AliExpress recurrirá la multa de 550 millones de la UE: qué alega la compañía contra una sanción sin precedentes

Con la información disponible, no consta que AliExpress haya presentado todavía ningún recurso judicial contra la decisión de la Comisión Europea o ante tribunales españoles, por lo que no hay un proceso judicial en cursoadministrativa europea

Qué se ha decidido hasta ahora sobre AliExpress

Según la información publicada por la Comisión Europea en su nota de prensa oficial y ampliada por el periódico Demócrata, la situación actual es la siguiente:

• Decisión de la Comisión: el 20 de julio de 2026 la Comisión Europea impone a AliExpress una multa de 550 millones de euros por incumplir la DSA en materia de evaluación y mitigación de riesgos sistémicos vinculados a productos ilegales, inseguros o falsificados.
• Cierre de la investigación administrativa: esta sanción pone fin a la investigación abierta en marzo de 2024 sobre el funcionamiento del ‘marketplace’ del grupo Alibaba.
• Antecedente inmediato: en junio de 2025 la Comisión ya había aceptado determinados compromisos de AliExpress sobre transparencia y gestión de reclamaciones, como recoge otra comunicación oficial, pero mantuvo abierta la parte relativa a riesgos por productos ilegales, que es la que ha dado lugar a la multa actual.

Todas estas actuaciones se sitúan en el plano regulatorio europeo, no en el de la jurisdicción española, y ninguna de las fuentes consultadas (incluido el periódico Demócrata) menciona que AliExpress haya interpuesto ya un recurso ante el Tribunal General de la UE (TGUE) ni, menos aún, ante órganos jurisdiccionales españoles.

Ausencia de datos sobre un recurso judicial concreto

Ni en las comunicaciones de la Comisión ni en las crónicas de Demócrata aparece referencia a:

• Presentación efectiva de un recurso contencioso de AliExpress contra la decisión sancionadora.
• Registro del asunto en el Tribunal General de la UE (número de asunto, ponente, calendario de vistas, etc.).
• Algún procedimiento paralelo en tribunales españoles ligado a esta multa concreta por la DSA.

En consecuencia, no se dispone de información

Próximos pasos que sí están fijados: el calendario de cumplimiento

Lo que sí está claramente determinado en la decisión europea son los trámites administrativos futurosnota de la Comisión y la cobertura de Demócrata:

• Plan de actuación: AliExpress tiene de plazo hasta el 20 de octubre de 2026 para presentar a la Comisión un plan detallando cómo cumplirá plenamente las obligaciones de evaluación y mitigación de riesgos previstas en la DSA.
• Dictamen técnico: la Junta Europea de Servicios Digitales dispondrá de un mes para emitir un dictamen sobre ese plan, una vez recibido.
• Decisión final de implementación: posteriormente, la Comisión contará con otro mes adicional para adoptar una decisión definitiva sobre el plan y fijar un calendario de implantación.
• Posibles multas coercitivas: si AliExpress no ejecuta las medidas exigidas en tiempo y forma, la Comisión advierte que podría imponer multas coercitivas periódicas adicionales hasta corregir los incumplimientos.

Todo esto forma parte del procedimiento administrativo europeo normal bajo la DSA y no equivale en sí mismo a un litigio ante un tribunal, aunque, en última instancia, las decisiones de la Comisión son recurribles ante la Justicia de la UE.

Qué ocurriría si AliExpress decide recurrir

Desde el punto de vista político y regulatorio, es previsible que una compañía de este tamaño valore la interposición de un recurso ante los tribunales europeos, como ya han hecho otras grandes tecnológicas en casos de competencia o de regulación digital. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros dosieres (por ejemplo, los recursos de Google o Meta descritos por Demócrata en otros contextos), en el caso de AliExpress:

• No hay constancia pública de que se haya presentado recurso de anulación contra la decisión sancionadora.
• No se ha informado de plazos procesales abiertos en el Tribunal General o el TJUE relacionados específicamente con esta multa.

Como asistente especializado en política y regulación española, y apoyándome en la información de Demócrata y las comunicaciones oficiales de la Comisión, solo puede afirmarse que, a día de hoy, el caso se encuentra en fase de ejecución de la decisión de Bruselas y de elaboración del plan de cumplimiento, sin trazas públicas de un recurso judicial interpuesto por AliExpress cuya tramitación procesal pueda seguirse.

Henna Virkkunen es la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea responsable de la cartera de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, que concentra hoy el núcleo de la política digital de la UE. Sus competencias abarcan la regulación de plataformas, redes y nube, la aplicación de la Ley de IA, la ciberseguridad y la protección de la democracia frente a injerencias e interferencias digitales. Políticamente, procede del centro‑derecha finlandés y, según el periódico Demócrata, fue ministra de Educación y Ciencia y ministra de Administración Pública y Gobierno Local en Finlandia antes de convertirse en eurodiputada a partir de 2014 y jefa de la delegación finlandesa del Partido Popular Europeo.

Competencias en política digital, soberanía tecnológica y seguridad

En su audiencia ante el Parlamento Europeo, las comisiones de Industria y Mercado Interior la examinaron como candidata a la cartera de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia. Allí se comprometió a reforzar la independencia digital de la UE, hacer más segura la infraestructura crítica, impulsar la competitividad y reducir la burocracia para la innovación, según la nota oficial de la Eurocámara sobre su audiencia (audiencia en el Parlamento Europeo).

Su cartera concentra la aplicación y desarrollo del gran bloque normativo digital europeo:

• IA y datos: ejecución rápida de la Ley de IA y lanzamiento de “fábricas de IA” para usos industriales y servicios públicos; preparación de una futura ley de desarrollo de nube e IA orientada a soluciones energéticamente eficientes, según explicó en su audiencia.
• Redes y conectividad: impulso de una Ley de Redes Digitales para asegurar conectividad de alta velocidad y resiliente, y apoyo a la regulación europea de telecomunicaciones en coordinación con ORECE/BEREC, como reflejó su visita a la oficina de ese organismo en Riga (nota de BEREC).
• DSA y DMA: supervisa la aplicación de la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales, poniendo el foco en los efectos nocivos de las redes sociales, las prácticas de los grandes “gatekeepers” y la protección de los menores. En la investigación a Meta por permitir el acceso de menores de 13 años a Instagram y Facebook, la Comisión subraya, bajo su responsabilidad, una nueva app europea de verificación de edad basada en “prueba de conocimiento cero” (pieza de Demócrata sobre Meta y app europea de edad).
• Ciberseguridad y proveedores de alto riesgo: su departamento prepara una nueva regulación de ciberseguridad que apunta a reducir dependencias de proveedores considerados de alto riesgo, como Huawei, en redes 5G y otras infraestructuras críticas, según avanzó Demócrata (revisión regulatoria sobre dependencias tecnológicas).

En línea con esta agenda, ha advertido públicamente de que la UE “ya no puede seguir apoyándose en proveedores poco fiables” para tecnologías clave, y ha anunciado un paquete de soberanía tecnológica en chips, nube, código abierto y computación cuántica, en una intervención en el Mobile World Congress de Barcelona recogida por el periódico Demócrata (discurso en el MWC).

También ha liderado la ofensiva para limitar la presencia de Huawei y ZTE en infraestructuras europeas: en una respuesta parlamentaria, subrayó que España y otros Estados miembros pueden y deben restringir o excluir a estos actores de proyectos sensibles, en coherencia con la estrategia 5G de la UE (injerencia en contrato con Huawei y alerta sobre dependencias tecnológicas).

Entre sus otras responsabilidades relevantes que conectan lo digital y la seguridad destacan:

• Protección de infraestructuras críticas, incluida la seguridad de los cables submarinos, para los que la Comisión ha lanzado programas específicos de financiación bajo su impulso (refuerzo de cables submarinos).
• Defensa de derechos fundamentales en el entorno digital, como la diversidad lingüística y el acceso a contenidos en lenguas minoritarias, donde ha reiterado el compromiso de la Comisión con la no discriminación por razón de lengua (geobloqueo y euskera).

Trayectoria política y profesional

El perfil elaborado por el periódico Demócrata en su radiografía del nuevo Colegio de Comisarios la presenta como Licenciada en Filosofía, ministra de Educación y Ciencia entre 2008 y 2011, posteriormente ministra de Administración Pública y Gobierno Local, eurodiputada desde 2014 y jefa de la delegación finlandesa del PPE en el Parlamento Europeo (“Quién es quién en la nueva Comisión Europea” del periódico Demócrata).

Esa larga etapa en la Eurocámara explica su familiaridad con los grandes expedientes digitales (DSA, DMA, IA, datos), tal y como se refleja en su audiencia de 2024 ante las comisiones de Industria y Mercado Interior del Parlamento Europeo (audiencia parlamentaria). Desde su llegada a la Comisión, las crónicas especializadas señalan que ha heredado y unificado muchas de las funciones que antes se repartían entre la vicepresidencia de Margrethe Vestager y la comisaría de Thierry Breton en el ámbito digital, concentrando en una sola figura la agenda digital, la soberanía tecnológica y la seguridad democrática.

En distintos dosieres publicados por Demócrata sobre la soberanía digital europea se la sitúa en el centro de la estrategia de la UE para combinar competitividad tecnológica y autonomía estratégica, desde la regulación de grandes plataformas y proveedores no fiables hasta la expansión de capacidades europeas en nube, semiconductores, IA y conectividad satelital (debate sobre soberanía digital y nube y reducción de dependencias).

El Reglamento (UE) 2022/2065, conocido como Ley de Servicios Digitales (DSA), exige a las plataformas una serie de obligaciones de diligencia debida, gestión de contenidos y transparencia cuyo incumplimiento puede acarrear multas de hasta un 6 % de la facturación mundial anual. Para evitar sanciones como las que se están empezando a imponer a grandes marketplaces, una plataforma debe demostrar que tiene sistemas efectivos para gestionar contenidos ilícitos, resolver reclamaciones de usuarios, cooperar con autoridades y, si es de muy gran tamaño, evaluar y mitigar riesgos sistémicos. Además, los Estados miembros deben establecer regímenes sancionadores “efectivos, proporcionados y disuasorios” sobre la base del artículo 52 del Reglamento. El texto completo puede consultarse en el texto del Reglamento de Servicios Digitales.

Régimen sancionador: hasta el 6 % de la facturación

El artículo 52 del Reglamento establece que los Estados miembros fijarán las sanciones aplicables a las infracciones de la DSA y que estas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias. En concreto:

• Multa máxima general: hasta el 6 % del volumen de negocios anual mundial del prestador por incumplimiento de las obligaciones del Reglamento.
• Multa por información falsa o falta de cooperación: hasta el 1 % de los ingresos o volumen de negocios anual por proporcionar información incorrecta, incompleta o engañosa, o por no someterse a una inspección.
• Multas coercitivas diarias: hasta el 5 % del promedio diario del volumen de negocios mundial por cada día de incumplimiento, desde la fecha indicada en la decisión sancionadora.

Por tanto, más allá del caso concreto de AliExpress, cualquier plataforma que no acredite un cumplimiento sólido y documentado se expone a sanciones de gran impacto económico.

Obligaciones generales de las plataformas

Del propio Reglamento se desprenden varias obligaciones transversales para servicios de alojamiento de datos y plataformas en línea:

• Gestión de contenidos y decisiones motivadas: cuando una plataforma adopta decisiones sobre contenidos (retirar, bloquear, reducir visibilidad, suspender cuentas o monetización), debe informar al usuario afectado con una decisión motivada, ofrecer explicaciones y detallar las vías de recurso disponibles (mecanismos internos, resolución extrajudicial y recurso judicial).
• Cooperación ante posibles delitos: si el prestador tiene conocimiento de información que haga sospechar un delito que suponga amenaza para la vida o seguridad de personas, el artículo 18 le obliga a comunicar inmediatamente la sospecha a autoridades policiales o judiciales del Estado miembro afectado, o a Europol cuando no se pueda determinar con seguridad la jurisdicción.
• Derecho de reclamación ante la autoridad: los destinatarios del servicio pueden presentar reclamaciones ante el coordinador de servicios digitales alegando infracción del Reglamento, y este puede trasladarlas al coordinador de establecimiento (artículo 53).
• Responsabilidad civil: el artículo 54 reconoce el derecho de los usuarios a reclamar indemnización por daños derivados del incumplimiento de la DSA.

Obligaciones específicas de las plataformas en línea

La sección 3 del capítulo aplicable a plataformas en línea establece exigencias adicionales (con excepciones para micro y pequeñas empresas, según el artículo 19):

• Sistema interno de gestión de reclamaciones (art. 20): las plataformas deben ofrecer un sistema electrónico, gratuito, eficaz y de fácil uso que permita a los usuarios reclamar contra las decisiones de moderación. Este sistema debe funcionar al menos seis meses desde la decisión inicial, ser no discriminatorio y estar supervisado por personal cualificado, no solo por medios automatizados.
• Resolución extrajudicial de litigios (art. 21): los usuarios pueden acudir a órganos de resolución extrajudicial certificados; la plataforma tiene que colaborar de buena fe y facilitar acceso sencillo a esta vía, sin perjuicio del derecho a acudir a los tribunales.

Una plataforma que carezca de estos mecanismos, o los mantenga solo de forma nominal sin eficacia real ni supervisión humana adecuada, se sitúa en una zona de alto riesgo sancionador.

Obligaciones reforzadas para plataformas de muy gran tamaño

Las plataformas en línea de muy gran tamaño (VLOPs) están sujetas a un régimen reforzado de gobernanza y transparencia:

• Gobernanza interna y responsable de cumplimiento: deben designar un jefe de función de comprobación del cumplimiento encargado de cooperar con la Comisión y los coordinadores nacionales, supervisar la detección de riesgos (artículo 34), las medidas de mitigación (artículo 35) y las auditorías (artículo 37).
• Responsabilidad del órgano de dirección: la dirección debe aprobar y revisar al menos anualmente las estrategias de gestión de riesgos, dedicar tiempo suficiente a estas cuestiones y asignar recursos adecuados.
• Transparencia (art. 42): deben publicar informes, al menos cada seis meses, con información detallada sobre moderación de contenidos (recursos humanos por idioma, cualificaciones, indicadores de precisión) y sobre el promedio mensual de destinatarios por Estado miembro.

El incumplimiento de estas obligaciones sistémicas es uno de los principales focos de actuación de las autoridades cuando se plantean sanciones ejemplarizantes.

Qué debe hacer una plataforma para minimizar el riesgo de sanción

A partir de las obligaciones citadas, una plataforma que quiera evitar sanciones como la impuesta a grandes marketplaces debe, al menos:

• Implementar procedimientos claros y documentados de moderación de contenidos, con decisiones motivadas y registro de actuaciones.
• Disponer de un sistema interno de reclamaciones eficaz, accesible y supervisado por personal formado, y enlazarlo claramente desde la interfaz.
• Prever protocolos para la notificación inmediata a autoridades cuando existan sospechas de delitos graves que amenacen la vida o seguridad.
• Cooperar plenamente con coordinadores de servicios digitales y con la Comisión, ofreciendo información veraz y completa para evitar las multas específicas por obstrucción.
• En el caso de VLOPs, establecer una estructura de cumplimiento robusta, con responsable de compliance DSA, evaluaciones de riesgo periódicas, medidas de mitigación y transparencia reforzada.

El cumplimiento no solo exige tener normas internas, sino poder demostrar ante la autoridad que los sistemas funcionan en la práctica y reducen de forma efectiva los riesgos para usuarios y para el mercado digital.