La Unió Llauradora ha advertido de que la nueva campaña arrocera comienza, “un año más”, en un escenario de “incertidumbre creciente” que, según la organización agraria, compromete la continuidad económica de numerosas explotaciones de arroz.
La entidad denuncia que, “a la continua retirada de productos fitosanitarios sin que se pongan a disposición del sector alternativas eficaces, sumada a las dificultades para controlar estas enfermedades, hay que añadir las limitaciones para incorporar nuevas tecnologías. La organización pone de manifiesto la situación en la que se encuentran muchos arroceros por no poder hacer frente a las enfermedades, las ya conocidas y otras nuevas, por falta de autorización por parte de la Unión Europea sin que haya alternativas eficaces”, ha indicado La Unió en un comunicado.
En la 21ª Mesa Sectorial de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, celebrada esta semana, se comunicó que en 2026 se retirarán otros 35 productos fitosanitarios del mercado, lo que, a juicio de la organización, agravará aún más el problema.
Ante este escenario, La Unió ha reclamado la autorización de varias materias activas que permitirían hacer frente a enfermedades fúngicas muy agresivas, como la Pyricularia oryzae en la Comunitat Valenciana, y recalca que muchas de esas sustancias ya están autorizadas en otros países o para otros cultivos dentro de la Unión Europea.
La organización recuerda que uno de los argumentos tradicionales para limitar el uso de fungicidas en arroz es que se trata de un cultivo en lámina de agua. Sin embargo, subraya que el ciclo del arroz contempla fases reguladas de retirada completa del agua (eixugó), que se aprovechan de forma habitual para labores agronómicas y para realizar tratamientos.
Por ello, La Unió plantea que las aplicaciones excepcionales contra Pyricularia se lleven a cabo únicamente durante esos periodos, con ausencia total de lámina de agua, “prohibición expresa de tratamiento con agua presente, la autorización temporal máxima de 120 días y una supervisión del Servicio de Sanidad Vegetal”. Recuerda además que en las últimas campañas, especialmente en 2025, el arroz valenciano padeció ataques generalizados de Pyricularia, impulsados por veranos más prolongados y cálidos, altas humedades relativas y condiciones climáticas vinculadas al cambio climático.
El sector productor se encuentra así con una carencia real de materias activas autorizadas, tanto por cantidad como por diversidad de modos de acción. Las escasas herramientas disponibles pertenecen en su mayoría a grupos químicos parecidos, lo que ha favorecido la aparición y fijación de resistencias, una merma continuada de la eficacia de los tratamientos, pérdidas económicas significativas y un riesgo cada vez mayor de que el cultivo deje de ser viable.
Uso de drones y trabas normativas
Otra de las “grandes preocupaciones” de los arroceros es la imposibilidad práctica de emplear drones para la aplicación de los pocos productos fitosanitarios disponibles. La organización agraria recalca que estos equipos han demostrado ser una herramienta “eficiente, precisa y con menor impacto ambiental en determinados tratamientos agrícolas”. Pese a ello, la regulación vigente considera el uso de drones como tratamiento aéreo y, en consecuencia, lo veta de forma general.
La normativa contempla que las comunidades autónomas puedan autorizar estas aplicaciones de manera excepcional, pero esta opción se ha ido limitando cada vez más. Según explica La Unió, en parte se debe a que una “excepcional autorización” concedida por el Ministerio para el tratamiento aéreo contra la piriculariosis del arroz (Pyricularia oryzae) fue recurrida ante los tribunales por una entidad ecologista. Tras ese recurso, la Administración General del Estado ha adoptado una lectura “mucho más restrictiva” a la hora de tramitar nuevas autorizaciones excepcionales.
Desde la organización señalan que “la situación es contradictoria. Mientras se pide a las empresas fabricantes que inviertan en los estudios necesarios para que sus productos puedan ser aplicados con drones, la Administración no es capaz de garantizar que esta tecnología pueda utilizarse en un futuro próximo”.
La Unió concluye que “no se puede prohibir sin ofrecer alternativas mientras que arroz del sudeste asiático sigue entrando con distintas reglas del juego”, y reclama un marco regulatorio que permita al sector competir en igualdad de condiciones y disponer de herramientas eficaces para defender el cultivo frente a las plagas y enfermedades.