Castilla y León entra en el Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre

Castilla y León se integra en el CIC para reforzar su modelo de caza regulada, ganar peso internacional y aplicar nuevas medidas de gestión de fauna.

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Castilla y León ha hecho efectiva su adhesión al Consejo Internacional para la Conservación de la Caza y la Fauna Silvestre (CIC), al igual que las comunidades de Aragón y Extremadura, durante la reunión de su Comité Ejecutivo celebrada en el Monasterio de San Pelayo, en Cevico Navero (Palencia). Con este paso, la Comunidad busca implicarse de forma directa en este órgano consultivo de ámbito internacional y potenciar la proyección exterior de su modelo de gestión cinegética.

El CIC es la única entidad cinegética reconocida como observador en la ONU, dispone de estatus diplomático y coopera con organismos multilaterales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) para “defender la biodiversidad mediante el aprovechamiento sostenible de la fauna silvestre”, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

Gracias a esta integración, Castilla y León aspira a dar “mayor visibilidad internacional” a su modelo de gestión cinegética, intervenir en foros técnicos especializados y respaldar ante las instituciones europeas el papel de la caza regulada como “instrumento de gestión de la fauna y de desarrollo del medio rural”.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha estado presente en el encuentro, donde ha puesto en valor el sistema cinegético de la Comunidad como “ejemplo de compatibilidad entre conservación, gestión activa del territorio, actividad económica y desarrollo rural”.

En las sesiones de trabajo y en la exposición del modelo cinegético de Castilla y León ha participado también el director general de Caza, Pesca y del Medio Rural, Ignacio de la Fuente, que ha acompañado al consejero.

Castilla y León, referente cinegético en Europa

La caza se practica en más del 88 por ciento del territorio de Castilla y León, mediante unos 5.500 cotos y sus diez Reservas Regionales de Caza, lo que sitúa a la Comunidad entre los espacios cinegéticos más destacados del continente europeo.

La Junta recuerda que la actividad cinegética es una “importante fuente de ingresos” para muchas comarcas rurales, ya que ayuda a sostener empleo y dinamiza alojamientos, negocios de hostelería, empresas de servicios y otros profesionales vinculados al medio rural.

En este contexto, el consejero ha avanzado que el Gobierno autonómico reforzará el papel de las Reservas Regionales como uno de los pilares de su política en materia de caza, un sistema de gestión pública que permite “ordenar los aprovechamientos, realizar un seguimiento técnico de las poblaciones y compatibilizar la conservación de la fauna con la generación de actividad en las zonas rurales”.

Además, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha subrayado que impulsará actuaciones para mejorar la percepción social de la caza y poner en primer plano el trabajo que, durante todo el año, desarrollan cazadores, guardas, gestores, titulares de cotos y propietarios.

Nuevas medidas para apoyar la caza y la gestión de fauna

Pino ha detallado algunas de las primeras decisiones adoptadas por la Junta para facilitar la práctica cinegética y optimizar la gestión de la fauna silvestre. Entre ellas figuran la modificación del sistema de precinto digital, que dejará de ser obligatorio para convertirse en voluntario, y la autorización del uso de visores térmicos nocturnos en determinadas modalidades de caza mayor.

El consejero ha remarcado que la normativa debe asegurar “la conservación y el cumplimiento de la ley”, pero, al mismo tiempo, permitir una gestión eficaz. Por ello, con estos cambios se busca “reducir cargas innecesarias, aportar seguridad jurídica y ofrecer herramientas útiles al sector”.

La Junta ha añadido que mantendrá un diálogo constante con las federaciones, las organizaciones cinegéticas, los titulares de los cotos, los propietarios y los profesionales del sector, con el fin de que las políticas públicas se ajusten al conocimiento técnico y a las necesidades reales del territorio.

“Castilla y León defenderá la caza con argumentos, conocimiento y decisiones concretas. Hablamos de una actividad ligada a nuestra historia, que genera riqueza, contribuye a la gestión de la fauna y constituye una herramienta para fijar población, mantener actividad económica y ofrecer futuro a nuestros pueblos”, ha concluido Pino.

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