El repunte de la inflación en España tiene relación directa con los precios energéticos y las consecuencias de la intervención de Trump en Oriente Medio, así como de la persistencia de la guerra en Ucrania. Llueve sobre mojado. Desde 2021 se han sucedido importantes incrementos de precios de energía, suministros, materias primas y alimentos que han encarecido la cesta de la compra de los hogares españoles.
Además, hay un agravante. El IPC no recoge en toda su extensión la evolución de precios muy determinantes. Particularmente el de la vivienda escala de forma continuada sin que las administraciones competentes (que son todas, pero sobre todo las comunidades autónomas) hagan lo suficiente para revertir esta situación.
Hasta ahora, las medidas destinadas a contener la inflación se han centrado básicamente en las fiscales, especialmente las que afectan a los combustibles. También cabe destacar la más estructural de todas que fue la llamada “excepción ibérica”, y que demostró es que se podía actuar sobre el sistema de fijación de precios ante un shock de precios del gas, pero sobre todo que no podemos desfallecer en el intento de ganar autonomía energética a través del despliegue de las energías renovables, disminuyendo la dependencia de las de origen fósil.
Esa dependencia nos hace vulnerables a los vaivenes geopolíticos. Y esa debilidad la pagan las clases populares y trabajadoras de nuestro país en su cesta de la compra, y buena parte de nuestro tejido productivo en su estructura de costes. Pero más allá de estas consideraciones, conviene situar algunas cuestiones que nos parecen significativas sobre cómo se están devaluando las rentas disponibles de millones de hogares en España. Voy a describir brevemente una buena noticia, algunas malas, y un riesgo.
“Esa dependencia nos hace vulnerables a los vaivenes geopolíticos. Y esa debilidad la pagan las clases populares y trabajadoras de nuestro país”
Los salarios van a subir
Primero, la nota positiva. En mi opinión, en nuestro país los salarios van a subir y lo van a hacer notablemente en los próximos años. En la medida que se transforme el tejido productivo y asentemos actividades de más valor añadido (y la citada transformación del mix energético es clave en este sentido), la capacidad de mejora salarial aumenta. Además, la evolución demográfica de España determinará que las generaciones más numerosas de los baby boomers pasen a las edades de jubilación y las que les sustituyen en el mercado laboral sean menos cuantiosas.
La capacidad de negociación salarial de la juventud española va a ser superior, aunque se les quiera convencer de lo contrario, sobre todo si se organizan sindicalmente. De hecho, ya hoy en día los salarios medios crecen, a la vez que el empleo y la productividad por hora trabajada. Y esto prácticamente no ha ocurrido nunca en nuestra historia económica. Según datos de la EPA, entre 2018 y 2024 el salario medio se incrementa más que la inflación, en una subida acumulada del 2,8% en términos reales. El salario medio mensual son 2.386 euros brutos prorrateados en doce pagas, para 18,46 millones de personas asalariadas.
El crecimiento no se distribuye por igual
Pero dicho esto, algunas notas que no son positivas. El crecimiento económico no se está distribuyendo suficientemente y el impacto de precios afecta más a las personas con ingresos medios y medios bajos. Incluso en este contexto de récord de empleo. Aunque las personas con salarios más bajos han visto reforzada su capacidad de compra por la subida del SMI, siguen teniendo sueldos de subsistencia. Y, además, y esto es particularmente importante, el 63% de esos millones de personas asalariadas gana menos del salario medio, y el 50% no supera los 2.001 euros brutos en doce pagas.
La segunda nota negativa es que la inflación es un índice que recoge solo parcialmente lo que está sucediendo. El precio de compra de la vivienda está disparatado, y aquellas familias que tienen que soportar una hipoteca compran con sus sueldos menos bienes básicos.
“La inflación es un índice que recoge solo parcialmente lo que está sucediendo”
Vivienda, sanidad y educación se comen la mejora salarial
Y aquí aparece otra cuestión importante. El consumo de los hogares cada vez se está dirigiendo más a la adquisición de servicios. Las familias españolas dedican más parte de su renta a conectividad, a vivienda, pero también a sanidad, educación y atención a los cuidados. Y buena parte de ese incremento tiene que ver con la insuficiencia de las políticas públicas.
El gasto de las familias españolas en la educación superior se incrementó un 26,3% desde 2015 hasta 2021; el gasto nominal de los hogares afectados por la Formación Profesional superior se ha duplicado entre 2016 y 2023. En materia sanitaria, lo que las familias españolas dedicaron a la salud llega casi el 5% de su presupuesto total, según la Encuesta de Presupuestos Familiares que elabora el INE. Si se quiere, un porcentaje reducido de la cesta de la compra (por el carácter universal y público de nuestro sistema sanitario), pero creciente en los últimos años.
Por tanto, podemos afirmar que una parte muy sustancial de la renta disponible de millones de familias en España se está detrayendo para hacer frente a gastos como consecuencia de decisiones políticas que se adoptan en vivienda, sanidad, educación y dependencia. Las subidas de estos gastos se comen las mejoras nominales de los salarios.
El "espejismo antiimpuestos"
Y, por último, el riesgo. El espejismo antiimpuestos. Toda una corriente de pensamiento político y económico está propugnando que la mejora de la renta de las familias venga por un incremento de los salarios netos. Pero no a través de una distribución de los beneficios (en máximos históricos) desde las empresas hasta las nóminas de la clase trabajadora, sino menguando los ingresos públicos a través de una reducción de impuestos y cotizaciones sociales, dejando así “más dinero en el bolsillo de los ciudadanos”. Este planteamiento es tramposo.
Una cosa son medidas de alivio fiscal coyuntural ante shocks de precios, como ha adoptado a veces el Gobierno o en algunas circunstancias las CCAA en sus tramos autonómicos, y otra es un planteamiento estructural sobre la reducción impositiva en nuestro país. Redundaría en un empeoramiento de la calidad y suficiencia de estos servicios de atención a la ciudadanía, lo que terminará por detraer renta y salarios de las familias.
Y además generaría mayor desigualdad, segregación y pobreza social. Eso sí, mejoraría los beneficios de una parte del empresariado, además el más ligado a los sectores productivos especializados en atrapar recursos públicos y fijar precios no expuestos a la competencia.
La mejora de la capacidad de compra en España se tiene que basar en un fuerte incremento de salarios, una reducción de los costes energéticos, una mejor provisión pública de bienes comunes a través de un renovado estado de bienestar para el siglo XXI, y una intervención en mercados donde los operadores empresariales estratégicos fijan precios abusivos, atendiendo con urgencia la particularidad de la vivienda.