El Parlamento de Cantabria ha dado este lunes su respaldo unánime a una proposición no de ley del PRC con la que se reclama al Gobierno de España (PSOE-Sumar) y al Ejecutivo cántabro (PP) que lleven a cabo las gestiones necesarias para revertir el cierre de la oficina de Unicaja en San Felices de Buelna —clausura efectiva desde mayo— y para defender ante las entidades financieras la importancia de mantener la atención presencial en los municipios rurales y semirrurales.
Durante la discusión de la iniciativa, el diputado del PP Cándido Cobo ha explicado que el Gobierno autonómico ya está trabajando para asegurar la continuidad de la sucursal y que ha trasladado la situación al Observatorio de Inclusión Digital y al Ministerio de Economía, al que ha reclamado que se respeten los principios y compromisos sociales existentes y se garantice la permanencia de estos servicios. Además, ha planteado que se consideren servicios "básicos" y que se conserven especialmente en las zonas rurales más envejecidas.
La parlamentaria regionalista Rosa Díaz ha defendido la propuesta como una medida de "igualdad, cohesión territorial y lucha contra el despoblamiento" al entender que la permanencia de las oficinas bancarias "significa apoyar el comercio local, a los pequeños empresarios, los autónomos y las explotaciones ganaderas y agrícolas".
En nombre del PSOE, Ana Belén Álvarez ha tildado el cierre de la sucursal de decisión "inadmisible" porque las entidades financieras fueron "saneadas con el dinero de todos los españoles", a quienes, según ha denunciado, los bancos "dan la espalda en cuanto las cuentas no encajan en los algoritmos". Por ello, ha reclamado una actuación "firme, coordinada y urgente" entre la Delegación del Gobierno, de su misma formación política, y el Ejecutivo regional.
Por su parte, la diputada de Vox Leticia Díaz ha denunciado la "exclusión financiera" que sufren los vecinos, que, a su entender, deriva del "histórico abandono institucional y empresarial" de la Cantabria rural y semirrural y que "hurta los servicios esenciales uno a uno mientras se sigue asfixiando a base de impuestos", ha remarcado.
Adhesión de Cantabria a las licencias interautonómicas de caza y pesca
En otro punto del orden del día, la Cámara ha aprobado también por unanimidad una PNL del PSOE que insta al Gobierno regional a culminar los trámites necesarios para hacer efectiva su incorporación al convenio para el establecimiento de las licencias interautonómicas de caza y de pesca en aguas continentales (Licicaz), adhesión que el propio Ejecutivo anunció el pasado 11 de mayo.
Con esta incorporación, Cantabria pasará a formar parte del listado de comunidades que ya participan en el acuerdo junto a Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Madrid, Principado de Asturias y Región de Murcia, que han suscrito el convenio con el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El acuerdo permite a cazadores y pescadores desarrollar estas actividades en todas las comunidades adheridas con una única licencia, válida durante un año y con un coste fijo, evitando así trámites específicos en cada territorio. Además, contempla un sistema de cooperación e intercambio de información entre regiones, que compartirán los datos sobre inhabilitaciones derivadas de infracciones.