La Oficina de igualdad de trato y no discriminación de la Generalitat registró en 2025 un total de 425 denuncias, lo que supone un aumento del 21% frente a las 350 contabilizadas el año anterior, según ha detallado este lunes la Conselleria de Igualdad y Feminismo de la Generalitat en un comunicado.
Estos datos han sido expuestos por la secretaria de Igualdad de Derechos y No discriminación, Gina Pol, y por la directora general de Derechos Humanos y Lucha contra los discursos del odio, Noa Monràs, durante una comparecencia en el Parlament.
Ambas responsables han subrayado el trabajo del departamento para afianzar un modelo de protección integral que prioriza el acompañamiento a las víctimas, la prevención y la transformación de las estructuras que originan desigualdades en Catalunya.
El balance de 2025 confirma la tendencia al alza, dado que en 2023 se habían contabilizado 282 denuncias, y han remarcado que resulta especialmente significativo que 290 de los 425 expedientes se hayan iniciado directamente por las propias víctimas.
A lo largo de este año, el departamento ha puesto en marcha un sistema de clasificación más detallado, que permite desglosar con mayor precisión los distintos ejes de discriminación. Para ello se ha configurado un listado de 32 subejes técnicos, entre ellos la xenofobia, la islamofobia, el antigitanismo, la lesbofobia o la discapacidad intelectual, que facilitan a los profesionales “un análisis más fino”.
La oficina también ha mejorado el procedimiento de presentación de denuncias mediante un nuevo formulario web que corrige fallos técnicos e incorpora la perspectiva de la interseccionalidad, recogiendo si una misma víctima sufre varios motivos de discriminación cruzados en un solo caso.
Racismo inmobiliario y exclusión residencial
Monràs ha dado a conocer además el “Informe para la transformación antirracista del ámbito de la vivienda”, un análisis monográfico que busca proporcionar a las administraciones públicas un marco compartido y criterios claros de actuación frente a la exclusión residencial.
El documento concluye que el racismo inmobiliario “no es un hecho aislado, sino una práctica estructural y generalizada en el mercado de alquiler catalán” que vulnera el derecho de determinados colectivos.
El informe evidencia que el origen nacional o la apariencia física funcionan como “un predictor independiente de exclusión”, y que personas con solvencia económica acreditada, nóminas altas y contratos indefinidos sufren un rechazo sistemático por parte de intermediarios debido a su acento o a sus apellidos.
El departamento ha insistido en que combatir este tipo de discriminación “requiere transitar de la ‘neutralidad formal’ hacia una igualdad sustantiva”, y ha recalcado que esto implica que la actuación de la oficina vaya más allá del mero ejercicio de la potestad sancionadora.