La pandemia del COVID-19 supuso el mayor desafío al que se han enfrentado nuestras empresas en décadas. Pese a los malos augurios, el tejido productivo español dio una lección de resiliencia y adaptación.
Fue en ese contexto cuando el Gobierno lanzó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) en junio de 2021, con casi seis meses de retraso respecto a la aprobación del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) a nivel europeo. Aquel retraso inicial ha marcado el ritmo de los cinco años siguientes. Ahora que España afronta la recta final de la ejecución, conviene hacer balance sin eufemismos: el resultado no se sostiene con un titular favorable.
De los casi 80.000 millones de euros en subvenciones a los que podía optar nuestro país, hasta la fecha solo se han resuelto convocatorias por unos 67.000 millones, dejando una brecha cercana a los 13.000 millones todavía sin adjudicar. Con el límite fijado el 31 de agosto de 2026, España podría perder hasta 20.000 millones en ayudas que no llegarán a ejecutarse.
A esto se suma que el Gobierno, tras solicitarlos inicialmente, renunció a más del 70% de los préstamos del plan a los que tenía derecho, más de 82.000 millones. Datos de Funcas sitúan a España en una posición mediocre en ejecución del MRR de toda la Unión Europea: una ejecución real de entre el 30 y 40% de los fondos recibidos, cuando hay países que ya superan el 75%. El relato oficial de “liderazgo en ejecución” no encaja con esta fotografía.
De fondos transformadores a tapar agujeros
Si la lentitud es preocupante, lo es aún más el destino que se ha dado a una parte significativa del dinero efectivamente ejecutado. El Tribunal de Cuentas, en su Declaración sobre la Cuenta General del Estado de 2024, detectó que el Gobierno autorizó en noviembre de ese año dos modificaciones presupuestarias por un importe conjunto de 2.389,4 millones de euros, una ampliación de crédito de 1.722,1 millones y una transferencia de 667,3 millones, financiadas con bajas en créditos inicialmente destinados a programas del PRTR.
El destino final fue el pago de pensiones de clases pasivas y complementos a mínimos de la Seguridad Social. La operación, además, provocó una división inédita en el propio Tribunal y fue aprobada con la advertencia expresa de que se sostiene sobre unos fundamentos jurídicos que “deberían haber quedado mejor justificados”.
Y el desvío a pensiones es solo la punta del iceberg. Los datos de Eurostat confirman que España ha destinado aproximadamente 10.200 millones de los fondos Next Generation a gasto corriente durante los cinco primeros años del plan: el 22,5% de lo efectivamente ejecutado. Casi tres de cada diez euros se han ido a tapar agujeros del día a día en lugar de transformar la economía.
La cuestión escaló a Bruselas. Tras el revuelo provocado por el informe del Tribunal de Cuentas, la Comisión Europea pidió aclaraciones a España y diversos eurodiputados llegaron a hablar abiertamente de un posible “abuso del dinero de los contribuyentes europeos”.
Finalmente, la Comisión convalidó la operación con matices. El pago de pensiones no es elegible para reembolsos del MRR, pero un Estado miembro puede utilizar “temporalmente” parte de la liquidez recibida para cubrir otros gastos. Formalmente legal, materialmente impropio. España sale sin sanción, pero señalada en materia de transparencia y con nuevas obligaciones de información para el próximo ciclo financiero.
PERTEs: la promesa transformadora que no llegó
El impacto de los fondos en las empresas ha sido desigual. Hay excepciones meritorias, como el Programa Kit Digital, que ha demostrado capilaridad real entre pymes y autónomos, pero los PERTEs, que prometían ser el mecanismo estrella han decepcionado.
El caso más sangrante es el PERTE Chip: de los 12.250 millones prometidos para catapultar a España en semiconductores, solo se ha adjudicado en torno al 20%, y el eje principal, las plantas de fabricación, con 9.350 millones presupuestados apenas alcanza un 10% de ejecución.
Tanto es así que el Ejecutivo ya prepara un fondo soberano, “España Crece”, precisamente para compensar el vacío inversor que dejarán los más de 10.000 millones del PERTE Chip a los que nuestro país ha renunciado. Otros PERTEs, como el Agroalimentario o el Naval, fijaron requisitos tan rígidos para los consorcios que la capilaridad real a pymes resulta imposible de medir.
Nunca hubo tanto dinero, nunca se invirtió tan poco
Nunca hubo tantos recursos disponibles y, al mismo tiempo, tanta dificultad para convertirlos en inversión efectiva. La brecha entre fondos asignados y pagados refleja cuellos de botella administrativos, un centralismo asfixiante desde Moncloa, capacidad de gestión desigual entre territorios y una carga burocrática que ha desincentivado a muchos beneficiarios potenciales, en especial pymes. El contraste con quienes sí han hecho los deberes resulta elocuente.
La Comunidad de Madrid fue una de las primeras regiones en elaborar un plan para aprovechar sus fondos MRR, meses antes que el propio Gobierno central, ya ha ejecutado más del 70% de los fondos de su competencia y se encamina al 93% antes del cierre. Cuando hay planificación temprana y simplificación administrativa, el dinero llega.
Balance y responsabilidades
España no puede permitirse cerrar este capítulo con cerca de 80.000 millones evaporados entre renuncias, convocatorias sin resolver y partidas reasignadas para tapar agujeros agrandados por la falta de unos Presupuestos Generales del Estado actualizados desde 2023. El Gobierno central llega a la recta final con un balance que no resiste comparación europea y con un uso de los fondos que se aleja, en parte sustancial, del propósito para el que se diseñaron.
Las comunidades que actuaron con previsión y rigor han demostrado que el problema no era el instrumento, sino la voluntad y la capacidad de gestión. La oportunidad histórica del MRR no se ha perdido del todo, pero buena parte ya está hipotecada. Y eso, conviene decirlo claro, no es un accidente: es el resultado de decisiones.
sOBER LA FIRMA:
Miguel Garrido de la Cierva es presidente de CEIM, Confederación Empresarial de Madrid-CEOE y vicepresidente primero de CEOE. Empresario de larga trayectoria, ha sido presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE Madrid) y de la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (CEAJE). A lo largo de su carrera ha asumido responsabilidades ejecutivas en el sector público y en el ámbito asociativo.