Enviar un mensaje amenazante, esperar a que la víctima lo lea y borrarlo inmediatamente no garantiza que la prueba desaparezca. La Fiscalía General del Estado ha llamado la atención sobre una práctica cada vez más frecuente en casos de violencia digital y advierte de que el propio rastro dejado por las aplicaciones de mensajería puede terminar teniendo valor en un procedimiento penal.
La advertencia aparece en la memoria anual del Ministerio Fiscal, que señala la proliferación del uso de WhatsApp, redes sociales y otras herramientas digitales para cometer delitos relacionados con la violencia de género, especialmente entre jóvenes y adolescentes. La Fiscalía también muestra preocupación por la incorporación de la inteligencia artificial a estas conductas.
Uno de los comportamientos detectados consiste en que el investigado elimine un mensaje inmediatamente después de comprobar que ha sido leído, con la intención de dificultar que la víctima pueda presentarlo posteriormente ante la Policía o el juzgado.
Pero borrar el contenido no siempre elimina todas las evidencias.
El “mensaje eliminado” también puede tener valor
La Fiscalía destaca que durante los últimos ejercicios se ha consolidado un avance relevante desde el punto de vista probatorio.
Aunque el contenido original haya desaparecido, aplicaciones como WhatsApp pueden seguir mostrando en la conversación que existió un mensaje y posteriormente fue eliminado. Ese rastro puede utilizarse como un indicio que corrobore el relato de la víctima.
La Fiscalía de Lleida ya había señalado específicamente este fenómeno: cada vez se detectaban más situaciones en las que el denunciado enviaba un mensaje, esperaba a que la víctima lo leyera y posteriormente lo borraba.
Según el Ministerio Fiscal, la indicación de “mensaje eliminado” ha permitido reforzar la versión de la víctima sobre lo ocurrido y, en determinados supuestos, ha resultado suficiente junto con el resto de las pruebas para acreditar un quebrantamiento de una prohibición de comunicación.
Esto puede ser especialmente relevante cuando existe una orden judicial que impide a una expareja contactar con la víctima.
Borrar el mensaje no demuestra por sí solo qué decía
Hay, sin embargo, un matiz fundamental.
Que aparezca un mensaje como eliminado no permite conocer automáticamente cuál era su contenido. Tampoco demuestra por sí mismo quién lo envió o que se haya cometido un delito.
Su importancia depende del conjunto de las pruebas existentes: la declaración de la víctima, otros mensajes anteriores o posteriores, testigos, llamadas, datos del dispositivo, identificación de la cuenta o cualquier otro elemento que permita reconstruir lo sucedido.
El Tribunal Supremo lleva años insistiendo en que las conversaciones procedentes de aplicaciones de mensajería deben analizarse con cautela, debido a la posibilidad de manipular archivos, crear perfiles falsos o alterar capturas. Cuando se cuestiona su autenticidad, puede ser necesario aportar elementos adicionales que permitan acreditarla.
Qué ocurre si había una orden de alejamiento
Uno de los ejemplos más claros aparece en los casos de quebrantamiento de condena o de medidas cautelares.
Una orden judicial puede prohibir no solo acercarse físicamente a una persona, sino también comunicarse con ella.
Eso incluye potencialmente mensajes de WhatsApp, SMS, correos electrónicos o contactos a través de redes sociales cuando la prohibición judicial comprende la comunicación. El artículo 468 del Código Penal castiga el quebrantamiento de determinadas penas y medidas cautelares.
Por eso, si una persona tiene prohibido contactar con su expareja y envía un mensaje para eliminarlo segundos después, el borrado no impide necesariamente investigar que ese contacto existió.
El aviso que permanece en la aplicación puede convertirse en una pieza más del procedimiento.
Capturas de pantalla: útiles, pero no infalibles
La Fiscalía también destaca la importancia de las capturas de pantalla como una de las herramientas utilizadas para documentar violencia digital.
En investigaciones por amenazas, coacciones, acoso o comunicaciones prohibidas, las fiscalías recurren con frecuencia a capturas acompañadas de la presentación del propio dispositivo ante el juzgado para comprobar el contenido original.
Sin embargo, una captura no tiene automáticamente valor absoluto.
El Supremo ha advertido de que las imágenes de conversaciones digitales pueden ser manipuladas. Por ello, si una de las partes niega que la conversación sea auténtica, el tribunal puede valorar otros elementos para verificarla.
De ahí la importancia de no limitarse únicamente a guardar una fotografía aislada de la pantalla cuando sea posible conservar también la conversación, el teléfono y otros datos asociados.
El móvil original puede ser importante
Otra recomendación práctica que se desprende de la experiencia de fiscales y policías es conservar, siempre que sea posible, el dispositivo en el que se recibieron las comunicaciones.
El propio teléfono puede permitir comprobar números, cuentas, fechas, horarios y la continuidad de una conversación.
La Fiscalía ha advertido de que algunas investigaciones se complican cuando, tiempo después de presentar la denuncia, la víctima ya no conserva los mensajes, ha cambiado de móvil o el dispositivo se ha roto. Por eso recomienda que el material pueda ser cotejado lo antes posible durante la investigación.
En determinadas investigaciones, además, un juez puede autorizar la obtención de datos electrónicos conservados por los proveedores de servicios cuando sean necesarios y proporcionados para esclarecer el delito. La Ley de Enjuiciamiento Criminal regula expresamente el acceso judicial a datos asociados a comunicaciones electrónicas.
WhatsApp no es el único problema
La violencia digital no se limita a mensajes enviados a través de WhatsApp.
Las fiscalías están detectando amenazas con difundir imágenes íntimas, acoso continuado, vejaciones, suplantación de perfiles, instalación de programas espía, comunicaciones insistentes desde números diferentes y contactos mediante Instagram, Facebook u otras plataformas.
Algunas víctimas bloquean el teléfono de su pareja o expareja y comienzan posteriormente a recibir llamadas desde números desconocidos o nuevas cuentas.
También existen dificultades específicas cuando el agresor utiliza perfiles falsos. En esos casos puede ser necesario solicitar información a las empresas tecnológicas para determinar quién está detrás de una cuenta.
Instagram, Meta, Google o Telegram pueden tener datos relevantes
La investigación de estos delitos tiene una dificultad añadida: una parte de la información necesaria no se encuentra físicamente en el teléfono de la víctima, sino en servidores gestionados por compañías tecnológicas.
La Fiscalía explica que para acreditar en algunos casos quién creó una cuenta o desde dónde se realizó una comunicación hay que solicitar datos a compañías como Meta, Google o Telegram.
Estas peticiones pueden retrasar los procedimientos y en ocasiones no ofrecen resultados suficientes.
La legislación procesal española contempla que, con autorización judicial cuando corresponda, puedan incorporarse a una investigación determinados datos electrónicos de tráfico o asociados a comunicaciones almacenados por los prestadores de servicios.
Eso vuelve a demostrar que eliminar lo que aparece en una pantalla no equivale necesariamente a eliminar cualquier rastro técnico de una comunicación.
La IA abre una nueva vía de violencia digital
La memoria más reciente de la Fiscalía introduce además una preocupación adicional: el uso de inteligencia artificial en la ciberviolencia de género entre jóvenes.
El Ministerio Fiscal advierte de que las herramientas generativas permiten crear o manipular con enorme facilidad imágenes, audios y vídeos y pueden utilizarse para fabricar contenido sexual falso, humillar a una víctima o difundir material aparentemente real.
El fenómeno amplía un problema que ya estaba creciendo con las redes sociales y las aplicaciones de mensajería.
Según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer 2024 citada por la Fiscalía, el 12,2% de las mujeres residentes en España mayores de 16 años asegura haber sufrido acoso digital alguna vez, mientras un 9,4% ha recibido mensajes sexualmente explícitos inapropiados por medios digitales.
La Fiscalía considera por ello “más urgente que nunca” mejorar la formación especializada de los fiscales y reforzar la prevención educativa.
Qué conviene conservar ante amenazas o acoso digital
La experiencia judicial muestra que cuantas más fuentes permitan reconstruir lo sucedido, más fácil resulta comprobar una denuncia.
Las capturas pueden ser relevantes, pero también lo son la conversación completa, el teléfono original, la identificación del usuario, fechas y horas, correos electrónicos, llamadas, mensajes de otras plataformas o testigos que hayan visto las comunicaciones.
Presentar físicamente el dispositivo permite además que el contenido pueda ser comprobado y documentado en el procedimiento, una práctica destacada por la propia Fiscalía.
En situaciones de riesgo inmediato, la prioridad debe ser pedir ayuda y garantizar la seguridad de la víctima. La conservación de pruebas no debería implicar mantener un contacto peligroso con el agresor ni responder a las comunicaciones.
Borrar ya no significa necesariamente desaparecer
La violencia digital plantea un problema que no existía con la misma intensidad hace apenas unas décadas: una agresión puede comenzar y terminar en segundos, pero dejar diferentes rastros en teléfonos, aplicaciones y servidores.
La Fiscalía está comprobando que algunos investigados intentan aprovechar las funciones que permiten eliminar mensajes para dificultar las denuncias. Sin embargo, el aviso que queda después del borrado, unido a la declaración de la víctima y al resto de las evidencias, puede seguir teniendo relevancia judicial.
La conclusión no es que todo mensaje borrado demuestre un delito, sino exactamente la contraria a una idea cada vez más extendida: pulsar “eliminar para todos” no garantiza que desaparezca la prueba de que una comunicación existió.
Y en delitos como amenazas, acoso o quebrantamiento de una prohibición de comunicación, ese pequeño rastro digital puede terminar siendo una pieza importante para reconstruir lo sucedido.