Ecologistas en Acción Cantabria ha hecho público este viernes que el dinero destinado a la gestión forestal en la comunidad se ha desplomado un 50% entre 2005 y 2022, una situación que la organización define como una “brecha presupuestaria crítica” y una “tragedia” para el patrimonio natural de la región, marcada por los incendios forestales “recurrentes” y “la falta de medios económicos para prevenirlos”.
“La Administración gestiona de espaldas a la realidad forestal”, ha reprochado el colectivo en un comunicado, en el que exige una revisión “urgente de los presupuestos regionales, cuyas partidas para restauración vegetal son “testimoniales”.
La entidad reclama al Gobierno autonómico un cambio profundo del modelo para “transformar” la política forestal y “revertir la desinversión” en el sector, de forma que la protección del patrimonio natural pase a ser una prioridad en el reparto de los fondos públicos.
Según la organización, el actual Ejecutivo autonómico opta por “gestionar los bosques como huertos de madera” y critica la “falta de transparencia” en las cuentas destinadas a la restauración de la cubierta vegetal y a la protección de áreas de especial valor ecológico.
Asimismo, Ecologistas en Acción sostiene que el uso de quemas autorizadas está en “el origen de buena parte de los incendios forestales de la comunidad”. Habla de un “patrón” en la gestión del territorio, al estimar que el 90% de los fuegos en Cantabria son intencionados y que “la mayoría” se registran en montes de titularidad pública.
En esta misma línea, la delegación cántabra asegura que “en más de un 90% de los casos” el objetivo de estos incendios es la regeneración de pastos.
Para la organización, las cifras de siniestros son “alarmantes”, ya que cada año se contabiliza en Cantabria “una media de 725 incendios forestales y arden unas 10.503 hectáreas”.
Desde el año 2000, el balance acumulado alcanza “unas 250.000 hectáreas, muchas de las cuales sufren incendios de forma recurrente”, precisa la nota.
Ante este escenario, Ecologistas en Acción plantea que el medio rural se sitúe al frente de la llamada ‘economía verde’ y defiende que los bosques se reconozcan como “generadores de recursos vitales -sumidero de CO2 y despensa de agua- y que ese beneficio genere un retorno económico directo y prioritario en la financiación municipal”.
Entre sus propuestas, la organización pide que el patrimonio natural y la conservación de los bosques se conviertan en criterios preferentes en la Financiación Municipal; que el entorno rural obtenga beneficios directos por los servicios ecosistémicos que presta (sumidero de CO2, reserva de agua, biodiversidad); y que se abandone la repoblación con especies exóticas, dando prioridad a la formación y la información de la población local.