El SLG acusa a la Xunta de criminalizar al campo con las nuevas trabas al uso de maquinaria en alto riesgo de incendios

El SLG acusa a la Xunta de criminalizar al agro con las nuevas restricciones a la maquinaria y denuncia precios a la baja, crisis climática y ayudas injustas.

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El responsable de Acción Sindical del Sindicato Labrego (SLG), Brais Álvarez, ha denunciado el “ataque y criminalización” que, a su juicio, sufre el sector agrario por parte de la Xunta a través de la reciente orden que regula el uso de maquinaria agrícola durante el periodo de alto riesgo de incendios, comprendido entre el 1 de julio y el 30 de septiembre.

En una rueda de prensa ofrecida este martes, este representante del SLG ha cargado contra una norma que califica de “totalmente prohibita y perniciosa”. Critica que la Consellería do Medio Rural “utilice” a los agricultores como “chivo expiatorio de su mala gestión”, trasladando la idea de que los productores son responsables de buena parte de los fuegos, pese a que el año pasado “se demostró” que hubo grandes incendios originados por trabajos de las administraciones públicas, como el registrado en Oímbra (Ourense).

Álvarez reprocha además que la Xunta difundiese el dato de que la maquinaria agrícola está detrás de más de 400 incendios en la última década, sin explicar que se trata de un “tanto por ciento bajo en relación” con el total de fuegos forestales. “No creo que a nadie nos guste prender fuego”, subraya.

Al mismo tiempo, alerta de que esta regulación “convierte” a los agricultores “auténticamente en una brigada forestal”, ya que, además de exigir medios como un depósito de agua de 400 litros, dos batefuegos y una mochila extintora, obliga a contar con una persona dedicada exclusivamente a vigilar que “no salten chispas”, lo que implica “costes laborales” añadidos para las explotaciones.

Principales dificultades del agro gallego

En la comparecencia en Santiago, tanto Brais Álvarez como la secretaria xeral del Sindicato Labrego, María Ferreiro, han repasado también las principales dificultades que atraviesa actualmente el campo gallego.

En relación con la reforma de la Política Agrícola Común (PAC), Ferreiro insiste en reclamar un incremento del presupuesto para el próximo periodo, sin procesos de recentralización y con apoyos vinculados a la renta agraria. El SLG ha reunido ya más de un millar de firmas en respaldo de su propuesta. Asimismo, critica que, meses después del anuncio de Medio Rural sobre la creación de un grupo de trabajo para la futura PAC en el Consello Agario, “no se sabe nada” de ese compromiso.

El Sindicato Labrego denuncia igualmente las caídas de precios en origen que sufren tanto el sector lácteo como el cárnico, ante una “parálisis total” por parte de la Consellería do Medio Rural.

En el caso de la leche, Ferreiro detalla que se han producido recortes de entre ocho y diez céntimos por litro, en un contexto “muy preocupante” en el que “nada cambió” desde abril y continúa la “imposición total” por parte de las industrias.

Respecto a la carne, el SLG señala una reducción del 2,5% en los precios en origen, mientras que los importes que paga el consumidor final llegan a incrementarse hasta un 220% sobre el precio en el campo, con intermediarios e industrias que “siguen aumentando tasas de ganancia”.

A estas tensiones se suman los efectos de la crisis climática, como la expansión de plagas de gusano soldado o la disminución de entre el 30% y el 40% de los forrajes disponibles, lo que dispara los costes de producción para las explotaciones ganaderas.

Críticas a las ayudas por fertilizantes que dejan fuera a granjas gallegas

Otro de los asuntos en los que ha puesto el foco Brais Álvarez son las ayudas por fertilizantes anunciadas por el Ministerio de Agricultura el pasado lunes, de las que “quedaron fuera la mayor parte de las granjas gallegas” al no contemplar los pastos permanentes.

Recuerda que el sindicato trasladó reiteradamente a Medio Rural la necesidad de que hiciese llegar esta demanda al Ministerio, pero “no consta” que se produjera esa gestión. Critica, además, que las subvenciones se dirijan a las explotaciones que más kilos por hectárea aplican de fertilizantes, en lugar de priorizar a las que mantienen sistemas más resilientes y sostenibles.

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