Organizaciones cristianas de Madrid cargan contra Ayuso y Almeida por las políticas hacia personas sin hogar y migrantes: “Son excluyentes y aporofóbicas”

El presidente de la Comunidad de Madrid tiene un papel central en la orientación y coordinación de las políticas sociales y, de forma más indirecta y limitada, en las políticas migratorias. En políticas sociales ejerce competencias ejecutivas y de desarrollo normativo dentro del marco fijado por el Estado, a través de las consejerías competentes (servicios sociales, vivienda, sanidad, educación, familia, etc.). En materia migratoria, el Estado conserva la competencia exclusiva sobre extranjería, inmigración, asilo y nacionalidad, por lo que la presidenta no puede regular entradas, permisos o expulsiones, pero sí puede diseñar políticas de integración, acogida y servicios sociales para población migrante. Además, como máxima autoridad del ejecutivo autonómico, dirige la acción de gobierno, propone normas autonómicas y representa a Madrid ante el Estado y la UE en estos ámbitos.

Marco general de competencias del presidente autonómico

En el sistema constitucional español, el presidente de una comunidad autónoma:

– Es el máximo representante de la comunidad y el ordinario del Estado – Dirige la acción del Consejo de Gobierno, fija prioridades políticas y coordina consejerías.
– Firma y promulga las leyes autonómicas aprobadas por la Asamblea y puede interponer recursos de inconstitucionalidad contra leyes o decisiones estatales que afecten a competencias autonómicas.
– Impulsa la iniciativa legislativa del Gobierno autonómico (proyectos de ley y decretos legislativos) y la normativa reglamentaria (decretos del Consejo de Gobierno).

Estas funciones generales se proyectan específicamente sobre las políticas sociales y de integración de personas migrantes cuando dichas materias están asumidas por el Estatuto de Autonomía y desarrolladas por leyes autonómicas.

Competencias en políticas sociales

El ámbito “social” en Madrid abarca, entre otras, políticas de servicios sociales, inclusión social, apoyo a familias, infancia, mayores, dependencia, discapacidad, vivienda social, sanidad y parte de la educación. El Estado fija la legislación básica (por ejemplo, bases de sanidad, seguridad social, igualdad, dependencia), mientras que la Comunidad de Madrid asume competencias de desarrollo y ejecución.

Respecto a estas políticas, el presidente de la Comunidad de Madrid puede:

1. Fijar prioridades y estrategia política
Mediante su programa de gobierno y los acuerdos del Consejo de Gobierno, la presidencia decide las grandes líneas: modelo de servicios sociales (universalización, focalización, concertación con entidades del tercer sector), tipo de políticas de vivienda social, orientación de las ayudas a familias o programas contra la pobreza y la exclusión. Aunque la gestión diaria corresponde a las consejerías, la orientación general y las prioridades presupuestarias se deciden políticamente en torno a la presidencia.

2. Dirigir y coordinar las consejerías competentes
La presidenta nombra y cesa consejeros, define estructuras departamentales y puede reorganizar competencias (por ejemplo, agrupar familia, juventud y asuntos sociales, o crear una consejería específica de vivienda o de migración e integración si así lo decide). Esta capacidad de diseño organizativo condiciona de forma relevante cómo se ejecutan las políticas sociales y qué peso político tienen dentro del gobierno.

3. Impulsar normativa y reformas legales autonómicas
En el ámbito social, el Gobierno de Madrid puede elaborar proyectos de ley sobre servicios sociales, vivienda, infancia, familias numerosas, renta mínima autonómica, etc. Es la presidencia quien, políticamente, decide qué reformas se priorizan y las somete al Consejo de Gobierno para su aprobación y envío a la Asamblea. Además, puede aprobar decretos y reglamentos de desarrollo (por ejemplo, sobre organización de la red de servicios sociales, criterios de acceso a ayudas, planificación de plazas residenciales o de recursos para personas sin hogar).

4. Definir el gasto social en el marco presupuestario
El proyecto de presupuestos autonómicos parte del ejecutivo, y la presidenta marca el marco de gasto en sanidad, educación, vivienda o servicios sociales. Esto es clave para el alcance real de cualquier política social, incluida la atención a población migrante vulnerable.

Competencias en materia migratoria e integración

La Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre inmigración, extranjería, nacionalidad, asilo y protección internacional. Esto significa que la presidenta de Madrid:

– No puede dictar normas sobre entrada y salida de extranjeros, visados, permisos de residencia y trabajo, expulsiones o concesión de nacionalidad y asilo.
– No controla ni Policía Nacional ni Guardia Civil, que dependen del Ministerio del Interior, aunque sí puede coordinarse con la Delegación del Gobierno y plantear necesidades u objeciones políticas.

Sin embargo, dentro de sus competencias en servicios sociales, educación, sanidad y vivienda, la presidenta sí puede:

1. Desarrollar políticas de integración y acogida
Puede impulsar programas autonómicos de acogida e integración de población migrante: mediación intercultural, aprendizaje del idioma, orientación laboral, apoyo escolar a menores, prevención de discriminación y racismo, o dispositivos de acogida de urgencia ante llegadas puntuales coordinadas con el Estado. Estas actuaciones se articulan a través de consejerías de servicios sociales, educación, empleo y vivienda.

2. Regular el acceso a servicios autonómicos
La Comunidad de Madrid decide, respetando la normativa básica estatal y la jurisprudencia constitucional, las condiciones concretas de acceso a su red de servicios sociales, vivienda protegida, plazas de emergencia social, y prestaciones autonómicas, tanto para nacionales como para extranjeros residentes. La presidencia orienta políticamente si los criterios son más inclusivos o restrictivos para determinados colectivos migrantes (siempre dentro de los límites legales estatales y de la igualdad básica de derechos).

3. Representación e interlocución institucional
Como representante de la Comunidad, la presidenta participa en conferencias sectoriales y órganos de cooperación con el Gobierno central donde se abordan políticas de integración de inmigrantes, reparto de fondos europeos (Fondo de Asilo, Migración e Integración, FSE+) y coordinación en acogida. Puede defender la posición de Madrid sobre cupos de acogida, financiación adicional, distribución territorial de recursos y necesidades específicas de la región.

Límites y coordinación con el Estado

En ambas materias, pero especialmente en migración, la actuación de la presidenta está condicionada por el marco estatal:

– En políticas sociales, Madrid puede desarrollar y gestionar, pero debe respetar la legislación básica estatal (por ejemplo, en dependencia, sanidad o igualdad de trato). Una norma autonómica que la contradiga puede ser recurrida por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional.
– En migración, cualquier intento de regular entradas, permisos, expulsiones o reconocimiento de estatus jurídicos sería inconstitucional. La acción autonómica debe centrarse en integración y servicios, y no puede discriminar vulnerando principios básicos de igualdad y no discriminación recogidos en legislación estatal y europea.

En resumen, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene una capacidad amplia para orientar y ejecutar políticas sociales y de integración de personas migrantes a través de las consejerías y la normativa autonómica, pero siempre encajada en un marco donde el Estado conserva las decisiones nucleares en materia de extranjería e inmigración.

Una persona sin hogar sí puede empadronarse en Madrid porque la normativa básica estatal obliga a admitir en el padrón a quienes residen en el municipio aunque carezcan de domicilio, con intervención de servicios sociales. Los requisitos formales mínimos son los generales de cualquier vecino (identificación personal y residencia habitual en el término municipal), más la comunicación previa del caso a los servicios sociales competentes cuando no hay domicilio. El empadronamiento no concede por sí solo todos los derechos sociales, pero acredita oficialmente residencia y domicilio a efectos administrativos y otorga la condición de vecino, que permite usar servicios públicos municipales y sirve de base para acceder a sanidad, educación y servicios sociales conforme a su legislación específica. No dispongo, sin embargo, de las instrucciones internas o ordenanzas concretas del Ayuntamiento de Madrid sobre “domicilio ficticio” o domicilios de servicios sociales.

1. Marco legal básico aplicable en Madrid

El régimen del padrón municipal viene fijado, con carácter general, por la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local y, sobre todo, por el Real Decreto 1690/1986, de 11 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Población y Demarcación Territorial de las Entidades Locales (BOE-A-1986-21944), que vincula igualmente al Ayuntamiento de Madrid.

Este Reglamento establece que:

«El padrón municipal es el registro administrativo donde constan los vecinos de un municipio. Sus datos constituyen prueba de la residencia en el municipio y del domicilio habitual en el mismo. Las certificaciones […] tendrán carácter de documento público y fehaciente para todos los efectos administrativos.» (Real Decreto 1690/1986).

Y añade que:

«Toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente.» (Real Decreto 1690/1986).

La inscripción confiere la condición de vecino desde el mismo momento de empadronarse.

2. Empadronamiento de personas sin domicilio (personas sin hogar)

El precepto clave para las personas sin hogar es el que regula expresamente la inscripción de quienes carecen de domicilio en el municipio:

«La inscripción en el padrón municipal de personas que residiendo en el municipio carezcan de domicilio en el mismo sólo se podrá llevar a cabo después de haber puesto el hecho en conocimiento de los servicios sociales competentes en el ámbito geográfico donde esa persona resida.» (Real Decreto 1690/1986, modificado por Real Decreto 141/2024).

De aquí se derivan varios puntos importantes para Madrid:

• El Ayuntamiento no puede excluir a las personas sin techo por el mero hecho de no tener vivienda; la norma estatal prevé expresamente su empadronamiento si residen en el término municipal.

• El requisito específico es que, antes de inscribir, el Ayuntamiento debe dar traslado del caso a los servicios sociales competentes. Esa comunicación no es una facultad discrecional, sino una condición prevista en el Reglamento.

• El Reglamento no detalla cómo debe figurar el “domicilio” de estas personas en el padrón (si se usa la dirección de un recurso social, un código especial, etc.). Esos extremos se fijan en normas e instrucciones municipales que no aparecen en las fuentes consultadas.

3. Requisitos formales mínimos para empadronarse

Con carácter general, el Reglamento de Población exige que la hoja padronal contenga determinados datos obligatorios de cada vecino (nombre y apellidos, sexo, domicilio habitual, nacionalidad, lugar y fecha de nacimiento, documento de identidad, etc.), según recoge el artículo correspondiente del Real Decreto 1690/1986. La normativa básica indica que:

«La inscripción en el padrón municipal contendrá como obligatorios sólo los siguientes datos de cada vecino…» (y a partir de ahí se enumeran esos datos en el propio Reglamento).

Aplicado a una persona sin hogar en Madrid, los requisitos formales serían, en síntesis:

• Residir de hecho en Madrid, aunque sea en la calle o recursos temporales, de forma habitual.

• Aportar sus datos de identificación que permitan rellenar la hoja padronal con los campos obligatorios (en el caso de extranjeros, el número de NIE o, en su defecto, pasaporte u otro documento válido, conforme a los criterios del Reglamento).

• En ausencia de domicilio, que el Ayuntamiento ponga la situación en conocimiento de servicios sociales antes de formalizar la inscripción, tal y como ordena el artículo citado.

• En el caso de extranjeros sin residencia de larga duración, atender a la renovación periódica cada dos años prevista en el mismo Reglamento, con la advertencia de que el incumplimiento puede llevar a la caducidad de la inscripción (Real Decreto 1690/1986).

No dispongo de la ordenanza o protocolo interno del Ayuntamiento de Madrid que especifique qué domicilios concretos se usan para estas inscripciones (domicilio ficticio, dirección de servicios sociales, etc.), ni requisitos añadidos de documentación o informes.

4. Efectos del empadronamiento sobre servicios públicos

Desde el punto de vista jurídico, empadronarse en Madrid implica:

• Adquirir la condición de vecino desde la inscripción padronal, con los derechos que el propio Reglamento enumera: ser elector y elegible, participar en la gestión municipal y, especialmente, «utilizar los servicios públicos municipales en forma acorde con su naturaleza y acceder a los aprovechamientos comunales» (Real Decreto 1690/1986).

• Disponer de un documento público que acredita residencia y domicilio habitual en Madrid, lo que tiene efectos prácticos para el acceso a sanidad, educación o servicios sociales, en la medida en que sus normas sectoriales exigen o valoran la residencia en el territorio.

• Permitir que tus datos padronales se cedan a otras administraciones cuando la residencia o el domicilio sean relevantes para sus competencias (por ejemplo, asignación de centro sanitario o escolar), tal y como se recoge en el artículo sobre cesión de datos del Real Decreto 1690/1986 y en la Ley 12/1989 de la Función Estadística Pública (BOE-A-1989-10767).

El padrón no crea por sí solo el derecho material a una prestación sanitaria, educativa o social concreta (eso lo fijan sus respectivas leyes), pero en la práctica es el instrumento básico de prueba de residencia y vecindad que esas leyes suelen exigir o tomar como referencia.