Se ha validado el decreto-ley que establece medidas urgentes para la intervención administrativa en cuestiones ambientales, con el objetivo de facilitar el proceso de inversiones.

El pleno de Les Corts ha convalidado el decreto-ley del Consell de medidas urgentes en materia de intervención administrativa ambiental, que pretende agilizar la llegada de nuevas inversiones y desbloquear proyectos en la Comunitat Valenciana.

Este decreto, aprobado el mes pasado, ha salido adelante con los votos de PP y Vox y el rechazo de PSPV y Compromís. No ha prosperado la petición de estos últimos grupos de que se tramite como proyecto de ley.

La norma modifica e introduce cambios y mejoras en la Ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunitat Valenciana, así como en la Ley de tasas y la Ley de protección contra la contaminación acústica para «no dilatar inversiones por motivos burocráticos».

En concreto, se actualiza la vía sancionadora de modo que, cuando un proyecto se haya ejecutado sin la evaluación ambiental correspondiente, además de la sanción económica, se imponga la obligación de realizar la evaluación de los posibles efectos significativos sobre el medio ambiente a través de los procedimientos previstos en la legislación en materia de evaluación de impacto ambiental.

En segundo lugar, el decreto establece que las actividades de uso hospitalario y educativo, al tener carácter esencial y con escasa incidencia ambiental, pasarán a regularse mediante una declaración responsable para agilizar los diferentes procesos.

El conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, explicó que se pretende desatascar “el importante volumen de tramitaciones de autorizaciones ambientales integradas, que es un permiso fundamental para desarrollar cualquier tipo de actividad, especialmente las más industriales». Un problema que, lamentó, “está tensionando la capacidad de asumir todo este tipo de tramitación debido al interés que genera nuestro territorio para las nuevas inversiones».

Según expuso tras la aprobación del decreto, se busca mejorar la eficiencia y la sostenibilidad del sector en el marco del Plan de Simplificación Administrativa de la Generalitat. Se trata de ajustar los tiempos de tramitación administrativa y adaptarlos a las necesidades actuales del sector productivo, mediante la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas y metodológicas que permitan agilizar los procesos de autorización.

Paralelamente, se persigue facilitar una mayor rapidez en la aprobación de proyectos, “sin que ello implique comprometer las medidas preventivas esenciales”.

Las modificaciones también están enfocadas a fortalecer la protección del entorno natural y «hacerlo compatible con el desarrollo económico». Se pretende regular de manera «más efectiva» la compensación y reversión de los impactos en el medio ambiente y en la sociedad derivados de los proyectos sometidos a evaluación, promoviendo así un desarrollo más responsable y sostenible.