sísmica, la coordinación nacional y el apoyo extraordinario. Dentro de este último nivel:

• El IGN es la referencia técnica estatal para los datos sísmicos.
• Su información sirve de base para los planes autonómicos de riesgo sísmico y para la activación de medios estatales (como la UME) cuando es necesario.
• En series sísmicas relevantes colabora con otros organismos científicos, como el Instituto Geológico y Minero de España, para analizar el origen de los movimientos, las amenazas asociadas y las medidas de prevención.

En suma, las competencias del IGN en materia sísmica combinan la vigilancia instrumental continua, la gestión y difusión del catálogo oficial de terremotos, la participación en la planificación de protección civil (incluido el sistema de alerta de maremotos) y el asesoramiento técnico permanente a las autoridades responsables de la gestión de emergencias.

Para que un edificio en Granada se considere legalmente “resistente a terremotos” no existe una etiqueta única, sino el cumplimiento conjunto de varias normas estatales y autonómicas que fijan cómo debe proyectarse, construirse, mantener y, en su caso, reforzar la estructura en una zona sísmica. En la práctica, los requisitos estructurales vienen del Estado, mientras que Andalucía y el Ayuntamiento actúan sobre planeamiento y licencias.

1. Marco normativo básico aplicable en Granada

• Código Técnico de la Edificación (CTE), aprobado por el Real Decreto 314/2006 (texto en BOE), con sus sucesivas modificaciones. Dentro del CTE se integra el Documento Básico de Seguridad Estructural, que remite a normas específicas de sismo-resistencia para definir las acciones sísmicas y los criterios de cálculo.
• Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación (NCSE‑02), aprobada por el Real Decreto 997/2002 (NCSE‑02), de aplicación a los proyectos y obras de edificación en todo el territorio nacional. Establece las acciones sísmicas de cálculo, la zonificación sísmica de España y las reglas básicas de proyecto.
• Código Estructural (hormigón, acero y estructuras mixtas), aprobado por el Real Decreto 470/2021 (Código Estructural), que regula el proyecto, ejecución, control, mantenimiento y refuerzo de estructuras, y enlaza con los planteamientos de cálculo sísmico (incluyendo referencias a Eurocódigos).
• Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros y publicado por Resolución de 29 de marzo de 2010, que incorpora el mapa oficial de peligrosidad sísmica y clasifica las zonas con riesgo relevante (entre ellas, el área de Granada).
• Normativa urbanística andaluza, especialmente la Ley 7/2021, de impulso para la sostenibilidad del territorio de Andalucía (Ley 7/2021) y su Reglamento General, aprobado por el Decreto 550/2022 (BOJA), que ordenan suelo, usos y condiciones de la edificación y disciplinan licencias y control urbanístico.

Para normas UNE/Eurocódigos, el BOE publica las listas de normas UNE, pero su contenido se consulta a través de los organismos de normalización. El Código Estructural y el CTE permiten justificar el cumplimiento usando Eurocódigos como referencia técnica.

2. Requisitos sismorresistentes clave

2.1. Zonificación y acciones sísmicas en Granada

La NCSE‑02 y el Plan Estatal de Riesgo Sísmico sitúan a Granada en un área de peligrosidad sísmica significativa a nivel peninsular. De ahí se derivan:

• Unos valores de aceleración sísmica de cálculo relativamente elevados en comparación con muchas otras zonas de España.
• La obligatoriedad de considerar acciones sísmicas en el dimensionado de la estructura de prácticamente todos los edificios de uso habitual (residencial, docente, sanitario, etc.).

2.2. Categorías de uso / importancia

La NCSE‑02 y el CTE clasifican las construcciones según su categoría de importancia:

• Edificación residencial y de oficinas ordinaria (categoría “normal”).
• Edificios esenciales (hospitales, centros de emergencia, infraestructuras críticas), para los que se exigen mayores niveles de seguridad y verificación frente a sismo.
• Edificios de alta concurrencia (colegios, pabellones deportivos, centros comerciales), donde el riesgo para la vida humana en caso de colapso exige coeficientes de seguridad reforzados.

2.3. Criterios de proyecto y análisis estructural

• Análisis sísmico obligatorio mediante métodos estáticos equivalentes o dinámicos (modal/espectrales), según la regularidad y altura del edificio, empleando el espectro elástico definido para la zona de Granada.
• Limitación de desplazamientos y derivas de planta, para evitar daños excesivos aunque no haya colapso.
• Diseño de la estructura con capacidad de disipar energía (ductilidad adecuada) y con continuidad en los elementos resistentes y en las trayectorias de carga.
• Detalles constructivos sismorresistentes específicos (armados mínimos, confinamiento de nudos, anclajes, longitud de solapes, conexiones entre elementos, etc.), regidos por la NCSE‑02 y desarrollados en el Código Estructural para hormigón, acero y estructuras mixtas.

2.4. Edificios existentes y refuerzos

El Código Estructural dedica parte de su contenido a la gestión de estructuras existentes, incluyendo:

• Inspección y evaluación de la capacidad estructural frente a acciones sísmicas, tomando como referencia las exigencias actuales.
• Soluciones de refuerzo y reparación (camisas de hormigón, acero añadido, elementos de arriostramiento, etc.), que deben diseñarse de acuerdo con los mismos principios de ductilidad y jerarquía de resistencias.
• Aplicación de estas exigencias cuando se realizan rehabilitaciones importantes, cambios de uso relevantes o ampliaciones, siempre que la normativa urbanística y el CTE lo requieran.

3. Licencias y control administrativo en Granada

La Ley 7/2021 y su Reglamento General configuran el marco de:

• Licencias urbanísticas de obra nueva y de rehabilitación, donde el promotor debe aportar un proyecto redactado por técnico competente que justifique el cumplimiento del CTE, de la NCSE‑02 y del Código Estructural.
• Disciplina urbanística y potestad inspectora del Ayuntamiento de Granada y de la Junta de Andalucía, que pueden exigir la corrección de obras y, en su caso, sancionar si no se ajustan al proyecto aprobado.
• Deber de conservación y rehabilitación de las edificaciones, incluyendo la seguridad estructural.

En síntesis, un edificio en Granada se considera “resistente a terremotos” en términos legales cuando su proyecto y ejecución acreditan, en el expediente de licencia, el cumplimiento del CTE, la NCSE‑02, el Código Estructural y la normativa urbanística andaluza y municipal aplicable, tomando como base la peligrosidad sísmica de la zona señalada en el mapa oficial.