QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Tres diputados cántabros de PP, PRC y PSOE han participado este martes en el Pleno del Congreso en Madrid para exigir que se haga “justicia” y se ponga fin a la “discriminación salarial y profesional” que arrastran colectivos sanitarios como la enfermería y la fisioterapia debido a que en la Administración Pública sigue vigente la antigua clasificación profesional que separa licenciaturas y diplomaturas, pese a que el Plan Bolonia unificó hace años todas las titulaciones en el grado universitario.
El ‘popular’ Miguel Ángel Vargas, la regionalista Paula Fernández y el socialista Raúl Pesquera han defendido en la Cámara Baja una proposición de ley registrada de forma conjunta por los tres grupos –y refrendada previamente por el Parlamento de Cantabria en junio– con el fin de corregir estas diferencias entre titulaciones universitarias. El texto plantea modificar el Estatuto Básico del Empleado Público para equiparar la categoría y las retribuciones de estos profesionales con las del resto de grados sanitarios.
La iniciativa ha incorporado una enmienda de Podemos Cantabria, defendida por Noemí Santana, que reclama que la reforma del Estatuto Básico del Empleado Público incluya también el reconocimiento profesional de los Técnicos Superiores Sanitarios (TSS), “un colectivo esencial que lleva más de 18 años reclamando justicia laboral” porque continúa encuadrado en el Grupo C1, el mismo nivel que quienes cuentan con Bachillerato, cuando “la ley establece desde 2007 que deberían estar en el Grupo B”.
En esa línea, la enmienda plantea activar de forma efectiva el Grupo B mediante una Disposición Adicional que obligue a todas las administraciones a crearlo y a reclasificar en un plazo máximo de 12 meses a los TSS, ajustando en consecuencia sus sueldos y funciones.
El grupo morado sostiene que la reforma del empleo público debatida este martes en el Congreso es “una oportunidad única para corregir desigualdades históricas en la sanidad pública y dignificar a quienes realizan tareas esenciales en los laboratorios y servicios de diagnóstico”, por lo que ha reclamado el respaldo del resto de fuerzas políticas para que prospere y para que la ley impulsada desde Cantabria “se convierta en un avance real para miles de profesionales en todo el país”.
Desde el PP, Miguel Ángel Vargas ha indicado en su intervención que la proposición de ley plantea una “posible solución” a la situación de los profesionales de enfermería y fisioterapia, si bien ha admitido que “dentro de la ingeniería normativa, a veces, una modificación puntual sin mirar el conjunto puede generar un problema en otros ámbitos” –“por desgracia han sufrido ya las mujeres de este país con la ley del sólo sí es sí”–, por lo que considera imprescindible trasladar el asunto a quienes ostentan las competencias para que “adopten la decisión correspondiente”.
Vargas ha contrapuesto los acuerdos logrados por el Ejecutivo autonómico del PP en Cantabria con la actuación del presidente Pedro Sánchez, “que no gobierna”. Según ha destacado, en Cantabria, con la presidenta María José Sáenz de Buruaga al frente, el Gobierno “ha sido capaz en tan solo dos años de llegar a acuerdos con sectores como la justicia, la ganadería, los médicos, la enfermería y la fisioterapia, mejorando sus retribuciones, condiciones, modernizando las infraestructuras y reduciendo las listas de espera”. En cambio, ha afirmado que “en España tenemos un Gobierno que no gobierna”.
La regionalista Paula Fernández ha celebrado que Cantabria se haya convertido en la primera comunidad autónoma que, “desde el consenso, el diálogo y la unidad”, reclama “justicia” para un colectivo profesional que hasta ahora ha permanecido encuadrado en una escala inferior a la que le corresponde, “ignorando el valor y la responsabilidad vital de las funciones que desempeñan”. “Así es Cantabria y así somos los cántabros, valientes cuando se trata de defender lo que es justo”, ha remarcado.
“Llevan 10 años esperando a que se ponga fin a un agravio comparativo entre profesionales con la misma titulación universitaria, pero sin el mismo reconocimiento dentro de la función pública”, ha insistido Fernández, quien ha recordado que fue el PRC quien impulsó, hace un año y ocho meses, la iniciativa que ha llegado ahora al debate en el Congreso de los Diputados. También ha agradecido “la responsabilidad” de los portavoces del PP y el PSOE, porque “hoy hemos demostrado que se puede y es mejor trabajar juntos por un objetivo común”.
La diputada ha abogado por eliminar la actual división profesional en los subgrupos A1 y A2 y sustituirla por un único grupo A para todos los graduados, así como por un reconocimiento específico para las titulaciones que exigen seis años de formación, subrayando que la propuesta debatida “no va contra nadie” y que su finalidad no es “restar a unos para sumar a otros, sino ordenar lo que hoy está desordenado”.
En la misma línea, los socialistas han defendido que “hay iniciativas como ésta que todos los grupos parlamentarios pueden respaldar”. “Cantabria pretende formar parte de la historia de este Congreso de los diputados y propone una modificación sencilla de un único artículo del Estatuto Básico de los Empleados Públicos fruto del consenso y del pacto de todos los grupos parlamentarios y ser de esta forma punta de lanza de un sentir de toda la sociedad”, ha manifestado Raúl Pesquera.
Pesquera ha precisado que se persigue el reconocimiento del grupo A para todo el colectivo de enfermería y fisioterapia, manteniendo el respeto al resto de categorías y “satisfaciendo a todas las partes”. “Mantenemos una clasificación de funcionarios en blanco y negro cuando hace más de 15 años que pasamos al color, seguimos hablando de licenciados y diplomados cuando desde la creación del Espacio Europeo Universitario y los acuerdos de Bolonia llevamos cerca de dos décadas formando graduados en nuestras universidades”, ha concluido.
