Agenda DEMÓCRATA: Decreto de Vivienda, anticrisis, la situación en Ceuta y mucha actividad parlamentaria

En este momento no hay en las Cortes un “decreto-ley de medidas urgentes sobre vivienda” en tramitación pendiente de aprobación definitiva con ese título exacto. El precedente más claro es el Real Decreto-ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, cuyo texto fue publicado en el BOE el 5 de marzo de 2019 y cuya convalidación ya se publicó en el Boletín de las Cortes, por lo que no tiene hoy trámites pendientes. Paralelamente, el Gobierno está preparando un nuevo decreto de vivienda (anunciado en 2026, aún en fase de aprobación por el Consejo de Ministros), que sí deberá recorrer todos los pasos parlamentarios habituales.

A partir de la información parlamentaria y de las notas oficiales consultadas (por ejemplo, la convalidación del Real Decreto-ley 1/2024 sobre lanzamientos de vivienda habitual y la tramitación del Real Decreto-ley 9/2026 sobre transporte), podemos detallar qué trámites parlamentarios quedan pendientes para cualquier futuro decreto-ley de vivienda desde que se apruebe en Consejo de Ministros hasta su consolidación definitiva.

1. Fase de convalidación en el Congreso

Una vez el Consejo de Ministros apruebe el decreto-ley y se publique en el BOE, la norma entra en vigor pero queda condicionada a su control parlamentario. Los pasos pendientes serían:

• Calificación y registro en el Congreso: la Mesa del Congreso registra el real decreto-ley y ordena su publicación en el Boletín de la Cámara, con asignación de número de expediente.
• Fijación de fecha de Pleno: la Junta de Portavoces y la Presidencia encajan el debate de convalidación en un Pleno dentro del plazo máximo de 30 días desde la promulgación, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución.
• Debate de convalidación o derogación: en el Pleno del Congreso interviene el Gobierno para defender el decreto-ley y después los grupos parlamentarios. No hay fase de comisión previa; el debate es directo en Pleno.
• Votación de convalidación: se vota si se convalida o se deroga el decreto-ley. Basta una mayoría simple (más votos a favor que en contra) de los diputados presentes.
  • Si el Congreso convalida, el decreto-ley mantiene su vigencia.
  • Si el Congreso lo deroga, la norma decae y deja de estar en vigor, como ocurrió con el paquete de vivienda y alquiler rechazado en abril de 2026 en un precedente reciente recogido por Demócrata.

Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, para un decreto-ley basta esta votación de convalidación en el Congreso; no interviene el Senado en esa primera decisión.

2. Decisión sobre su tramitación como proyecto de ley

En el mismo Pleno en el que se vota la convalidación, o inmediatamente después, el Congreso puede decidir si:

• Se tramita o no como proyecto de ley. Esta decisión también se adopta por mayoría simple. Si la Cámara opta por tramitarlo como proyecto de ley, se abre una segunda fase, ya no sobre el decreto-ley como tal, sino sobre el texto de la futura ley.

En varios ejemplos recientes (por ejemplo, el Real Decreto-ley 9/2026 de transporte), el Pleno ha aprobado convalidar el decreto-ley y, además, transformarlo en proyecto de ley para introducir cambios vía enmiendas.

3. Fase de proyecto de ley en el Congreso

Si el decreto-ley de vivienda se tramita como proyecto de ley, los trámites pendientes serían, de forma resumida:

• Apertura del plazo de enmiendas: los grupos registran enmiendas a la totalidad (si se plantean) y al articulado. El plazo puede ampliarse varias veces, como reflejan los cronogramas parlamentarios recientes.
• Ponencia y Comisión: la comisión competente (previsiblemente Vivienda o una comisión afín) nombra una ponencia que elabora un texto transaccional. La Comisión vota un dictamen sobre ese texto.
• Debate y votación en Pleno del Congreso: si la Comisión no tiene competencia legislativa plena, el dictamen se eleva al Pleno. Allí se debaten y votan las enmiendas pendientes y el conjunto del texto.

4. Tramitación en el Senado y aprobación definitiva

Aprobado el proyecto en el Congreso, el texto pasa al Senado, donde los trámites pendientes serían:

• Registro y plazo de enmiendas en la Cámara Alta, con posible informe y dictamen de la comisión correspondiente.
• Debate y votación en Pleno del Senado, que puede:
  • No introducir cambios, con lo que la ley quedaría lista para su publicación.
  • Aprobar enmiendas, devolviendo el texto modificado al Congreso.
  • Aprobar un veto al proyecto, que el Congreso podría levantar posteriormente con las mayorías requeridas.
• Segunda vuelta en el Congreso, en su caso, para aceptar o rechazar las enmiendas del Senado o levantar el veto.
• Sanción, promulgación y publicación en el BOE de la ley resultante, que es el momento en el que se considera aprobada definitivamente.

Resumiendo: para el decreto-ley de vivienda que el Gobierno prepara, los trámites pendientes clave serán primero la convalidación en el Pleno del Congreso y, si así se acuerda, toda la tramitación como proyecto de ley en Congreso y Senado hasta la publicación de la ley en el BOE. El precedente de 2019 está ya cerrado y sirve sobre todo como referencia de contenido, no como expediente vivo.

Según la legislación vigente, Isabel Rodríguez, como ministra de Vivienda y Agenda Urbana, es la máxima responsable de la política estatal en materia de vivienda y agenda urbana. Sus competencias vienen definidas principalmente por el Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, y por el desarrollo posterior de la estructura del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana (Real Decreto 208/2024, citado reiteradamente en el BOE en relación con este departamento).

1. Marco jurídico que define sus competencias

El artículo correspondiente del Real Decreto 829/2023 establece expresamente que:

• «Corresponde al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, Agenda Urbana, calidad de la edificación y suelo» (ventana 8400‑12000 del texto).
• El Ministerio dispone como órgano superior de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, que depende políticamente de la ministra.

Posteriormente, el Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero (citado en múltiples resoluciones del BOE) desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y “contempla las atribuciones competenciales del Departamento en materia de vivienda, correspondiéndole la propuesta y ejecución de la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda a fin de garantizar el derecho constitucional del disfrute de una vivienda digna y adecuada” (por ejemplo, en la Orden PJC/784/2025, BOE-A-2025-15292, y en varias resoluciones de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura).

En síntesis, la legislación configura a la ministra como responsable política de:

• La política general de vivienda y acceso a la vivienda.
• La agenda urbana y la planificación urbana sostenible.
• La calidad de la edificación y las políticas sobre suelo.

2. Competencias concretas en materia de vivienda

A partir del propio Real Decreto 829/2023 y del desarrollo orgánico citado en el BOE, así como de los acuerdos del Consejo de Ministros y resoluciones que se publican “a propuesta de la Ministra de Vivienda y Agenda Urbana”, se puede concretar que Isabel Rodríguez ejerce, entre otras, las siguientes funciones materiales:

• Diseño y ejecución de la política estatal de acceso a la vivienda: el Real Decreto 208/2024, según se recoge en las órdenes PJC/784/2025 y PJC/785/2025 (BOE-A-2025-15292 y BOE-A-2025-15293), atribuye al Ministerio la propuesta y ejecución de la política del Gobierno relativa al acceso a la vivienda, con el objetivo de garantizar el derecho reconocido en la Constitución.
• Impulso y gestión del parque público y de la vivienda asequible: las mismas resoluciones detallan que el ministerio, bajo su dirección, impulsa la movilización de suelo e inmuebles públicos (por ejemplo, la transmisión de activos de SAREB a SEPES para destinarlos a vivienda asequible) y la reconversión de SEPES en una entidad pública orientada a ampliar el parque público de vivienda asequible.
• Programas estatales de vivienda: las notas de prensa de La Moncloa y del propio ministerio recogen que la ministra lidera la propuesta del Plan Estatal de Vivienda 2026‑2030 y la negociación de su contenido y reparto con las comunidades autónomas, en el marco de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana (por ejemplo, la Orden PJC/784/2025 y diversas informaciones de Moncloa sobre la aprobación del Plan).
• Política de alquiler y vivienda social: el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aparece como parte firmante de convenios con el Instituto de Crédito Oficial para la “Facilidad para promoción de vivienda social” (resoluciones BOE-A-2025-11037 y BOE-A-2025-11038), lo que sitúa bajo la responsabilidad de la ministra la definición de esas líneas de actuación en colaboración con ICO.
• Dirección de la entidad estatal de vivienda: tanto en el BOE como en la prensa se recoge que el ministerio que dirige Isabel Rodríguez es el departamento al que se adscribe la entidad estatal de vivienda (evolución de SEPES), encargada de gestionar el parque de vivienda pública y programas de alquiler asequible; las decisiones estratégicas sobre esta entidad se adoptan en el ámbito de su ministerio.

3. Agenda urbana, rehabilitación y planificación urbana

Aunque la pregunta se centra en vivienda, la normativa vincula estrechamente vivienda y agenda urbana:

• Las resoluciones de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura (por ejemplo, BOE-A-2025-24237, BOE-A-2025-25794, BOE-A-2025-25901 o BOE-A-2025-26444) citan el artículo 4 del Real Decreto 208/2024, que atribuye a este órgano —y, en último término, al ministerio— competencias en rehabilitación de edificios públicos, observación de la vulnerabilidad urbana, difusión y fomento de la arquitectura y coordinación de foros urbanos nacionales e internacionales.
• Estas funciones se incardinan en la “Agenda Urbana”, por lo que la ministra ejerce la dirección política de programas de regeneración urbana, rehabilitación y calidad de la edificación con impacto directo en el parque residencial.

En conjunto, la legislación vigente configura a Isabel Rodríguez como la responsable de la política del Gobierno en todo el ciclo de la vivienda: planificación estratégica, financiación y ayudas, movilización de suelo e inmuebles públicos, refuerzo del parque público y asequible, coordinación con comunidades autónomas y grandes líneas de rehabilitación y agenda urbana.

Las últimas elecciones generales en España fueron las del 23 de julio de 2023 (23J), que dieron lugar a la actual XV Legislatura. A partir de la información electoral utilizada en los análisis de encuestas y de aritmética parlamentaria publicados por el periódico Demócrata, se puede sintetizar así tanto el resultado de esos comicios como la distribución actual de escaños para los partidos que preguntas.

Resultados del 23J 2023: votos y escaños

Diversos análisis comparan encuestas posteriores con el resultado real del 23J y utilizan como referencia los datos de voto y escaños de cada partido. En uno de ellos se ofrece explícitamente el “Resultado 23J” en porcentaje de voto para los principales partidos de ámbito estatal (Demócrata):

• PP: 33,1 % de los votos.
• PSOE: 31,7 % de los votos.
• Vox: 12,4 % de los votos.
• Sumar (incluyendo Podemos en esa candidatura unitaria): 12,3 % de los votos.

Ese mismo conjunto de artículos, al comparar encuestas con el Congreso “salido del 23J”, indica también de forma reiterada el número de escaños logrados por cada fuerza. Por ejemplo, un promedio de encuestas de otoño de 2025 recuerda que el Congreso surgido del 23J tiene 137 diputados del PP y 33 de Vox, en total 170 entre ambos (Demócrata). Otros análisis toman como referencia que:

• El PP obtuvo 137 escaños.
• El PSOE obtuvo 121 escaños (se cita como “121 diputados” al comparar con proyecciones posteriores).
• Vox obtuvo 33 escaños.
• Sumar (con Podemos integrado en la lista) obtuvo 31 escaños (las encuestas posteriores comparan sistemáticamente sus estimaciones con “31 diputados” en 2023; por ejemplo, aquí y aquí).

En cuanto a Junts, un análisis de la aritmética parlamentaria de la actual legislatura describe expresamente que el Gobierno depende, entre otros, de ERC (7 diputados) y Junts (7 diputados), junto a EH Bildu (6), PNV (5), Podemos (5), BNG (1) y Coalición Canaria (1) (Demócrata). Esos valores coinciden con el reparto salido del 23J.

¿Cuántos escaños tienen actualmente en el Congreso?

La segunda parte de tu pregunta es cuántos escaños tienen “actualmente” esos partidos. Aquí es importante distinguir entre:

• El número de escaños por partido (que solo cambia si se disuelve la Cámara o se repiten las elecciones).
• Las bajas y sustituciones de diputados dentro de cada grupo, que sí se han producido de forma intensa durante la legislatura.

Varios reportajes de Demócrata detallan precisamente este fenómeno. Uno de ellos explica que, un año después de la constitución de la Cámara, 33 de los 350 diputados iniciales ya habían dejado su escaño, con 21 renuncias en el PSOE, 8 en el PP, 2 en Sumar, 1 en Vox y 1 en Junts (Demócrata). Otro, más reciente, eleva la cifra total de renuncias a 54 diputados desde 2023 y desglosa las bajas por grupo (Demócrata).

Sin embargo, esas renuncias no cambian el reparto de escaños por partido: cuando un diputado deja el escaño, entra el siguiente de la lista de su misma candidatura. Por eso, incluso después de todas esas sustituciones, los grupos parlamentarios mantienen el mismo número de actas que obtuvieron la noche electoral.

Con esa salvedad en mente, y a partir de la composición de la XV Legislatura que utilizan los propios análisis parlamentarios citados, la situación en el Congreso es la siguiente:

• PSOE: 121 escaños en el Congreso.
• PP: 137 escaños.
• Vox: 33 escaños.
• Sumar: 31 escaños (la candidatura que integraba también a Podemos en 2023).
• Junts: 7 escaños (dentro del Grupo Plurinacional/Grupo Plural, pero con ese número de diputados propios).

Es decir: aunque ha habido numerosas rotaciones internas —ministros que dejaron su acta, diputados que han pasado a gobiernos autonómicos, a instituciones o al Parlamento Europeo—, la fuerza parlamentaria de cada partido en número de escaños sigue siendo la misma que resultó de las elecciones generales del 23J de 2023.