El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha reclamado este miércoles que el decreto ley sobre vivienda se someta "ya" al examen del Congreso de los Diputados, aun sin tener garantizada una mayoría suficiente para sacarlo adelante, y ha insistido en que los grupos parlamentarios que se resisten a respaldarlo "paguen el precio" político y social si optan por tumbarlo.
En una entrevista en TVE recogida por Europa Press, Bustinduy se ha referido al retraso en la tramitación de esta norma —anunciada inicialmente antes del parón de agosto— para subrayar que, por su parte, defendió "por activa y por pasiva, en público y en privado" que la iniciativa debía haberse llevado a la Cámara Baja a finales de julio.
"El argumento es siempre el mismo: que la mayoría es muy complicada y que Junts, y en este caso Podemos también ha expresado algunas reticencias, no lo va a apoyar", ha señalado el titular de Derechos Sociales, aludiendo a las dificultades aritméticas que esgrime el Ejecutivo.
Cuestionado por las razones del bloqueo en las conversaciones, Bustinduy ha sostenido que, aunque el decreto "se podría matizar" o retocar en función de las exigencias concretas de los grupos clave para su convalidación, hay formaciones que responden a "otros intereses y otros objetivos".
En esta línea, ha acusado a esos partidos de negarse a "intervenir el mercado de la vivienda", a "propiciar alivio a los inquilinos" o a "acabar con el fraude de los pisos de temporada, de habitaciones o de los pisos turísticos", al entender que están "sirviendo otros intereses o persiguiendo los suyos propios".
Ante este escenario, el ministro ha defendido que no se demore más la decisión y que el texto llegue ya al Pleno. "Hay que llevarlo ya. Y que haya presión política y social sobre esos grupos parlamentarios para que no puedan permitirse tumbarlo. Y que si lo tumban, que paguen el precio, que no se vayan de rositas", ha recalcado.
“BLINDAN LOS INTERESES DE QUIEN SE ESTÁ FORRANDO”
Bustinduy ha negado que la postura de algunos socios parlamentarios obedezca a un intento de desgastar al Gobierno o a conflictos personales. "Lo hacen porque están blindando los intereses de quien se está forrando con la crisis de vivienda", ha afirmado, subrayando que el problema habitacional en España no es fruto de la casualidad.
"La crisis de vivienda tampoco es una crisis meteorológica, no es de ¡Ay, qué mal está la vivienda! ¡Vaya por Dios!", ha censurado el ministro, contraponiendo la situación de quienes no pueden asumir una renta a los beneficios obtenidos por grandes tenedores e inversores.
A su juicio, el "malestar y la angustia de millones de ciudadanos que no pueden pagar un alquiler, que no se pueden ir de su casa, que están compartiendo piso a los 45 años porque no pueden irse a vivir solos o que no se pueden comprar una vivienda" se convierten en "el lucro y el beneficio de quien está del otro lado, de quien se está forrando, en gran medida fondos internacionales".
“INCOMPRENSIBLE” ABSTENCIÓN DEL PSOE ANTE LA INICIATIVA DE SUMAR
Durante su intervención, Bustinduy ha cargado también contra el desenlace de la votación celebrada este martes en el Congreso sobre una proposición impulsada por Sumar para limitar la compra de inmuebles por parte de fondos de inversión.
En concreto, el Pleno rechazó, gracias a la abstención del PSOE, admitir a trámite una proposición de ley de Sumar que pretendía impedir que empresas y fondos de inversión adquirieran viviendas y reservar su compra exclusivamente a personas físicas.
"Ayer el Congreso votó una ley que presentó Sumar para prohibir que los fondos de inversión compren más vivienda en España. El PP y Vox votaron en contra y el Partido Socialista, de manera incomprensible, se abstuvo", ha lamentado Bustinduy.
Ante este panorama, el ministro ha dejado claro que seguirá promoviendo cambios normativos. "Yo no me voy a cruzar de brazos y a decir ahí no se puede hacer nada, vaya por Dios. No, no. Yo quiero llevar las leyes al Congreso de los Diputados, estando en vigor, protegiendo a la gente, como hicimos con la prórroga (de alquileres), y que haya presión social y política suficiente para que o no puedan votar en contra o paguen el precio de hacerlo, que es como funciona una democracia, rindiendo cuentas", ha concluido.