Los empresarios valencianos han respaldado el decreto del Consell contra la hiperregulación administrativa, actualmente en tramitación como proyecto de ley en Les Corts, y han reclamado un amplio acuerdo político que garantice una aplicación eficaz y segura, con el fin de evitar retrasos en proyectos estratégicos y la salida de inversiones hacia otras comunidades autónomas.
Así lo han defendido este martes los presidentes de la Confederación Empresarial Valenciana (CEV), Vicente Lafuente, y del Consejo de Cámaras de Comercio de la Comunitat Valenciana, José Vicente Morata, durante su comparecencia en la comisión de Economía de Les Corts, en el marco de la fase de participación ciudadana del proyecto normativo.
El decreto, aprobado por el Consell a finales del pasado año, constituye la segunda fase del plan de simplificación administrativa, suprime o modifica 96 normas y fija el compromiso de que cada nueva regulación lleve asociada la eliminación de redundancias normativas. Incide, entre otros aspectos, en los plazos para otorgar licencias de obra de vivienda o en el reconocimiento del grado de dependencia.
En su intervención, el presidente de la CEV ha subrayado que la simplificación es un “clamor empresarial” en la Comunitat, aunque ha recalcado que no solo repercute en las compañías sino en el conjunto de la ciudadanía. Ha insistido en que “no es una concesión al tejido empresarial”, sino “una herramienta para que la administración funcione mejor”.
“Una administración que simplifica no pierde capacidad de control: gana en eficiencia, transparencia y capacidad de respuesta”, ha enfatizado, al tiempo que ha reclamado que el decreto vaya acompañado de inversiones para modernizar la administración y de “un servicio de inspección potente” que asegure su correcto funcionamiento.
Lafuente, que ha recordado que los sindicatos también respaldan la simplificación, ha incidido en que las pymes son las más afectadas por la maraña burocrática, ya que “cada retraso puede suponer perder clientes y un freno a la financiación bancaria”, una situación que igualmente golpea a los emprendedores jóvenes.
Según ha detallado, existen demoras relevantes en proyectos urbanísticos, energéticos, industriales, logísticos e innovadores, con “duplicidades de informes, falta de coordinación interadministrativa, plazos inciertos y un silencio administrativo que no genera certidumbre real”.
Pérdida de competitividad y fuga de proyectos
“El resultado es claro: proyectos que tardan años en materializarse o se acaban desplazando a otros territorios, y eso supone pérdida de competitividad frente a otras comunidades autónomas”, ha advertido, apuntando también a los efectos de la hiperregulación en ámbitos como la vivienda o los servicios sociales.
Por este motivo, ha reclamado que el decreto nazca con amplio consenso y se aplique de forma efectiva, que no se “desvirtúe” durante el proceso de participación y que se consolide “como una política de consenso en la Comunitat Valenciana” que trascienda cada legislatura y los cambios de gobierno.
El presidente del Consejo de Cámaras de Comercio ha expresado igualmente su respaldo al decreto “ambicioso” y ha animado a perfeccionarlo y a garantizar su despliegue real. Ha defendido que la simplificación es una “necesidad urgente” para el tejido productivo valenciano, compuesto mayoritariamente por pymes, microempresas y autónomos, “el más vulnerable a la burocracia”.
Morata ha denunciado el “freno silencioso” que la hiperregulación supone para el crecimiento económico, con proyectos que se dilatan meses o años y “oportunidades que se pierden o se trasladan a otros territorios con marcos más ágiles”. Ha señalado que el problema se concentra especialmente en los sectores industrial, energético y urbanístico.
“¿Cómo le podemos decir a un fabricante de componentes de automóviles que le va a costar tres años producir cuando hoy en día tiene que hacerlo en ocho o diez meses?”, se ha cuestionado.
Reconstrucción tras la dana y vivienda, ejemplos de bloqueo
El presidente de las cámaras ha citado además los trabajos de reconstrucción tras la dana como ejemplo de la falta de agilidad administrativa: “El dinero que se ha dado a los ayuntamientos se tiene que gastar, no puede ser que falten medios técnicos”.
Asimismo, ha recalcado que todas las medidas de simplificación deben ajustarse a la legalidad, para lo que considera imprescindible sensibilizar tanto a los funcionarios como a las empresas, y ha puesto el foco en la vivienda, “el principal problema social”, donde “habrá que tomar las medidas necesarias” para generar suelo.
Por estas razones, ha reclamado que el decreto no se perciba solo como una iniciativa del Consell, sino como “una herramienta al servicio de la sociedad valenciana”, y ha apelado al acuerdo entre partidos. “Cada trámite que se simplifica es una oportunidad que se adelanta; cada proceso que se agiliza es empleo que llega antes; cada barrera que se elimina es ganar competitividad”, ha defendido.
En el contexto actual, con la guerra en Oriente Medio, Morata ha lamentado la ausencia de un mercado único europeo “para meternos hacia adentro cuando el mundo se ha complicado”.
Posiciones de los grupos parlamentarios
Entre los grupos de Les Corts, Mª Carmen Contelles (PP) ha reconocido que se trata de una ley ambiciosa que "toca casi cien normas", pero ha subrayado que no existe "ningún informe en contra" de la Abogacía de la Generalitat, sino únicamente "observaciones". Ha sostenido además que "la simplificación no es una agenda ideológica, es un problema económico y social".
Ramón Abad (PSPV) ha afirmado que los socialistas no se opondrán a "todo lo que signifique una administración más eficaz", aunque ha censurado que el decreto incluya medidas para "pegar bocados al territorio" dentro de un modelo urbanístico "demoledor".
Desde Compromís, Aitana Mas ha coincidido en la necesidad de agilizar la administración y relocalizar la industria, pero ha puesto en duda que la administración valenciana esté realmente "preparada" para la digitalización: "Estamos a años luz de una administración totalmente digital".
Por último, la diputada de Vox Mª Teresa Ramírez ha señalado que la simplificación es "una de las banderas" de su partido y ha reclamado "dar un paso más" en este decreto para profundizar en medidas que faciliten el relevo generacional en las pymes.