El consejero de Educación del Gobierno de Navarra ha reiterado este viernes que le “preocupa” la situación de los menores vinculados a la comunidad de la Fundación Maestro Ávila, ubicada en Arguiñano, “un centro que no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español”. Ha avanzado además que solicitarán un encuentro con la Fiscalía de Navarra “con la intención de resolver las posibles irregularidades apreciadas”.
Carlos Gimeno ha comparecido en comisión parlamentaria, junto a la consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo, Mari Carmen Maeztu, a petición de EH Bildu, para detallar la situación de estos menores. Ha recordado que su departamento “no puede establecer determinadas actuaciones respecto a la actividad educativa” y “no lo puede hacer en base a la normativa existente”. “Por ejemplo, el departamento de Educación, entre otras actuaciones, no lo puede cerrar”, ha señalado, subrayando que “la actividad educativa referida tiene reflejo documental de su existencia en el departamento de Educación desde 2014”.
El consejero ha explicado que “los responsables de la entidad manifiestan que el citado centro desarrolla su actividad educativa dirigida a estudiantes en edad de escolarización de familias residentes en las localidades de la zona” y que “el centro de estudios atiende a 55 alumnos y alumnas en edades comprendidas entre los 3 y los 18 años, organizados en cinco agrupamientos correspondientes a los niveles de segundo de Educación Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato”.
Según ha indicado, “los responsables del centro manifiestan que el centro de estudios cuenta con un acuerdo de colaboración con un centro educativo privado situado en Michigan”. “Respecto al procedimiento de acreditación académica, se informa que la entidad no expide títulos oficiales con validez académica en el sistema educativo español, limitándose a realizar actividades educativas a distancia con el citado centro y vinculando a la acreditación de su alumnado a la certificación oficial de títulos del sistema de Estados Unidos”, ha detallado Gimeno, añadiendo que “al finalizar los estudios, el alumnado obtiene un diploma de High School de Michigan, con la posterior homologación ante el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de España, permitiendo obtener la equivalencia oficial al título de Bachillerato español, una cuestión que se está revisando y podría ser revocada o revisando cuando menos esa homologación”.
En este contexto, ha apuntado que “tienen planteada la posibilidad de constituirse en centro asociado o adscrito al centro de Michigan, tramitando en Navarra la homologación del mismo como centro de enseñanza extranjero”. Asimismo, ha recalcado que “a la entidad se le traslada e informa expresamente que la impartición de enseñanzas correspondientes a etapas del sistema educativo de carácter obligatorio requiere la preceptiva autorización administrativa conforme a la normativa vigente”.
En cuanto al procedimiento de autorización, Gimeno ha relatado que “los responsables del centro de estudio señalan que están trabajando en el proyecto de traslado de la actividad educativa a las instalaciones del antiguo centro privado Andéraz, que refieren haber adquirido recientemente”. Ha incidido en que “no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de los posibles mecanismos individuales de acreditación de su alumnado, vinculando a la certificación oficial de los sistemas de títulos del sistema de EEUU”.
El consejero ha remarcado que “diferentes administraciones educativas en la Comunidad foral, de todos los colores políticos, han sido conocedoras de esta actividad, no han tomado ninguna medida al respecto, porque directamente no es posible, ni era posible en ese momento, ni lo es en el momento actual, con las herramientas normativas de que dispone el Gobierno de Navarra”. Ha precisado que “toda la normativa educativa que regula la creación, la organización y el funcionamiento de los centros docentes que imparten enseñanzas previstas tanto en la LOE y en la Ley Orgánica de Formación Profesional, no regula qué sucede o cómo actuar con quienes no son centros docentes inscritos en el Registro de centros docentes, ya que excede del ámbito competencial, en este caso, del departamento de Educación o del Gobierno”.
“No está prevista la autorización de un centro docente de oficio por la Administración. Siempre debe ser a solicitud de los interesados”, ha subrayado, para insistir en que “aún siendo conocedores de la realidad de ese alumnado, el departamento de Educación no tiene competencia para clausurar dichas instalaciones”. Ha reiterado que “al no ser un centro docente, no podemos actuar, no podemos sancionar a las familias que voluntariamente llevan a sus hijos a esas instalaciones, aunque estén en edad de escolarización obligatoria”.
“Lo único que puede y ha hecho el departamento a lo largo de estos años ha sido ponerlo en conocimiento del departamento de Derechos Sociales, por si pudiera haber alguna situación de desprotección de esos menores”, ha añadido.
Por su parte, la consejera Maeztu ha señalado que han estudiado el caso y que la identificación de los menores resulta esencial para iniciar una valoración de una posible situación de desprotección y poder contactar con las personas implicadas, “motivo por el cual se ha solicitado colaboración al Ministerio Fiscal ya que el departamento y la Subdireccion de Infancia, Adolescencia y Familia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones”.
Maeztu ha precisado que el departamento únicamente puede intervenir si tiene constancia de una denuncia, “bien sea por parte de familiares, centros educativos sanitarios o servicios sociales”, y que se actúa, en su caso, tras analizar cada expediente. Ha indicado que toda la documentación se ha remitido a Fiscalía, “que ha archivado el procedimiento”. “En cualquier caso, los Servicios Sociales de la zona son conocedores de la situación y todos estamos alerta ante posibles situaciones de riesgo que pudieran identificarse”, ha manifestado.
En el turno de los grupos, la parlamentaria de EH Bildu Eneka Maiz ha mostrado su “preocupación” por una “situación que ahí está desde 2014”. A su entender, este alumnado se encuentra en situación de “desprotección” y considera que es “hora de actuar”.
Desde UPN, Ángel Ansa ha rechazado la “violencia” contra esta comunidad “por parte del entorno de la izquierda abertzale”. “Se habla por algunos de una secta católica de ultraderecha cuando la realidad es que la Fundación Maestro Ávila se encuentra inscrita en el registro de fundaciones desde 2009”, ha indicado, defendiendo que “se deben garantizar los derechos básicos de los menores”.
El socialista Kevin Lucero ha apuntado que “nos preocupa que exista una actividad educativa organizada con alumnado de distintas edades, incluidos menores en edad sin autorización administrativa como centro docente” y ha recalcado que desde el Ejecutivo se ha actuado “en el margen de sus competencias”.
Por Geroa Bai, Itxaso Soto ha sostenido que “debe primar la protección del menor ante todo” y ha defendido que “lo mejor para los menores es vivir con sus iguales, con protección, con un sistema que si ve prácticas de desprotección tenga la capacidad de poder denunciar, es decir, un sistema regulado”.
La parlamentaria del PPN Irene Royo ha reclamado que “se preserve el interés de los menores y se vaya de la mano de la Fiscalía”, y ha considerado que “se ha actuado con prudencia”.
Finalmente, Daniel López, de Contigo-Zurekin, ha subrayado que “el interés superior del menor debe guiar todas las acciones y decisiones de la Administración, también en una cuestión tan peliaguda y oscura como esta”. “Hablamos de menores que se encuentran en un contexto nada deseado”, ha señalado.