La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental dará a conocer “con suficiente antelación” los calendarios de ayudas, pagos y resoluciones, con el fin de que agricultores, ganaderos, cooperativas, industrias y comunidades de regantes puedan organizar sus inversiones y decisiones con mayor seguridad y previsión.
Al mismo tiempo, el consejero del ramo, Joaquín Antonio Pino, ha prometido “revisar de arriba abajo” los procedimientos administrativos para suprimir trámites que no aportan valor, evitar requerir documentación que ya está en poder de otras administraciones, extender la declaración responsable cuando el marco legal lo haga posible y acortar los plazos de convocatorias, autorizaciones y resoluciones.
Estas iniciativas forman parte de los compromisos asumidos por el consejero de Vox para la nueva legislatura, en la que pondrá el foco en una desregulación inteligente y en una simplificación administrativa efectiva, partiendo de la idea de que la digitalización debe servir para facilitar el día a día del sector “y no sustituir el papel por formularios electrónicos todavía más complejos”.
En esta línea, ha adelantado que defenderá la eliminación del Cuaderno Digital de Explotación como obligación para agricultores y ganaderos o, en su defecto, su carácter voluntario, y ha garantizado que trabajará para promover los cambios normativos necesarios que permitan rebajar esta carga burocrática.
Pino ha avanzado igualmente la aprobación de una nueva Orden de Trazabilidad y Registro de Animales Terrestres, con la que se pretende suprimir duplicidades y “reducir drásticamente” las cargas vinculadas al libro de explotación ganadera. “Nuestros agricultores deben dedicar su tiempo a producir y gestionar sus explotaciones. Nuestros ganaderos deben estar atendiendo a sus animales”, ha subrayado.
Del mismo modo, ha indicado que se mantendrá y reforzará la atención presencial en las Secciones Agrarias Comarcales, en las Unidades Veterinarias y en las Unidades de Desarrollo Agrario, con el objetivo de garantizar un acompañamiento cercano al medio rural.
Por otra parte, el consejero ha anunciado la “supresión radical” y simplificación de las tasas y cargas administrativas, para lo que impulsará por vía de urgencia la eliminación práctica de casi todas las tasas autonómicas que recaen sobre la actividad ordinaria, las inspecciones y las autorizaciones de las industrias alimentarias asentadas en la Comunidad.
De forma complementaria, se ha comprometido a aprobar “de forma inmediata” un nuevo Decreto de Artesanía Alimentaria de Castilla y León que derogue “el obsoleto régimen de autorizaciones y visados previos” y lo sustituya “por un procedimiento ágil y sencillo” basado en la declaración responsable.
“Esta reforma facultará legalmente al artesano alimentario a utilizar sus distintivos de calidad y comercializar sus productos desde el mismo instante en que registre telemáticamente su solicitud, agilizando los tiempos de acceso al mercado”, ha detallado el consejero, que también se ha propuesto impulsar una estrategia específica de refuerzo de las figuras de calidad diferenciada de Castilla y León “como instrumento de generación de valor añadido, diferenciación comercial, promoción exterior y defensa de los productores”.
En relación con la cadena de valor, Pino ha apostado por difundir de manera sistemática y periódica estudios oficiales de costes de producción actualizados para los sectores más vulnerables de la Comunidad —entre ellos, el cereal, la patata de consumo, la leche de vaca, la leche de oveja y cabra y la uva— con el objetivo de proporcionar a los productores herramientas objetivas para la negociación.
En este punto, ha avanzado que la Consejería rediseñará los planes de inspección y control comercial de la cadena mediante un “avanzado sistema inteligente” basado en matrices de riesgo, que concentrará la presión inspectora y sancionadora en los operadores comerciales que presenten “indicios objetivos de prácticas abusivas, contratos defectuosos o destrucción de valor en origen (venta a pérdidas)”.
De forma paralela, se aliviará la carga de controles sobre las PYMES industriales que acrediten un “historial impecable” de cumplimiento normativo, con el fin de que puedan dedicar más recursos a su actividad productiva.
En otro orden de cosas, Pino ha garantizado una “agilización histórica y calidad de la evaluación ambiental” y exigirá “procedimientos de evaluación ambiental rigurosos” que aseguren la protección adecuada de aguas, suelos y biodiversidad, pero que, a la vez, sean ágiles, previsibles y transparentes. “No podemos tolerar que proyectos empresariales estratégicos, instalaciones ganaderas modernas o industrias agroalimentarias permanezcan bloqueados durante años en los despachos administrativos a la espera de un informe”, ha recalcado.
El consejero ha defendido la necesidad de abrir el debate sobre una reforma más ambiciosa de la legislación ambiental y analizar la posible incorporación del principio de silencio administrativo positivo “en determinados procedimientos de evaluación ambiental” cuando, pasado un plazo razonable fijado por ley, la Administración no haya dictado resolución expresa.
“No se trata de rebajar las garantías ambientales ni de sustituir el rigor técnico exigible, sino de reforzar la seguridad jurídica, la previsibilidad y la responsabilidad administrativa”, ha indicado Pino, que entiende que un proyecto que cumple todos los requisitos legales no puede quedar paralizado indefinidamente por retrasos burocráticos ajenos al promotor.
“La protección del medio ambiente exige evaluaciones rigurosas, pero también una Administración capaz de resolver en tiempo y forma. Nuestro objetivo es que la Administración no se convierta en un obstáculo permanente para la inversión, el empleo y el desarrollo económico”, ha concluido.
En coherencia con esta línea de actuación, ha abogado por una “revisión profunda” de los protocolos internos de tramitación para “reducir drásticamente” los tiempos de resolución de las autorizaciones ambientales y de las declaraciones de impacto ambiental, “eliminando bucles y duplicidades burocráticas innecesarias, poniendo la agilidad administrativa de forma efectiva al servicio del dinamismo económico de Castilla y León”.
Además, estudiará la incorporación de entidades colaboradoras para la elaboración de informes técnicos, con el propósito de acelerar los procedimientos sin menoscabar las garantías.