La Xunta sostiene que la ejecución de los fondos del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (PEPAC 2023-2027) ya rebasa el 71% del gasto público total previsto, que integra la cofinanciación de la propia Xunta y del Gobierno central, y roza el 72% si se toma como referencia únicamente la dotación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader).
Según detalló el Ejecutivo gallego en una nota informativa, estas cifras fueron analizadas este jueves por el Comité de Seguimiento Regional del PEPAC, que se reunió en el municipio lucense de Sober.
El órgano de seguimiento, presidido por la secretaria xeral técnica de la Consellería, Marta Forés, confirmó el “elevado grado de movilización de fondos” de este plan, que articula la inversión pública global destinada al medio rural gallego, sumando las partidas europeas, estatales y autonómicas.
Gracias a esta gestión, Galicia percibirá cerca de 1,5 millones de euros adicionales, fruto de la activación, por primera vez, del mecanismo de buena ejecución del PEPAC.
Esta cuantía extra deriva de la aplicación de la regla N+2 fijada por la Comisión Europea, que obliga a que los créditos comprometidos en un ejercicio presupuestario se ejecuten antes del 31 de diciembre del segundo año posterior.
Si no se cumple este requisito, los recursos se liberan de forma automática y se redistribuyen entre las comunidades autónomas que sí han ejecutado correctamente sus fondos.
El presupuesto total programado del PEPAC para Galicia supera los 847 millones de euros de gasto público para todo el período, con una contribución del Feader que se sitúa en torno a los 580 millones.
La Xunta subrayó que estas dotaciones resultan clave para impulsar un desarrollo sostenible del rural, afianzar la actividad agrícola y ganadera, mejorar la rentabilidad económica de las explotaciones y favorecer el mantenimiento de población en las zonas rurales.
El propósito de estas ayudas es sostener el sector agrícola europeo, compensando a las personas que trabajan en el agro por los servicios ambientales que ofrecen, la calidad de sus producciones y el cumplimiento de las exigencias legislativas de máximo nivel fijadas por la UE en materia de sostenibilidad.