Terremoto en Granada hoy: magnitud 5, fase de emergencia, daños y más de 40 réplicas

En la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan de Emergencias ante el Riesgo Sísmico en Andalucía, el dispositivo se orienta a gestionar un terremoto que ya ha producido daños, pero que aún puede abordarse principalmente con los medios ordinarios de la Junta y de las administraciones implicadas. No es todavía un escenario de colapso generalizado, pero sí exige una coordinación reforzada, evaluación rápida de daños y medidas preventivas sobre población y edificios.

Aunque el texto detallado del plan sísmico no se reproduce en abierto en las fuentes consultadas, la Junta de Andalucía y la prensa especializada describen de forma bastante coincidente qué implica la situación operativa 1 en los planes de protección civil andaluces (tanto en el plan sísmico como en los de inundaciones y el Plan Territorial de Emergencias):

• Emergencia con daños ya presentes: la fase de emergencia se refiere a un fenómeno que implica daños o que, por criterio de la Dirección del Plan, obliga a poner en práctica las medidas necesarias de socorro y protección de personas y bienes (definición que la Junta aplica al Plan de Inundaciones y al PTEAnd, extrapolable a la lógica del plan sísmico).
• Controlable con medios ordinarios: la situación operativa 1 se reserva a emergencias que pueden controlarse con los medios y recursos ordinarios de la Junta de Andalucía, o con apoyos puntuales que no requieren una coordinación específica por los órganos centrales del Sistema Nacional de Protección Civil.

Aplicado específicamente al Plan ante el Riesgo Sísmico, la documentación reciente sobre el terremoto de magnitud 5 en Granada (15 de agosto de 2026), en la que la Junta activó fase de emergencia, situación operativa 1, permite identificar los próximos pasos operativos típicos una vez declarada esta situación:

• Refuerzo del seguimiento y de la vigilancia sísmica:
  • Seguimiento continuado de la secuencia de réplicas a partir de los datos del Instituto Geográfico Nacional (IGN).
  • Actualización periódica de magnitud, profundidad e intensidad para valorar si la emergencia se mantiene en situación 1, se desescala o exige pasar a una situación operativa superior.
• Coordinación institucional reforzada:
  • Activación y reunión de los órganos de dirección del plan y del comité de operaciones o comité asesor, según proceda.
  • Coordinación entre la Junta, la Diputación y los ayuntamientos afectados para compartir información de daños, necesidades y prioridades.
  • Integración del Centro de Coordinación de Emergencias (112 / Cecem) como nodo central de gestión de avisos e incidencias.
• Evaluación técnica de edificios e infraestructuras (paso clave tras un seísmo):
  • Despliegue de bomberos y policías para inspeccionar grietas, desprendimientos, cornisas, fachadas, muros y otros elementos dañados, balizando las zonas de riesgo.
  • Activación del Grupo de Arquitectos Voluntarios de Andalucía para colaborar en la evaluación y cuantificación de daños en inmuebles, tal como se ha hecho en la activación más reciente del plan sísmico.
  • Informe técnico continuado sobre la habitabilidad de viviendas y edificios públicos y la seguridad de infraestructuras críticas (centros sanitarios, educativos, transporte, etc.).
• Medidas de protección a la población:
  • Orden o recomendación de desalojos preventivos de edificios concretos o zonas donde se detectan daños estructurales o riesgo de nuevos desprendimientos.
  • Mantenimiento de perímetros de seguridad y prohibición de acceso a zonas balizadas, tanto para residentes como para curiosos.
  • Refuerzo de la información a la ciudadanía mediante avisos del 112 y mensajes de la Junta (alejarse de fachadas dañadas, no acceder a edificios con grietas sin autorización técnica, seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia).
• Movilización de los medios previstos en el plan:
  • Uso intensivo de los recursos ordinarios de emergencias, protección civil, sanitarios y de seguridad de la Junta y de los municipios.
  • Posible petición de apoyos puntuales (por ejemplo, unidades especializadas de rescate o ingeniería estructural) sin llegar todavía a la plena entrada de medios estatales extraordinarios que supondría una situación operativa superior.
• Revisión continua de la situación y posible cambio de nivel:
  • Si los daños o el riesgo aumentan, la dirección del plan puede proponer el paso a situación 2, con incorporación de medios extraordinarios y posible intervención más intensa del Estado.
  • Si la actividad sísmica disminuye y los daños se estabilizan, los siguientes pasos serían la desactivación progresiva de la situación 1 y el retorno a fase de preemergencia o a la normalización.

En síntesis, la fase de emergencia, situación operativa 1 en el Plan ante el Riesgo Sísmico en Andalucía marca el momento en el que, tras un terremoto con daños, se despliegan de forma organizada las capacidades autonómicas para evaluar daños estructurales, proteger a la población, coordinar a todas las administraciones implicadas y decidir si es necesario escalar la respuesta o iniciar la desactivación del dispositivo.

Según la legislación autonómica andaluza, el régimen jurídico de las emergencias, incluidas las de origen sísmico, se articula principalmente a través de la Ley 2/2002, de 11 de noviembre, de Gestión de Emergencias en Andalucía, modificada por la Ley 2/2023, de 15 de marzo, y del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), aprobado por el Decreto 69/2024, de 4 de marzo (citado en la corrección de errores publicada en el BOJA de 9‑4‑2024). Estas normas no enumeran de forma detallada un “catálogo cerrado” de competencias específicas del presidente de la Junta en caso de terremoto, sino que encuadran su papel dentro del sistema general de protección civil autonómico.

1. Marco normativo aplicable

La Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía establece el sistema andaluz de protección civil y de gestión de emergencias. Define:

• Las actuaciones básicas ante “situaciones de grave riesgo, catástrofe o calamidad pública” (entre las que se integrarían las emergencias sísmicas).
• Los distintos planes de emergencia (territorial, especiales, específicos, municipales, de autoprotección).
• El reparto de responsabilidades entre Consejo de Gobierno, Consejería competente en protección civil, Delegaciones del Gobierno de la Junta y entidades locales.

Además, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), aprobado por el Decreto 69/2024, actúa, según la propia Ley 2/2002 (arts. sobre planes territoriales y especiales), como plan director y como marco de integración de todos los planes especiales, incluidos los relativos a riesgos sísmicos que se elaboren conforme a las directrices básicas estatales.

2. Órganos competentes y lugar del presidente en el sistema

La Ley 2/2002 organiza la toma de decisiones en emergencias en torno a los siguientes órganos autonómicos:

• Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía (arts. sobre distribución de competencias, ventana 26.000‑33.500 de la Ley 2/2002):
  • Aprobar el Plan Territorial de Emergencia de Andalucía y los planes especiales.
  • Fijar las directrices esenciales en materia de prevención, intervención y rehabilitación.
  • Acordar la declaración de “emergencia de interés general de Andalucía”, para emergencias graves que no sean declaradas de interés nacional.
  • Ejercer determinadas facultades sancionadoras en materia de protección civil.
• Consejería competente en protección civil:
  • Coordina la ejecución de la política de protección civil.
  • Promueve y elabora el Plan Territorial y los planes especiales y específicos.
  • Dirige, según los planes, la respuesta operativa y propone al Consejo de Gobierno la declaración de emergencia de interés general de Andalucía.
  • Ordena y dirige el Sistema de Coordinación Integrada de Urgencias y Emergencias (teléfono 112).
• Delegaciones del Gobierno de la Junta y entidades locales (ayuntamientos, diputaciones):
  • Asumen la dirección de las emergencias en su ámbito cuando así lo prevean los planes, y pueden solicitar la activación de planes de ámbito superior.

El presidente de la Junta aparece formalmente en estas normas principalmente como promulgante y firmante de las leyes y decretos (por ejemplo, Ley 2/2002, Ley 2/2023, Decreto 127/2023 o el decreto de aprobación del PTEAnd), pero las competencias operativas de gestión de emergencias se asignan expresamente al Consejo de Gobierno, a la consejería competente y a las autoridades previstas en cada plan.

3. Aplicación específica a emergencias sísmicas

Para los riesgos sísmicos, la Ley 2/2002 prevé su tratamiento a través de:

• El Plan Territorial de Emergencia de Andalucía, que fija el “marco orgánico y funcional” y el despliegue regional y provincial ante cualquier grave riesgo, catástrofe o calamidad pública.
• Los planes especiales de emergencia elaborados cuando existe una directriz básica estatal específica para un determinado riesgo (como la Directriz básica de planificación ante el riesgo sísmico). Estos planes especiales son elaborados por la consejería competente y aprobados por el Consejo de Gobierno.

En una emergencia sísmica grave que afecte a Andalucía sin llegar a ser declarada de interés nacional por el Estado, el esquema autonómico es el siguiente:

• La autoridad prevista en el plan (territorial y, en su caso, especial sísmico) activa el plan y dirige la emergencia.
• Si la magnitud lo justifica, el Consejo de Gobierno puede declarar la “emergencia de interés general de Andalucía”, con los efectos y medidas especiales fijados en el Decreto 69/2024 y el PTEAnd (comisión de rehabilitación, reforzamiento de coordinación interadministrativa, etc.).
• Se articulan las medidas de evacuación, confinamiento, limitación de accesos, requisa o intervención de bienes y servicios, etc., previstas en la Ley 2/2002 y en los planes activados.

4. Papel concreto del presidente

A la luz de la normativa autonómica consultada, puede resumirse que:

• No existe en la Ley 2/2002 ni en las referencias visibles al PTEAnd una lista explícita y diferenciada de “competencias del presidente de la Junta” en emergencias sísmicas.
• El presidente interviene principalmente en la esfera normativa y política: promulgando y firmando las leyes y decretos en materia de gestión de emergencias y protección civil, y participando en las decisiones colegiadas del Consejo de Gobierno (entre ellas, la aprobación de planes y la declaración de emergencias de interés general de Andalucía).
• Las competencias ejecutivas concretas de mando y coordinación diaria en la emergencia recaen, según los textos consultados, en el Consejo de Gobierno, la Consejería competente en protección civil y las autoridades operativas previstas en los planes, más que en el presidente de manera individualizada.

Para conocer con mayor detalle si el PTEAnd o un eventual Plan Especial de Riesgo Sísmico asignan funciones específicas adicionales al presidente (por ejemplo, como autoridad política de referencia o como firmante de la activación de determinados niveles de emergencia), sería necesario consultar el texto íntegro de dichos planes, que no se reproduce en los fragmentos disponibles.

En Andalucía no existe un artículo único que diga “cuándo” hay que desalojar un edificio tras un terremoto, pero la combinación de la normativa de protección civil y la práctica reciente permite identificar claramente los requisitos materiales y formales que se exigen para un desalojo preventivo.

El marco jurídico básico lo proporcionan, por un lado, la Ley 2/2002, de Gestión de Emergencias en Andalucía (y su modificación por la Ley 2/2023), junto con el nuevo Sistema Local de Protección Civil regulado por el Decreto 197/2024, y por otro, la Ley 17/2015, del Sistema Nacional de Protección Civil y el Plan Estatal de Protección Civil ante el Riesgo Sísmico, aprobado por resolución de 9 de abril de 2010 (BOE 09‑04‑2010). En el ámbito autonómico, el Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de Andalucía (PTEAnd), aprobado por el Decreto 69/2024 (corregido por la corrección de errores), es la pieza que articula fases, situaciones operativas y medidas como evacuaciones o confinamientos.

Aunque el Plan Especial de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía no está íntegramente transcrito en las fuentes consultadas, sí se ve su aplicación práctica: en el reciente terremoto de magnitud 5 en Granada, la Junta activó la fase de emergencia, situación operativa 1 del Plan ante el Riesgo Sísmico y, en ese contexto, se desalojó preventivamente al menos un edificio en Las Gabias, mientras bomberos y policía balizaban zonas con desprendimientos para impedir el acceso a áreas peligrosas (Demócrata).

1. Requisitos materiales: acreditación de riesgo para las personas

La lógica de toda la normativa de protección civil es que el desalojo solo se ordena cuando existe un riesgo real o razonablemente previsible para la vida o integridad física, aunque todavía no se hayan producido daños personales. En la práctica, ese riesgo se identifica a partir de:

• Daños visibles en el edificio: el 112 Andalucía recomienda abandonar ordenadamente el inmueble cuando la sacudida ha provocado daños en el edificio, saliendo por las escaleras y nunca en ascensor (nota sobre Cazalla).
• Indicios de daño estructural: guías técnicas citadas por Demócrata indican que grietas grandes, deformaciones, inclinaciones o desprendimientos importantes en elementos estructurales son criterios para considerar inseguro un edificio hasta que sea evaluado por técnicos (artículo explicativo).
• Riesgo asociado a réplicas: se tiene en cuenta que las réplicas pueden afectar a inmuebles ya debilitados, de modo que se extreman las precauciones y se puede mantener o ampliar el desalojo mientras persista la sismicidad.

Además, la Junta ha creado grupos de arquitectos expertos en evaluación de daños y trabaja en una señalética por colores para catalogar la peligrosidad de las edificaciones afectadas, precisamente para objetivar la decisión de permitir o no la habitabilidad de los inmuebles tras seísmos u otras emergencias (convenio Junta‑Colegios de Arquitectos).

2. Requisitos formales y quién decide

La decisión de desalojar preventivamente no la toman los vecinos de forma espontánea, sino una autoridad de protección civil:

• En el ámbito municipal, la Ley 2/2002 y el Decreto 197/2024 configuran a la persona titular de la Alcaldía como máxima autoridad de protección civil en el término municipal, con capacidad para ordenar evacuaciones de edificios o zonas concretas, apoyada en los servicios técnicos, bomberos y policía local.
• En emergencias de mayor alcance, el consejero competente en emergencias (actualmente Presidencia, Sanidad y Emergencias) puede declarar fases de emergencia de los planes (PTEAnd o Plan ante el Riesgo Sísmico) y ordenar desalojos o alejamiento preventivo en áreas amplias, como se hace de forma habitual con inundaciones o incendios forestales.

La experiencia de las borrascas recientes muestra cómo se articula la vuelta a las viviendas: la Junta ha subrayado que el regreso solo se autoriza con informes técnico‑científicos (por ejemplo, del CSIC y del Instituto Andaluz de Geofísica) y tras una inspección previa de arquitectos y, en su caso, de bomberos especializados (comparecencia de Antonio Sanz). Ese mismo criterio se aplica a los desalojos tras un terremoto: la orden se basa en informes técnicos, y la reocupación requiere su validación.

3. Procedimiento operativo y obligaciones ciudadanas

Una vez apreciado el riesgo y adoptada la decisión, los requisitos operativos son:

• Delimitación y balizamiento de la zona: bomberos y policías “balizan” los puntos con riesgo de desprendimiento para impedir el acceso (terremoto de Granada).
• Información y órdenes claras: las instrucciones de evacuación se comunican a través del 112, megafonía, fuerzas de seguridad y, en su caso, el sistema de avisos masivos ES‑Alert que maneja la Agencia de Emergencias de Andalucía.
• Carácter obligatorio: las evacuaciones y confinamientos son instrucciones de obligado cumplimiento, no meras recomendaciones, y su incumplimiento puede ser sancionable en el marco de la normativa de protección civil y, en su caso, de seguridad ciudadana.

En resumen, en Andalucía el desalojo preventivo de edificios tras un terremoto exige que exista un riesgo apreciable para las personas, identificado mediante daños visibles o potenciales y acreditado por servicios técnicos especializados; que la medida se adopte dentro de las fases y situaciones operativas de los planes de protección civil por la autoridad competente; y que se implemente mediante balizamiento, órdenes claras de evacuación y controles técnicos previos a cualquier regreso de los vecinos a sus viviendas.