QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
Este viernes, desde Asaja Extremadura se ha lanzado una advertencia sobre los planes de Bruselas de eliminar las subvenciones destinadas a los cultivadores de tabaco y los productores de vino, así como a los agricultores que deseen retirarse. Esta información proviene de un borrador preliminar presentado por la Comisión Europea el 16 de julio, que propone estas medidas como fundamentales para el próximo ciclo presupuestario de la PAC entre 2028 y 2034.
«Si sale adelante el planteamiento, la soberanía alimentaria europea estará en peligro dado que será prácticamente imposible seguir siendo agricultor», ha declarado Ángel García Blanco, presidente de la organización, durante una conferencia de prensa en Cáceres.
El borrador detalla una reducción presupuestaria superior al 22 por ciento respecto al actual, lo que equivale a cerca de 80.000 millones de euros, integrando todos los fondos de la PAC en una estructura de fondos interconectados. Además, se prevé mantener un fondo regulador para el sector agrícola y apoyos económicos para los agricultores en casos de catástrofes, incluyendo un pago máximo de 3.000 euros para pequeños agricultores y otro para zonas con desventajas naturales.
«Sin embargo, al realizar un estudio detallado nos encontramos con dos sorpresas muy desagradables para Extremadura», indicó García Blanco. En Extremadura, la eliminación del cultivo de tabaco se debe a la supresión de las ayudas agroambientales que representan 800 euros por hectárea, cantidad que aumenta a 1.000 euros si se emplea biomasa para el secado. Además, se eliminaría la región específica número 10, dedicada exclusivamente al tabaco, afectando a casi 8.000 hectáreas y resultando en una pérdida de 1.430 euros por hectárea, incluyendo la ayuda básica y redistributiva.
Esto afectaría a aproximadamente 1.200 cultivadores que dejarían de recibir 19 millones de euros, sumado a un incremento de «casi un 300 por ciento por cien en impuestos que pretende la Unión Europea». Adicionalmente, la UE también planea retirar cualquier apoyo al sector vitivinícola, que abarca cerca de 83.000 hectáreas en la región.
Finalmente, la Comisión Europea tiene planes de hacer incompatible el cobro de pensiones con la actividad agraria, situación que, según García Blanco, complicará la vida de los agricultores si se les impide continuar con sus pequeñas explotaciones, especialmente ante la falta de relevo generacional. El Parlamento Europeo tiene ahora la responsabilidad de considerar estos cambios y la propuesta de la presidenta Ursula von der Leyen, que según el presidente de Asaja, «debería de marcharse para su casa» y enfrenta un posible otoño conflictivo con protestas agrícolas.
