QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
En el contexto actual de las Cortes de Aragón, IU ha expuesto este miércoles las 176 enmiendas al proyecto de ley de Vivienda, con el fin de asegurar que cumpla con su función social y garantizar el derecho a la vivienda.
Álvaro Sanz y otro miembro destacado de IU han reiterado su rechazo al texto legislativo, votado en febrero, por considerar que trata la vivienda más como una mercancía que como un derecho esencial.
“En lugar de garantizar el acceso a un techo digno, profundiza en la lógica mercantilista que ya provocó la crisis inmobiliaria y financiera de 2008”, criticó Sanz, quien subrayó que la vivienda es “el principal problema social en España” y llama a una solución integral desde todos los niveles de gobierno.
Por su parte, el Gobierno del PP en Aragón ha decidido “ignorar” la Ley Estatal de Vivienda, “poniendo en riesgo” los fondos del nuevo plan estatal, lamentó Sanz.
ENMIENDAS
De las 176 enmiendas introducidas, 37 provienen de propuestas de organizaciones como la Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza (FABZ), la Red de Economía Alternativa y Solidaria (REAS) y grupos relacionados con la discapacidad.
“Estas propuestas buscan transformar el enfoque de la ley, pasando de una visión mercantilista y protectora de los grandes tenedores a una norma que garantice derechos y regule el mercado especulativo”, explicó el diputado.
Las modificaciones propuestas abarcan desde la exposición de motivos, reconociendo el desafío del acceso a la vivienda, especialmente para las familias más desfavorecidas, y sugieren una legislación que defina la función social de la vivienda como un derecho constitucional.
Se recomienda también reducir el umbral de ingresos para acceder a la vivienda pública en alquiler, mantener la calificación de vivienda protegida de forma permanente y asegurar que lo público sirva al interés general.
Jesús García Usón enfatizó que las propuestas de IU buscan “darle la vuelta a la ley como a un calcetín” para dejar de proteger a los grandes tenedores y empezar a garantizar derechos.
Además, se incluyen medidas para reforzar la inspección y el régimen sancionador, facilitar la ocupación de viviendas vacías, fomentar modelos de vivienda colaborativa y atender a las necesidades de personas con discapacidad y trabajadores temporales.
Izquierda Unida también plantea aumentar los recursos propios de la comunidad autónoma para políticas de vivienda, al menos hasta el 1% del gasto no financiero, y dar prioridad a la rehabilitación del parque edificado existente como medio para mejorar la habitabilidad, sostenibilidad y accesibilidad.
Las enmiendas abordan “carencias importantes” del proyecto original, incluyendo programas de mediación e intermediación en el mercado del alquiler, servicios de bolsa de vivienda, seguros de impago y medidas para facilitar la ocupación efectiva de viviendas vacías.
Se han añadido nuevos capítulos sobre la regulación de viviendas de uso turístico en zonas tensionadas, el control del parque residencial desocupado en manos de grandes tenedores, el refuerzo de los derechos de adquisición preferente, tanteo y retracto, y la declaración de zonas de mercado residencial tensionado.
También se contempla la expropiación forzosa en casos de fraude o infracción grave, la mejora del acceso a vivienda pública para personas con discapacidad y la dotación del parque público con edificios ya construidos y no solo nuevas promociones.
“Defendemos una ley que garantice el derecho a la vivienda, que proteja a quienes más lo necesitan y que ponga freno a la especulación. Una norma que responda a las necesidades reales de la ciudadanía aragonesa”, concluyó Jesús García Usón.
