La organización agraria UPA-UCE Extremadura ha reiterado este lunes la necesidad de conservar el olivar tradicional como “cortafuegos natural” y ha instado a la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, a poner en marcha una mesa de seguimiento en la que se cuente con agricultores y ganaderos a la hora de diseñar las políticas de prevención de incendios.
La entidad lanza esta petición, mediante una nota de prensa, a raíz de los graves incendios registrados en los últimos días en distintos puntos del país, que están arrasando “miles de hectáreas en varias comunidades autónomas, poniendo en peligro la vida de muchas personas”.
Ante este escenario, desde UPA-UCE lamentan que “todavía no se hayan tomado decisiones para solventar este problema”.
En este contexto, representantes de UPA-UCE Extremadura se han reunido este lunes en la localidad cacereña de Coria con miembros de Asomanca, la asociación de olivareros de manzanilla cacereña, para analizar las conclusiones del informe técnico elaborado por la Universidad de Extremadura sobre el papel de los olivares de montaña del norte de Cáceres en la prevención de incendios.
Ambas organizaciones subrayan que el olivar tradicional es una fuente de riqueza y empleo en el norte de Cáceres, donde “ya se ha comprobado que se han frenado los incendios gracias al olivar”, remarca la organización agraria.
“Se trata de un cultivo muy social y que está en zonas que no tienen otras alternativas”, ha destacado el secretario general de UPA-UCE, Óscar Llanos, quien ha considerado que “no se entendería el paisaje sin el olivar, pero está en serio peligro por el cambio climático y la competencia del olivar superintensivo.
Esta organización agraria señala que “el olivar tradicional es el mejor cortafuegos natural contra los incendios, pero cada día tiene una peor situación”, frente a lo que ha aludido al “elevado coste económico de apagar los incendios”, señala.
Por este motivo, reclama que las administraciones valoren estos beneficios ambientales y económicos y pongan en marcha medidas que garanticen la pervivencia de este modelo de olivar.
En esta línea, UPA-UCE pide que en el marco de la nueva PAC se incremente la dotación de la ayuda asociada al olivar transicional, actualmente fijada en 29 millones de euros, una cuantía que considera “claramente insuficiente para apoyar a los productores de la zona”, por lo que demanda “una ayuda mayor por hectárea y que se permita integrar mayor superficie”.
Asimismo, solicita una actuación específica a través de los fondos de desarrollo rural, mediante la figura del “Contrato territorial de explotación”, que plantea “un apoyo específico para los agricultores que están viviendo en esta zona por la especial dificultad que tienen para desarrollar su actividad, tan necesaria para el conjunto de la sociedad”, concluye.