El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) ha avalado por unanimidad el proyecto de ley catalana de cámaras de comercio, despejando así uno de los últimos obstáculos para que la norma pueda retomar su tramitación en el Parlament tras el verano.
El dictamen responde a la petición formulada en julio por Comuns y CUP, que habían cuestionado varios aspectos del texto relacionados con la representación institucional, la Formación Profesional y las denominadas "sillas de plata", las vocalías reservadas a las empresas que realizan las mayores aportaciones económicas.
El órgano consultivo no aprecia problemas de constitucionalidad ni de adecuación al Estatut en ninguno de estos puntos, lo que permite que una reforma pendiente desde hace años vuelva a avanzar en la Cámara catalana.
Una ley pendiente desde hace una década
Cataluña lleva alrededor de diez años intentando actualizar su regulación de las cámaras de comercio y continúa siendo la única comunidad autónoma que no ha adaptado plenamente su normativa tras la supresión del recurso cameral permanente en 2010.
El proyecto se encuentra ya en una fase avanzada de tramitación parlamentaria y el dictamen del Consell de Garanties elimina las principales dudas jurídicas planteadas antes del parón estival.
La intención es que el Parlament pueda retomar el procedimiento con el inicio del nuevo curso político.
El aval a las "sillas de plata"
Uno de los puntos más discutidos era el relativo a las llamadas "sillas de plata", los puestos del pleno cameral reservados a empresas que realizan una aportación económica adicional.
El Consell considera que este sistema no vulnera ni el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la Constitución ni las reglas de funcionamiento democrático de las cámaras previstas en el artículo 52.
La cuestión adquiere especial relevancia en la Cámara de Comercio de Barcelona, la más importante de las 13 cámaras catalanas. A partir del próximo mandato, su pleno contará con ocho vocalías de pago, frente a las dos actuales.
Las próximas elecciones camerales están previstas para el año que viene.
Las cámaras podrán participar en órganos públicos
El dictamen también respalda que las cámaras puedan estar presentes en órganos administrativos, públicos y público-privados cuando se aborden cuestiones relacionadas con los intereses generales del comercio, la industria, los servicios y la navegación.
El CGE considera que esta presencia no invade las funciones específicas que corresponden a sindicatos y patronales como agentes sociales.
Según el órgano consultivo, las cámaras no adquieren con esta regulación una condición equivalente a la de sindicatos y organizaciones empresariales ni pueden sustituir su papel en ámbitos como la negociación colectiva o la representación institucional de trabajadores y empresarios.
El proyecto atribuye a las cámaras funciones de "carácter general" que deberán concretarse posteriormente mediante desarrollo normativo.
Sin perjuicio para sindicatos y patronales
El Consell señala que el reconocimiento de un papel institucional a las cámaras es compatible con la posición singular que la Constitución y el Estatut reservan a los agentes sociales.
El dictamen sostiene que la regulación no concede a las entidades camerales "una posición de interlocutores sociales que excluya o perjudique" a sindicatos y patronales.
Al contrario, interpreta que el legislador puede fomentar la participación de las cámaras en aquellos órganos donde se debatan materias directamente relacionadas con los sectores económicos a los que representan, siempre dentro del marco establecido por la normativa catalana y estatal.
También avala su papel en la Formación Profesional
El tercer gran asunto analizado por el Consell de Garanties es la participación de las cámaras de comercio en el ámbito de la Formación Profesional.
El órgano consultivo respalda que puedan intervenir tanto en determinadas actuaciones relacionadas con la FP como en el reconocimiento de competencias profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral.
Este punto también había generado dudas entre los grupos que solicitaron el dictamen, pero el CGE no aprecia incompatibilidades jurídicas en la configuración prevista por el proyecto.
Camino despejado para la aprobación
Con el pronunciamiento del Consell de Garanties, el proyecto queda en disposición de retomar su recorrido parlamentario.
El aval no implica por sí mismo la aprobación definitiva de la norma, pero sí elimina el principal interrogante jurídico que mantenía suspendido temporalmente su avance.
Si la tramitación continúa según lo previsto, el Parlament podrá abordar la fase final de una reforma largamente pendiente y actualizar finalmente el marco legal de las cámaras de comercio catalanas.