La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha emitido una recomendación para aumentar la competencia en los sistemas de gestión de aceites industriales usados, según comunicó este viernes.
Esta propuesta se incluye en dos informes sobre proyectos normativos solicitados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, abarcando tanto el Proyecto de Real Decreto sobre aceites industriales y sus residuos como el Proyecto de Orden Ministerial sobre escorias de fundición.
Estos informes se alinean con la actualización legislativa en gestión de residuos y la implementación de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sobre residuos y suelos contaminados para una economía circular.
SUGIERE UN ÚNICO CONVENIO POR ADMINISTRACIÓN
El Proyecto de Real Decreto, que actualizará la normativa de 2006, regula la recolección y tratamiento de aceites usados, acorde con la Directiva Marco de Residuos y la Ley de Economía Circular. Esta normativa impone a los productores la obligación de gestionar estos residuos, ya sea directamente o a través de Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAPs).
La CNMC recomienda regular la convivencia entre diversos SCRAPs y propone un único convenio por administración que reparta responsabilidades y costes basados en la cuota de mercado, y sugiere eliminar la restricción del plazo máximo de un año para firmarlo. Además, aboga por una selección de gestores ‘transparente y no discriminatoria’, aplicando el principio de proximidad sin limitar la competencia.
Asimismo, sugiere prevenir el intercambio de información sensible entre los SCRAPs mediante controles adecuados y facilitar el cambio de SCRAP a los productores sin imponer compensaciones excesivas, además de agilizar las autorizaciones a través del silencio administrativo positivo.
Por otro lado, el Proyecto de Orden Ministerial establece criterios para que ciertos materiales, tras su procesamiento, dejen de considerarse residuos y se puedan reutilizar en construcción, entre otros usos. La CNMC valora el avance hacia el reciclaje y reutilización, aunque señala barreras que sugiere eliminar o flexibilizar para reducir las cargas administrativas.
Finalmente, la Comisión recomienda una interpretación flexible del requisito de ‘existencia de demanda’, facilitando así la entrada a nuevos operadores en el mercado.