QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Grupo Socialista ha registrado una proposición no de ley (PNL) para su debate en el Pleno del Parlamento andaluz con la que quiere instar al Consejo de Gobierno de la Junta a «restablecer el control previo de los gastos correspondientes a expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud» (SAS), «devolviendo a estos contratos el régimen de fiscalización que tenían con carácter previo a octubre de 2020».
También propone el PSOE-A con esta iniciativa, consultada por Europa Press, que el Parlamento inste a la Junta a «adoptar cuantas disposiciones de desarrollo y de carácter orgánico y reglamentario sean necesarias para la efectiva aplicación» de dicha medida de restablecimiento del control previo, y a «informar» a la Cámara autonómica «de las actuaciones realizadas en cumplimiento de este acuerdo, a fin de velar por su cabal ejecución y contribuir al refuerzo de la transparencia y la confianza de los ciudadanos en las instituciones pública».
En la exposición de motivos de esta PNL, el Grupo Socialista alude al acuerdo de 6 de octubre de 2020, por el que «el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía procedió a la actualización de la relación de gastos, órganos y servicios sometidos a régimen de control financiero permanente».
«En su virtud, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 94.4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, se sustituyó la fiscalización previa de determinados gastos por un sistema de fiscalización ‘a posteriori’, con el fin declarado de incrementar la agilidad y eficiencia en la gestión administrativa, así como de adaptar dichos trámites a las especiales circunstancias derivadas de la pandemia por la Covid-19», relata la iniciativa socialista.
Entre los gastos objeto de este cambio, continúa exponiendo la proposición no de ley, «se incluyeron expresamente los contratos tramitados por el procedimiento de emergencia del Servicio Andaluz de Salud, lo que supuso la eliminación del control previo sobre los mismos y su sustitución por un control financiero permanente posterior».
Posteriormente, «a partir de la experiencia adquirida en los informes de control financiero permanente emitidos en los últimos años, la Junta de Andalucía consideró necesario un nuevo planteamiento de control sobre las agencias de régimen especial», de forma que, «el 13 de febrero de 2024, el Consejo de Gobierno aprobó un nuevo acuerdo por el que se someten a control previo determinados gastos de las agencias de régimen especial».
El referido acuerdo «declaró que, si bien se mantiene el control financiero permanente como forma general de fiscalización, ‘se sometan a control previo aquellas áreas en las que se hayan detectado riesgos que hagan más aconsejable dicha forma de control'», continúa detallando el Grupo Socialista, que en esta iniciativa considera «necesario extender al Servicio Andaluz de Salud el control previo en los expedientes de contratación por emergencia».
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
Y es que, según sostiene el Grupo Socialista, «en el caso del SAS, la sustitución del control previo por el control financiero permanente ‘a posteriori’ –llevada a cabo en octubre de 2020– ha acreditado riesgos significativos en la gestión de los contratos de emergencia», y «así lo pone de manifiesto la reciente providencia del Juzgado de Instrucción número 13 de Sevilla, que investiga la adjudicación directa de cientos de contratos de emergencia a clínicas privadas por un importe superior a 234 millones de euros, tramitados irregularmente amparándose en un marco legal que ya se encontraba derogado».
Desde el PSOE-A subrayan además que, «en diciembre de 2023, la Intervención Central del SAS emitió un informe definitivo desfavorable sobre la gestión contractual de 2021, denunciando adjudicaciones por casi 300 millones de euros a empresas privadas sin justificación suficiente, con evidente vulneración de los principios de publicidad y concurrencia».
Por su parte, «la Cámara de Cuentas de Andalucía, en su informe de fiscalización de la contratación de emergencia correspondiente al ejercicio 2020 –presentado en julio de 2024–, alertó también sobre el uso sistemático e injustificado del procedimiento de emergencia por parte del Gobierno andaluz, amparándose en normativa ya derogada y sin que la evolución de la pandemia justificara la excepcionalidad alegada».
«Este órgano parlamentario de control censuró expresamente la ‘defectuosa planificación’ en uno de cada tres contratos revisados, recomendando una vuelta progresiva al régimen ordinario de contratación», además de que «advirtió que la prórroga generalizada del procedimiento de emergencia más allá de los momentos críticos de la pandemia, sin justificación debida ni evaluación de alternativas, desvirtuaba la naturaleza excepcional del mismo y contravenía las propias instrucciones dictadas por la Consejería de Hacienda en junio de 2021, que instaban a restringir drásticamente esta fórmula», continúa poniendo de manifiesto el PSOE-A en su iniciativa.
Desde el Grupo Socialista subrayan que «el Acuerdo de 13 de febrero de 2024 establece como criterio determinante la detección de riesgos en el ejercicio del control financiero permanente para someter a control previo aquellas áreas cuya gestión presente vulnerabilidades», y «el SAS, a la vista de los hechos investigados por la Administración de Justicia y constatados en los informes de control interno, encaja de forma clara en ese supuesto».
La restitución del control previo de la Intervención de la Junta sobre «los gastos correspondientes a los expedientes de contratación tramitados por el procedimiento de emergencia en el Servicio Andaluz de Salud» sería, según concluye el Grupo Socialista, «una medida de indudable interés público, orientada a garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a la sanidad pública, la protección de los derechos de los ciudadanos y la integridad del sistema de salud andaluz».
