El presidente de Asaja Extremadura, Ángel García Blanco, ha calificado como “un ataque en toda regla” contra los agricultores extremeños dedicados al tabaco el proyecto de ley sobre este producto que el Consejo de Ministros del Gobierno de España aprobó este martes. A su juicio, la “única intención” de esta norma es lanzar “una cortina de humo” para “tapar la incapacidad” de la ministra de Sanidad a la hora de alcanzar un acuerdo con los médicos para fijar su estatuto marco.
De este modo ha respondido el responsable de la organización agraria a la decisión de Mónica García de ampliar las zonas donde se restringe el consumo de tabaco, una medida que interpreta como un “ataque directo” de la ministra a Extremadura, a las comarcas del Campo Arañuelo y La Vera y, “sobre todo”, a las familias que dependen del cultivo y la transformación del tabaco.
García Blanco ha remarcado igualmente que el proyecto de ley presentado este martes en el Consejo de Ministros “lo único que pretende es desviar la atención sobre la corrupción generalizada del Gobierno” y “también la falta de gestión de la ministra con el problema que tiene desde hace tiempo sin resolver con los médicos”.
En una nota de prensa, Asaja Extremadura ha censurado que el nuevo reglamento iguale las actuales prohibiciones de fumar con el uso de productos relacionados (vapear, utilizar tabaco calentado, etc.), dejando fuera únicamente el consumo de bolsas de nicotina, que no tendría limitación alguna. Además, se incorporan nuevos espacios donde quedará vetado fumar, vapear o usar tabaco calentado.
Así, la propuesta se extiende a todos los espacios al aire libre, incluidas las terrazas de bares, restaurantes, hoteles, salas de fiesta y cualquier local de ocio; a todas las playas marítimas y fluviales del país; a los parques nacionales y naturales; a las piscinas de uso público colectivo y también a los vehículos destinados a uso profesional.
“Lógicamente entenderemos que se seguirá fumando en lugares de alterne, fiestas en Paradores y todos aquellos otros similares en los que participen los personajes que actualmente están en la cárcel o pendientes de entrar y que tienen escape libre por parte del Gobierno”, ha ironizado García Blanco.
La futura ley también homologa las restricciones y vetos publicitarios de los productos de tabaco con los de los productos relacionados y los dispositivos para su consumo (cigarrillo electrónico, bolsas de nicotina, productos herbales, dispositivos de calentamiento de tabaco). Igualmente, contempla una restricción “severa” de los canales de venta de estos productos, que solo podrán comercializarse en estancos y tiendas especializadas.
En este sentido, la organización agraria considera que se seguirá permitiendo la venta en “los canales ilegales que, como todo el mundo sabe, se están incrementando”. “Igualmente, y gracias al acuerdo del presidente del Gobierno podrá comercializarse sin límites todo el cigarrillo comprado en Gibraltar”, ha añadido García Blanco.
Por otra parte, por primera vez en España se prohibiría el consumo de productos de tabaco a los menores de 18 años, no solo la venta, sino también el propio uso. En caso de infracción, los progenitores asumirían la responsabilidad de la multa y la sanción de sus hijos menores. “Esto es igual que con el alcohol, se van a crear patrullas de vigilancia al estilo americano de la Ley Seca. Podían darnos los datos de sanciones impuestas por haber bebido alcohol”, critica el presidente de Asaja Extremadura.
Para Ángel García Blanco, se trata de “una ley prohibicionista, sin diálogo ni evaluación de impacto para el campo y que ignora la evidencia científica sobre los distintos productos”, por lo que Asaja Extremadura expresa “su profundo rechazo a una iniciativa de marcado carácter prohibicionista que se ha elaborado sin escuchar al sector y sin un estudio riguroso del impacto económico y social que tendrá sobre miles de familias vinculadas al cultivo y la transformación del tabaco”.
En Extremadura, más de 20.000 familias se verán afectadas y las dos principales comarcas tabaqueras “desaparecerán”, según García Blanco, quien subraya que una reforma “de esta magnitud” avance sin un proceso “real” de diálogo con agricultores, cooperativas, trabajadores y territorios implicados, “que tendrán que asumir sus consecuencias sin haber sido escuchados”.
Dificultades actuales del tabaco extremeño
Al mismo tiempo, ha recordado que el cultivo de tabaco ya soporta “serias dificultades”, entre ellas una reducción progresiva de las ayudas de la PAC, una “gran presión” regulatoria y la “fuerte” competencia de otros países. En este contexto, sostiene que regulaciones “tan desproporcionadas y prohibicionistas” como las que impulsa el Gobierno dañarán el interés de compra de la hoja de tabaco española y, en particular, de la extremeña, que concentra más del 95 % de la producción nacional.
Asimismo, insiste en que la propuesta pasa por alto las diferencias entre los distintos productos presentes en el mercado, al aplicar las mismas limitaciones a todas las categorías sin atender al principio de proporcionalidad regulatoria. De esta forma, la ley equipara los productos de combustión tradicional con nuevas alternativas que diversos organismos y estudios científicos han identificado como mejores opciones en comparación con el cigarrillo convencional.
“Las políticas públicas deben basarse en la evidencia científica, la evaluación de impacto y el diálogo con los sectores afectados”, señala, para añadir que “regular no puede significar prohibir indiscriminadamente ni legislar al margen de la realidad económica y social de las zonas productoras”.
Por este motivo, Asaja solicitará al Gobierno y a los grupos parlamentarios que, durante la tramitación de la ley, incorporen análisis de impacto “independientes”, abran un proceso de consulta “efectivo” con el sector y adopten un enfoque regulatorio “equilibrado” que distinga entre categorías de productos y tenga en cuenta tanto los objetivos de salud pública como la sostenibilidad de las actividades productivas y del empleo vinculado.
La organización agraria también reclamará que no se establezca ningún porcentaje de comisión “para pagar a cualquier señor de los collares que impulsan este modelo de leyes para seguir enriqueciéndose”, concluye.