La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental tiene previsto poner en marcha un “auténtico” ‘itinerario integral de incorporación al sector primario’ que combinará las ayudas económicas directas con un acompañamiento técnico “continuado”, formación específica en gestión empresarial y un acceso preferente a los proyectos de innovación del ITACyL.
Este nuevo esquema de incorporación incluye también la participación en programas de tutela por parte de profesionales con amplia experiencia, con la finalidad de disminuir “de forma significativa” los riesgos e incertidumbres que suelen marcar los primeros años de actividad empresarial en el campo.
Así lo ha avanzado el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, de Vox, durante su intervención de este jueves en la Comisión del ramo, en la que ha detallado las principales líneas de actuación de su departamento para la XII Legislatura.
En su comparecencia, ha subrayado que la Consejería no se limitará a conceder una subvención inicial en el momento de la instalación para después desentenderse del beneficiario. “El objetivo no será aumentar artificialmente el número de expedientes, sino consolidar proyectos profesionales, rentables y duraderos”, ha señalado.
Pino ha remarcado que la rentabilidad de las explotaciones se convertirá en el eje de toda la política de su departamento y ha adelantado: “Cada orden, decreto, convocatoria o línea de ayuda será evaluada por su impacto sobre la competitividad, los costes de producción y la viabilidad económica del modelo de agricultura familiar profesional: quienes viven de la actividad agraria, invierten, generan empleo y mantienen vivos los pueblos”.
Al mismo tiempo, ha indicado que el relevo generacional irá ligado a una mayor visibilidad y reconocimiento del papel de las mujeres en el medio rural, y ha prometido impulsar el acceso a la tierra y a la financiación, la capacitación técnica, el emprendimiento y la titularidad compartida de las explotaciones, con la meta de “crear oportunidades reales de vida y trabajo, atraer talento y asegurar la continuidad del tejido productivo de Castilla y León”.
En otro bloque de su intervención, el consejero ha definido la política de regadíos como “una inversión estratégica de Comunidad” y ha garantizado que la Junta modernizará o transformará 30.000 hectáreas a lo largo de la legislatura, en coordinación con la Administración General del Estado y con las comunidades de regantes.
En este contexto, ha precisado que se promoverán actuaciones en el Bajo Carrión, Páramo Bajo, Payuelos, Canal Bajo del Bierzo, El Carracillo, La Armuña y el valle del Valdavia, entre otros ámbitos regables de la Comunidad.
En relación con la concentración parcelaria, se ha comprometido a declarar de utilidad pública 150.000 nuevas hectáreas y a dar prioridad a los proyectos supramunicipales, con el fin de unificar los estudios técnicos, ambientales y de ordenación territorial y acortar de forma notable los plazos administrativos.
Pino ha avanzado igualmente una reforma de la Ley Agraria para facilitar la tramitación de los 37 procesos de concentración impulsados por iniciativa privada que están actualmente en curso y que afectan a unas 51.000 hectáreas, además de prever ayudas específicas para sufragar parte de los trabajos técnicos y topográficos asociados.
A estas medidas ha añadido una partida extraordinaria de 6,64 millones de euros destinada a licitar “de forma inmediata” quince actuaciones de caminos, infraestructuras agrarias, depósitos de agua y balsas ganaderas, y ha anunciado el refuerzo del trabajo de los 44 Grupos de Acción Local mediante la implantación de costes simplificados “para que sus equipos dediquen menos tiempo a justificar expedientes y más a acompañar inversiones y proyectos empresariales”.
Durante su exposición inicial, que se ha prolongado cerca de dos horas, Pino ha enfatizado la relevancia de integrar en una sola consejería las competencias de agricultura, ganadería, desarrollo rural y política ambiental, con la intención de superar “a la confrontación artificial” entre la producción agraria y la protección del entorno natural. “El medio natural debe estar al servicio del hombre, y no el hombre al servicio de abstracciones ideológicas limitantes”, ha sostenido.
En conjunto, ha asumido 15 compromisos de legislatura con un “enfoque integrador” que, según ha afirmado, permitirán encarar los “complejos desafíos” del periodo “desde una perspectiva mucho más amplia, eficaz, cercana al terreno y plenamente orientada a la defensa del interés general de Castilla y León” y alejada “de la frialdad o la distancia de los despachos de la Consejería en Valladolid”.
“Iniciamos una nueva etapa sin complejos ideológicos y con las ideas muy claras, frente a la resignación pasiva de quienes contemplan el medio rural como un simple parque temático inerte, una reserva restrictiva o un museo del pasado sometido a agendas globales distantes y perjudiciales para nuestra economía, este Gobierno autonómico concibe el campo de Castilla y León como una tierra de futuro, de vanguardia tecnológica, de prosperidad económica, de libertad productiva y de profundo orgullo cultural”, ha concluido en su primera intervención.