Las organizaciones agrarias Asaja, COAG y UPA, junto con Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía, han reiterado este lunes su “compromiso con la defensa del sector agroalimentario andaluz desde la unidad de acción y la interlocución permanente con las administraciones públicas”. En el contexto actual de conformación de una nueva legislatura en la Junta de Andalucía, las entidades firmantes consideran “necesario poner en valor” la labor desarrollada por el equipo de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, así como “la eficacia de los mecanismos de coordinación establecidos a través de la Mesa de Interlocución Agraria”.
Las organizaciones recuerdan en un comunicado que el sector agroalimentario andaluz es uno de los grandes pilares económicos, sociales y de cohesión territorial de la comunidad. Su aportación al valor añadido bruto, al empleo y al equilibrio del medio rural requiere una “acción política estable, rigurosa y plenamente coordinada con quienes representan a agricultores, ganaderos y empresas cooperativas agroalimentarias”.
En los últimos años, la cooperación entre el sector y la Administración autonómica ha hecho posible “construir posiciones comunes, defender con firmeza los intereses de Andalucía y trasladar ante las instituciones nacionales y europeas una voz unitaria en asuntos estratégicos para la economía, siendo la agricultura y la ganadería un pilar estratégico tanto a nivel económico como social”.
Esta línea de trabajo adquiere una relevancia “especialmente relevante” ante la propuesta de reforma de la PAC posterior a 2027 y el nuevo Marco Financiero Plurianual, que podrían implicar “un cambio profundo en la configuración de la Política Agraria Común y en sus instrumentos de financiación”. Andalucía, como una de las principales regiones productoras agrarias de la Unión Europea, “se juega mucho en este proceso”.
Junto a ello, se acumulan otros desafíos de “enorme trascendencia”: la rentabilidad de las explotaciones, el relevo generacional, la escasez de mano de obra, la digitalización y la innovación, las inversiones en agua en un escenario de cambio climático, la simplificación de la burocracia, la defensa frente a la competencia desleal de terceros países y el reconocimiento de la función social, económica y ambiental del sistema agrario andaluz.
El control de la normativa comunitaria y de los procesos de toma de decisiones en Bruselas requiere conocimiento técnico, trayectoria y capacidad de reacción. Por este motivo, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias de Andalucía consideran “fundamental garantizar la continuidad de los equipos de decisión y gestión que han venido trabajando en la Consejería en estos ámbitos”. Las organizaciones firmantes reclaman, en consecuencia, que “la nueva etapa política preserve el trabajo ya realizado, mantenga los cauces de diálogo consolidados y asegure la estabilidad necesaria para afrontar los desafíos decisivos que tiene por delante el sector agroalimentario andaluz”.