Una sociedad democrática no puede permitirse que el capital legisle en la sombra. Cada vez que los medios de comunicación dan a conocer un caso de corrupción que puede implicar a cargos o servidores públicos, suele ponerse el foco en quienes han sido corrompidos, pero no tanto en los corruptores, grandes empresas o lobbies ligados a estas. El dinero y quienes lo manejan consiguen gobernar desde la trastienda. Y esto es justo lo que debemos evitar.
Porque de esto es de lo que estamos hablando, de que quienes ostentan el poder económico influyan de manera opaca e ilegal para redactar normas a medida para lograr contratos millonarios –con competencia desleal hacia otras empresas que sí juegan limpio–, para, en definitiva, poner a los recursos públicos y al Estado al servicio de sus intereses y de su lucro.
En Sumar condenamos a los cargos y servidores públicos que son corruptos, pero también condenamos a los corruptores. En este sentido tenemos una serie de propuestas para mejorar la ley de transparencia e integridad de las actividades de los grupos de interés. Una norma que lleva demasiado tiempo tramitándose en el Congreso y que debería ser aprobada antes de que lleguen las vacaciones de verano.
La democracia no se defiende con declaraciones solemnes contra la corrupción, sino con reglas claras, trazabilidad, controles independientes y sanciones creíbles.
La influencia sobre las decisiones públicas existe, pero no toda influencia es ilegítima. De hecho, es necesario que la sociedad civil tenga canales para incidir en el diseño de políticas públicas. Lo ilegítimo es que se ejerza en la sombra, sin saber quién habla, a quién representa, qué intereses financian su posición… Y para acabar con esto necesitamos una ley de lobbies efectiva.
Las propuestas de Sumar parten de una convicción sencilla: la transparencia no puede depender de quienes tienen más recursos para influir. Por eso, defendemos más independencia del órgano de control, más información en el Registro, publicidad por defecto de reuniones y documentos, una huella normativa real y sanciones efectivas.
La influencia sobre las decisiones públicas existe, pero no toda influencia es ilegítima
Así, la investigación y sanción de actividades de influencia debe corresponder a un órgano independiente, con autonomía funcional y recursos suficientes. Mientras ese órgano se crea, esas funciones deberían -desde nuestro punto de vista- pasar provisionalmente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
La segunda cuestión es cerrar las vías de lobby indirecto. Hoy la influencia no siempre se ejerce con una tarjeta de visita corporativa. Puede canalizarse a través de asociaciones, fundaciones, consultoras, think tanks o terceros financiados para trasladar posiciones al personal público. Para ello, es imprescindible una definición amplia de actividad de influencia, capaz de revelar quién promueve, financia o respalda una determinada iniciativa.
La tercera es que el Registro sea útil. No basta con apuntarse en una base de datos, sino que ha de ser una herramienta, con acceso público, que recoja la identidad del grupo de interés, sus responsables, sus ámbitos de actuación, redes, afiliaciones, fondos públicos recibidos, clientes o terceros representados y posibles puertas giratorias de quienes hayan trabajado en la Administración.
La cuarta es que toda documentación entregada por los lobbies ha de ser también pública, salvo excepciones justificadas. Si una gran empresa entrega una propuesta normativa, la ciudadanía tiene derecho a saberlo. Si un despacho de abogacía redacta una enmienda, también.
La quinta es que las obligaciones no recaigan sólo sobre los lobbies, sino también sobre el personal público susceptible de recibir influencia. Sumar propone que se publiquen todas las reuniones con grupos inscritos o no inscritos y que los altos cargos hagan visible su agenda institucional en el Portal de Transparencia.
La huella normativa es otro punto decisivo. En demasiadas ocasiones se habla de participación pública sin saber qué aportaciones han influido realmente en el texto final. Sumar quiere que el informe de huella normativa identifique contactos, grupos de interés, fechas, objetos de reunión, documentos entregados y, sobre todo, qué aportaciones fueron aceptadas, cuáles rechazadas y por qué.
Por último, la ley debe tener un régimen sancionador para evitar su incumplimiento. Por eso, proponemos endurecer infracciones y sanciones, incluyendo como infracción muy grave ocultar, alterar o destruir documentación entregada a la Administración.
Regular los grupos de interés no es criminalizar la participación de empresas, organizaciones sociales o expertos en la vida pública
La posición de Sumar es clara: frente a la corrupción pública y privada, más transparencia, más independencia, más trazabilidad y más sanciones. Porque una ley de lobbies que no permita saber quién influye, cómo influye y con qué efectos, sería insuficiente. Y lo que necesitamos es una norma eficaz para que las decisiones públicas respondan al interés general, no al de quienes pueden permitirse influir sin dejar huella.
Regular los grupos de interés no es criminalizar la participación de empresas, organizaciones sociales o expertos en la vida pública. Es exactamente lo contrario: ordenar esa participación para que sea limpia, visible y sometida a reglas iguales para todos.
sobre la firma:
Verónica M. Barbero, Carlos Martín y Engracia Rivera son diputados del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso.