El Gobierno de Castilla-La Mancha, a través de la Dirección del Agua de la Consejería de Desarrollo Sostenible, ha remitido alrededor de un centenar de propuestas a los Esquemas Provisionales de Temas Importantes (EpTIs) del cuarto ciclo de planificación hidrológica (2028-2033) de las siete demarcaciones hidrográficas que atraviesan la comunidad: Tajo, Segura, Júcar, Guadiana, Guadalquivir, Duero y Ebro. Todo ello se ha elaborado conforme a los principios fijados en el “Acuerdo de Posición Común en Materia de Agua de Castilla-La Mancha”.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha subrayado, tras registrar este jueves los documentos dentro del periodo de información pública abierto por las confederaciones hidrográficas, que “ha sido un verdadero trabajo colaborativo de muchas personas y colectivos relacionados con el agua y creo que hemos conseguido realizar una buena propuesta con los asuntos más importantes para Castilla-La Mancha de cada demarcación”, añadiendo además que “el resultado son unos documentos muy valiosos, tanto desde el punto de vista del análisis como de las propuestas que incorpora”.
Gómez ha rememorado igualmente las cerca de 200 aportaciones formuladas por los 71 integrantes de las mesas de trabajo sobre planificación, constituidas específicamente en cada provincia, cuyo informe de conclusiones se dio a conocer la pasada semana en el Consejo del Agua de Castilla-La Mancha, según ha indicado la Junta en una nota de prensa.
“Es también el reflejo del trabajo, del diálogo, del aprendizaje compartido y de la capacidad de cada persona y entidad para aportar sus conocimientos y experiencia con un objetivo común, como es mejorar la gestión y el futuro hídrico de nuestra región”, ha manifestado la consejera.
El conjunto de propuestas se reparte entre las distintas cuencas con una línea de actuación común basada en los principios del Pacto Regional del Agua, pero ajustada a las particularidades y conflictos de cada ámbito hidrográfico. Tal y como ha detallado Gómez, el mayor volumen de aportaciones se concentra en el Guadiana, con 30; el Tajo, con 22; y el Júcar y el Segura, con 18 en cada caso.
Prórroga del Plan Especial del Alto Guadiana y recarga de acuíferos
En la Demarcación Hidrográfica del Guadiana, el Ejecutivo autonómico plantea prolongar las medidas del Plan Especial del Alto Guadiana, así como la prórroga de las concesiones otorgadas, una gestión más adecuada de los acuíferos, una mayor flexibilidad ambiental y el impulso de recursos alternativos.
De forma paralela, se sugiere aumentar la disponibilidad de agua mediante actuaciones como la recarga artificial de acuíferos, el empleo de aguas regeneradas y la construcción de nuevas infraestructuras, frente a un planteamiento centrado exclusivamente en recortar la demanda.
Las alegaciones relativas al Guadiana, ha explicado Gómez, “se centran en la necesidad de avanzar hacia un modelo de gestión del agua más equilibrado y adaptado a la realidad del territorio, con especial atención a las aguas subterráneas y al impacto socioeconómico de las medidas previstas”.
En esta línea, se remarca el papel del regadío como pieza clave para el mantenimiento del tejido rural y para combatir la despoblación, reclamando herramientas que faciliten su adaptación gradual a los nuevos escenarios.
Trasvase Tajo-Segura, caudales ecológicos y calidad del agua
En lo que respecta al Tajo, la titular de Desarrollo Sostenible ha indicado que el Gobierno regional ha puesto el énfasis en revisar el modelo de gestión del trasvase Tajo-Segura, reforzar la calidad de las aguas, consolidar los caudales ecológicos y adecuar la normativa a las necesidades del medio rural. Las alegaciones de Castilla-La Mancha a la Demarcación Hidrográfica del Tajo reclaman un mayor rigor técnico, una protección ambiental más sólida y la defensa prioritaria de los intereses de la cuenca frente a presiones externas.
En primer término, ha precisado, se cuestiona el enfoque con el que se abordan los problemas de calidad del agua, de modo que “reclamamos que se otorgue mayor peso a los grandes focos de contaminación, especialmente los vertidos de grandes áreas urbanas como Madrid, frente a la atención desproporcionada a pequeños municipios”.
Asimismo, Castilla-La Mancha insiste en que el trasvase Tajo-Segura debe analizarse de manera transversal en todos los temas importantes, valorando con detalle sus efectos sobre caudales, calidad del agua, acuíferos y ecosistemas, “y no limitarlo a un tratamiento aislado, proponiendo además una revisión de sus reglas de explotación que garanticen el cumplimiento del régimen de caudales ecológicos establecidos”, ha recalcado Gómez.
En el caso del Júcar, las alegaciones se dirigen a reforzar el control de los recursos disponibles y asegurar un reparto más justo dentro de la cuenca, revisando las transferencias y corrigiendo los desequilibrios internos. Para ello, se reclama mayor transparencia en los balances hídricos y una definición precisa de los excedentes, evitando comprometer trasvases —en particular el Júcar-Vinalopó— sin una base técnica sólida que avale su viabilidad, y protegiendo de forma efectiva a los territorios cedentes.
Sobreexplotación en el Segura y adaptación al medio rural en Guadalquivir, Ebro y Duero
En la demarcación del Segura, las aportaciones se centran en afrontar con prioridad la sobreexplotación de las aguas subterráneas y el notable impacto socioeconómico que las medidas previstas pueden ocasionar en las áreas de interior, especialmente en el sureste de la provincia de Albacete.
En este punto, se cuestiona que el Esquema de Temas Importantes señale este problema como uno de los más graves de la cuenca sin acompañarlo de soluciones concretas, y se defiende la necesidad de un reparto más equilibrado de los recursos, de forma que las zonas de interior, sin acceso a plantas de desalación ni grandes inversiones, no asuman en solitario las restricciones. Se plantean mecanismos de compensación y prioridad en el acceso a nuevos recursos generados. En relación con los trasvases, se rechaza considerar automáticamente determinados volúmenes como disponibles, como ocurre con el Júcar-Vinalopó, sin una evaluación anual real de los excedentes.
Para el Guadalquivir, las alegaciones persiguen adecuar la planificación hidrológica a la realidad del medio rural, reforzar la seguridad del abastecimiento y mejorar la calidad del agua con un enfoque más pragmático y equilibrado. Entre las propuestas se incluye la fijación de requisitos de depuración diferenciados para pequeños municipios, evitando la aplicación uniforme de estándares que resultan inasumibles económicamente para localidades con recursos limitados, así como la activación de obras estratégicas de regulación pendientes.
En la cuenca del Ebro, las propuestas se orientan a la gestión de recursos, la mejora de la calidad del agua y la atención a las necesidades específicas de los territorios implicados. En la Demarcación del Duero, por su parte, se plantea de forma concreta impulsar actuaciones de restauración hidrológico-forestal como instrumento esencial para una gestión más eficaz del ciclo hidrológico.