Este viernes, la Comisión Europea ha efectuado la transferencia del quinto segmento del plan de recuperación y resiliencia a España, asignando un total de 23.100 millones –8.000 millones en subvenciones y 16.000 en préstamos–. Sin embargo, este monto se vio reducido en 1.000 millones debido a que el Gobierno no cumplió con dos objetivos críticos: la subida fiscal al diésel y las inversiones necesarias para la digitalización de entidades regionales y locales.
De acuerdo con una declaración del órgano europeo, este financiamiento está destinado a fomentar el desarrollo de energías renovables, la reducción de la burocracia y el aumento de la eficiencia judicial. Además, se destinarán recursos para mejorar la infraestructura del transporte ferroviario de corto alcance y para fortalecer la ciberseguridad.
Junto con España, también reciben fondos Italia, Portugal, Chipre y Malta, sumando un desembolso global de aproximadamente 43.000 millones del plan desarrollado para mitigar los efectos de la crisis económica provocada por el COVID-19.
A principios de julio, desde la Comisión Europea se reportó que más de 1.000 millones de este desembolso permanecerían «en suspenso» hasta que España logre los hitos faltantes, contando ahora con un periodo adicional para alcanzar estos objetivos.