El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde, en segunda vuelta, al proyecto de ley del tabaco. La principal novedad respecto al primer borrador es que se amplían los espacios libres de humo a las playas marítimas y fluviales, sumándose a las terrazas de bares y restaurantes, que ya figuraban como áreas propuestas sin tabaco.
Este proyecto normativo se enviará ahora a las Cortes Generales para iniciar su tramitación parlamentaria y persigue “dar el siguiente paso para ampliar el derecho a respirar aire limpio”, así como “responder a los nuevos productos y especialmente proteger a las nuevas generaciones”, según ha señalado la ministra de Sanidad, Mónica García, quien ha subrayado que España siempre ha estado “a la vanguardia” en la lucha contra el tabaquismo.
Entre los objetivos centrales de la reforma figura “equiparar la regulación de productos relacionados con el tabaco”. La ley limita la venta y el suministro de estos artículos a tiendas especializadas, que no podrán exhibir publicidad ni cartelería visible desde el exterior. Este punto se concretará mediante una orden ministerial posterior.
Tras el primer visto bueno del Consejo de Ministros, en septiembre del año pasado, la modificación de la Ley 28/2005, de medidas sanitarias frente al tabaquismo, se articula en torno a tres grandes metas: ampliar los espacios donde no se permite fumar, reforzar la protección de la infancia y la adolescencia, y adaptar el marco legal a los nuevos productos relacionados con el tabaco.
Según fuentes del Ministerio de Sanidad, esta actualización, integrada en el “Plan Integral de Prevención y Control del Tabaquismo 2024-2027”, responde a cambios en los hábitos de consumo, especialmente entre los jóvenes. En los últimos años han proliferado productos como cigarrillos electrónicos con y sin nicotina, mezclas de hierbas para fumar o “shisha”, bolsas de nicotina y otros artículos que imitan o se asocian al acto de fumar.
El texto también extiende la prohibición de fumar a otros espacios: piscinas de uso colectivo, instalaciones deportivas, parques nacionales, vehículos de trabajo —salvo cuando se utilicen exclusivamente a título personal— y recintos donde se celebren espectáculos públicos. En este último caso se incluyen teatros, cines, conciertos y otros eventos, incluso si se desarrollan al aire libre.
En materia de publicidad, el proyecto endurece las restricciones a la promoción y el patrocinio del tabaco, de los dispositivos para su consumo y de los productos vinculados. La novedad más relevante en este ámbito se sitúa en los puntos de venta: no se podrán llevar a cabo acciones en escaparates ni emplear carteles que, por su diseño o ubicación, puedan verse o percibirse desde el exterior de estancos y comercios especializados.
Entornos de protección reforzada y señalización
La futura ley incorpora los llamados entornos de protección reforzada, definidos como un radio mínimo de 15 metros alrededor de accesos a edificios públicos, centros sanitarios públicos y privados, servicios sociales, centros educativos, universidades, centros de investigación, museos, bibliotecas, equipamientos culturales, instalaciones deportivas y parques o recintos infantiles. Se prevé un plazo de dos meses para adaptar la señalización en los lugares donde rige la prohibición de consumo.
“El propósito es muy sencillo, es que en los espacios compartidos, respirar aire limpio sea la norma y que el derecho a la salud no dependa del lugar en el que uno se encuentre”, ha defendido García. Ha recordado que, cuando se adoptaron las primeras restricciones, “hubo augurios apocalípticos” y se afirmó que “se iba a acabar con la economía” y “con la empresa privada”. “No solamente no se cumplieron aquellos augurios, sino que, además, disfrutamos de aire limpio y aire sano en muchos de estos lugares”, ha remachado.
La norma veta expresamente el consumo de productos del tabaco por parte de menores de 18 años. Esta prohibición se hace extensiva a los cigarrillos electrónicos y a otros productos relacionados, salvo en el caso de las bolsas de nicotina en cuanto a los espacios sin humo, aunque sí se prohíbe su uso a los menores.
El texto recupera además el “Observatorio para la Prevención del Tabaquismo”, suprimido en 2014, que volverá a estar integrado por representantes de distintos Ministerios. Este órgano propondrá medidas, programas y actuaciones para lograr los objetivos de la ley, fijará metas de reducción de la prevalencia del tabaquismo y del consumo de productos asociados y elaborará informes periódicos sobre la situación y el grado de cumplimiento de la normativa.
Sanidad sostiene que la reforma cierra vacíos legales detectados en la ley de 2005, que se consideraba desactualizada ante la irrupción de nuevos productos, y recalca que el foco se sitúa en la protección de la infancia y la juventud. Asimismo, defiende que la ampliación de los espacios sin humo es una herramienta de gran eficacia.
Desnormalizar el consumo y régimen sancionador
El articulado persigue desnormalizar el consumo de tabaco y proteger a terceros de la exposición al humo. Para ello, incorpora un régimen sancionador que, como novedad, establece que las infracciones leves se castigarán con multas de entre 300 y 600 euros. También se fija la responsabilidad subsidiaria de padres o tutores en el caso de menores, con la posibilidad de sustituir la sanción económica por trabajos en beneficio de la comunidad.
Fuentes del Ministerio se muestran confiadas en que la ley salga adelante en el Congreso y el Senado, al considerar que su contenido es razonablemente sencillo, si bien admiten que habrá que comprobar el grado de receptividad de los grupos parlamentarios frente al “lobby” de la hostelería. El texto no incorpora por ahora la obligación del empaquetado genérico, que se intentará introducir durante la tramitación, ya que el PSOE no ha aceptado incluirlo en esta fase.
En la misma línea, el Gobierno pretende prohibir más adelante los vapeadores desechables, a la espera de un dictamen favorable de la Comisión Europea. Otros aspectos se remitirán a otra norma, el Real Decreto sobre fabricación, presentación y comercialización de los productos del tabaco y los productos relacionados, cuyo contenido se está cerrando con el Ministerio de Hacienda y que, según Sanidad, “pronto” será enviado al Consejo de Estado.
Mónica García ha celebrado el avance de este proyecto legislativo, convencida de que permitirá adaptar la regulación a la nueva realidad del consumo de tabaco. Ha insistido en que la ley generará “ahorro en enfermedades y en salud” al actuar sobre “el principal factor de riesgo evitable”, responsable de “50.000 muertes al año”.
La ministra ha añadido que estas políticas supondrán “un ahorro económico que está calculado en ahorro sanitario directo en entre 100 y 200 millones de euros al año”, unos “recursos que se van a poder dedicar a atender otras necesidades del sistema”.