El secretario general de la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha, Julián Morcillo, ha advertido de que el nuevo proceso de planificación hidrológica supone “un ataque directo y sin precedentes al equilibrio territorial y a la sostenibilidad económica de la región”.
Por este motivo, ha reclamado unidad de acción y ha pedido a todas las partes implicadas que articulen una estrategia común y una alternativa sólida, apoyada en un conocimiento riguroso de los recursos disponibles, en un reparto justo y en propuestas concretas que eviten el “abandono” del medio rural.
“Necesitamos una defensa como región, no vamos a permitir una política de regate corto. Lo que viene es muy jodido y exige poner freno a la extinción de derechos y a la reducción drástica de nuestras superficies de riego”, ha defendido Morcillo.
El dirigente de la organización agraria ha calificado la propuesta para la cuenca del Guadiana como un “atentado” contra una zona que agrupa a un tercio de la población de la comunidad.
Con 340.000 hectáreas de regadío, que suponen el 58% de toda la superficie regada de Castilla-La Mancha, el plan “pretende condenar al secano al 34% de estas tierras”.
Por ello, ha alertado de que las consecuencias económicas serían “terribles”: 213 millones de euros anuales menos en el valor de la producción, un recorte del margen neto de 82 millones, y una pérdida patrimonial directa para los agricultores de 1.500 millones de euros por la devaluación de sus fincas al pasar de regadío a secano.
Críticas a los recortes en Júcar y al cambio de reglas
En cuanto a la cuenca del Júcar, Morcillo ha tildado de “atentado y burla” la ruptura del acuerdo político fijado en el plan de 1998; un cambio que, según ha recordado, ya originó en su momento la mayor manifestación en defensa del agua celebrada en Albacete.
Desde UPA consideran incomprensible que un recurso renovable como el acuífero de la Mancha Oriental vea reducida su dotación de 398 a 226 hectómetros cúbicos. El documento contempla igualmente un recorte en la sustitución de bombeos, que pasaría de 107,5 a 80 hectómetros cúbicos.
En este contexto, Morcillo ha censurado las palabras del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, quien sostuvo que la región salía bien parada si el reparto se hacía por habitantes.
“Es un insulto a la inteligencia que se nos dijese eso en Albacete. ¿Dónde pone eso en la norma de planificación?”, ha denunciado, subrayando que la región genera 860 hectómetros cúbicos de recursos propios.
Al mismo tiempo, ha reclamado abordar de forma inmediata el ámbito territorial de la demarcación, rechazando que sigan “colgadas de forma provisional” las cuentas de las cuencas intracomunitarias valencianas dentro del Júcar.
Morcillo ha defendido que los 630 hm destinados a Valencia, Sagunto, la Marina Baja o el Vinalopó, junto con la Albufera y los 163 hm vinculados a su laguna artificial, deben ser gestionados directamente por la Comunidad Valenciana mediante opciones como la desalinización, sin repercutir negativamente en la cuenca cedente.
Segura: menos agua y fuerte impacto económico
Por último, respecto a la cuenca del Segura ha señalado que se repite el mismo esquema de discriminación, ya que “mientras se busca redotar los regadíos del Levante y otorgar derechos a nuevas hectáreas en esa zona, los consumos actuales castellanomanchegos se verán reducidos de 100,9 a apenas 33,2 hectómetros cúbicos”.
Morcillo concluye advirtiendo de que este ajuste conllevará una merma del valor bruto de la producción de 100 millones de euros y una pérdida patrimonial calculada en 626 millones de euros, “una alternativa totalmente inviable”.