Los últimos años han sometido al sistema energético europeo a una presión extraordinaria. Las tensiones geopolíticas, las interrupciones del suministro y la fuerte volatilidad de los precios pusieron de manifiesto vulnerabilidades que durante mucho tiempo habían sido subestimadas, al tiempo que evidenciaron que la reducción de emisiones no puede desvincularse del imperativo de la seguridad de suministro.
La respuesta de Europa para acelerar la transición hacia una energía limpia puso de relieve un aspecto fundamental: la ambición, por sí sola, no es suficiente. El pragmatismo y el aprovechamiento óptimo de los recursos existentes deben considerarse plenamente para alcanzar cualquier objetivo creíble. Los activos gasistas constituyen un pilar estratégico sobre el que apoyarse.
El suministro energético es, en esencia, una actividad física. Depende no solo de objetivos políticos y hojas de ruta tecnológicas, sino también de los activos físicos que permiten transportar la energía desde donde se produce hasta donde se necesita: gasoductos, almacenamientos, terminales de GNL, interconexiones y redes. Sin el funcionamiento fiable de estas infraestructuras, incluso los planes mejor diseñados permanecen sobre el papel.
Las infraestructuras gasistas han demostrado esta realidad durante los momentos de mayor tensión de los últimos años. Cuando se redujo el suministro procedente de Rusia, fueron las redes existentes y las nuevas terminales de GNL, almacenamientos subterráneos, gasoductos de transporte e interconexiones transfronterizas las que permitieron mantener el suministro eléctrico, la actividad industrial y el abastecimiento energético de los hogares en toda Europa.
Los ciclos combinados de gas proporcionaron además la flexibilidad esencial que necesitaba el sistema eléctrico durante los periodos de máxima demanda y de baja o intermitente producción renovable. La economía en su conjunto quedó protegida, al menos parcialmente, frente a unas consecuencias que podrían haber sido mucho más severas.
La lección que extraemos trasciende la crisis inmediata
La evolución energética no se produce apagando un sistema y encendiendo otro. Es un proceso que se desarrolla a lo largo de décadas y que exige la coexistencia de tecnologías consolidadas y emergentes, así como la continuidad del suministro durante todo el proceso.
Las infraestructuras que hoy prestan servicio a la sociedad no solo son esenciales en el presente, sino que constituyen también un elemento habilitador fundamental para alcanzar objetivos creíbles y alcanzables de reducción de emisiones.
Los mismos gasoductos que hoy transportan gas natural podrán transportar mañana gases renovables como el biometano o el hidrógeno renovable. Del mismo modo, las instalaciones de almacenamiento que hoy permiten gestionar la demanda estacional podrán contribuir a equilibrar la intermitencia de la generación renovable.
En los 70 países miembros de la IGU, los operadores de infraestructuras ya están adoptando medidas proactivas. Se encuentran en marcha programas de inversión dirigidos a reducir las
emisiones de metano, integrar gases de bajas emisiones, reforzar la ciberseguridad y digitalizar las operaciones. No se trata de adaptaciones marginales; representan una redefinición profunda de las infraestructuras gasistas como componente de largo plazo dentro de los sistemas energéticos descarbonizados.
Nada de ello puede darse por garantizado y requiere inversiones y capacidades técnicas
La inversión en activos energéticos tiene una naturaleza inherentemente de largo plazo y —especialmente en la Unión Europea— su viabilidad financiera depende de manera decisiva de marcos regulatorios creíbles y predecibles que permitan sostener los activos existentes y avanzar en la evolución del sistema energético.
Esto significa, en términos concretos, que —como ocurre con cualquier infraestructura— los operadores gasistas necesitan una visibilidad clara y de largo plazo sobre esquemas regulatorios adecuados que proporcionen las condiciones financieras y técnicas necesarias para seguir prestando servicio en beneficio del interés general.
Las consecuencias de políticas cortoplacistas no son inmediatas, pero sí inevitables e irreversibles: mantenimiento diferido, cancelación de programas de modernización y, finalmente, déficits de capacidad precisamente en el momento en que menos pueden permitirse.
Hoy nos beneficiamos de políticas sólidas y de unas condiciones de inversión que permitieron desarrollar un sistema gasista resiliente y apoyarnos plenamente en estas infraestructuras esenciales para atender las necesidades de la sociedad en situaciones de estrés. Resulta, por tanto, imprescindible preservar estas mismas lógicas de cara al futuro, acompañándolas de mecanismos de innovación adecuados que sigan impulsando la reducción de emisiones y fortaleciendo la seguridad de suministro.
Garantizar una remuneración adecuada para las actividades reguladas no es, por tanto, únicamente una cuestión de política sectorial. No puede esperarse que los operadores financien los programas de adaptación que exige la descarbonización —integración de gases renovables, preparación para el hidrógeno, digitalización o reducción de emisiones— si el marco regulatorio no proporciona las bases económicas y financieras necesarias para ello.
En un mercado energético europeo cada vez más integrado, esta cuestión adquiere además una dimensión transfronteriza: cuando las condiciones retributivas divergen significativamente entre Estados miembros, los flujos de inversión se orientan hacia jurisdicciones más favorables y resulta imposible sostener unas condiciones reales de competencia equilibradas.
Las condiciones que respaldan la inversión en infraestructuras son las mismas que sostienen la resiliencia industrial
La certidumbre regulatoria es también una cuestión de competitividad. Las industrias europeas intensivas en energía dependen de un suministro de gas fiable y asequible. Las condiciones que respaldan la inversión en infraestructuras son las mismas que sostienen la resiliencia industrial. Los responsables políticos que consideran la remuneración de esos activos estratégicos como una cuestión puramente financiera o administrativa están pasando por alto la verdadera dimensión del reto.
España constituye un ejemplo claro. Su sistema gasista —uno de los más desarrollados de Europa, con una relevante capacidad de regasificación de GNL, una extensa red de transporte, almacenamientos subterráneos e interconexiones con Francia y Portugal— ha actuado en múltiples ocasiones como un elemento de estabilidad para el mercado europeo. Cuando fue necesario disponer de gas natural licuado en grandes volúmenes y con rapidez, las terminales españolas estuvieron entre las pocas capaces de recibirlo a gran escala.
¿Qué habría ocurrido si España no hubiese contado en ese momento con las terminales de GNL y el sistema gasista desarrollado durante décadas? Resulta difícil saberlo.
Lo que sí es seguro es que esa capacidad no surgió de manera espontánea. Fue el resultado de inversiones sostenidas a lo largo del tiempo, respaldadas por marcos que hicieron viable dicha inversión.
El gran reto para los responsables políticos europeos consiste en avanzar en las aspiraciones y políticas de descarbonización sin comprometer la seguridad y la asequibilidad energética de las que dependen ciudadanos e industrias. Estos objetivos no son incompatibles, pero tampoco pueden alcanzarse centrando la atención únicamente en uno de ellos.
Un sistema energético que cumpla objetivos climáticos, pero deje a los consumidores sin un suministro fiable no puede considerarse exitoso. Del mismo modo, un sistema que preserve la seguridad de suministro, pero no contribuya a la descarbonización carecerá de viabilidad a largo plazo.
Las infraestructuras —mantenidas, modernizadas y financieramente sostenibles— son el elemento que permite compatibilizar ambos objetivos. La cuestión que tenemos ante nosotros no es, por tanto, si siguen siendo relevantes. La experiencia de los últimos años ya ha respondido con claridad a esta pregunta. La verdadera cuestión es cómo garantizar que estos sistemas continúen evolucionando —incorporando nuevos vectores energéticos, integrándose con las redes eléctricas y reduciendo su huella ambiental— a un ritmo coherente con las ambiciones europeas.
Esa evolución requiere inversión. La inversión requiere confianza. Y la confianza exige un entorno regulatorio estable y predecible que envíe una señal clara: estos activos tienen futuro y el compromiso de mantenerlos y desarrollarlos será reconocido.
Desde la perspectiva de la IGU, este mensaje tiene una aplicación global. Los países que mejor logren seguir proporcionando una energía fiable y resiliente serán aquellos que consideren las infraestructuras existentes no como un pasivo destinado a desaparecer, sino como una base sobre la que construir el futuro, diseñando sus marcos regulatorios en consecuencia.
Las infraestructuras resilientes y adecuadamente remuneradas no son un vestigio de la era de los combustibles fósiles. Forman parte de la arquitectura del futuro energético.
sobre la firma:
Andrea Stegher es presidente de la International Gas Union (IGU).