El 32,9% de los hogares jóvenes caería en situación de pobreza si se midiera su renta disponible una vez abonados los gastos de vivienda, de acuerdo con una monografía de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie). Sin descontar esos costes residenciales, el riesgo se sitúa en el 24,5%.
El documento subraya que los jóvenes emancipados de entre 16 y 34 años destinan de media casi un 29% de los ingresos familiares a la vivienda, es decir, unos diez puntos más que quienes superan los 34 años. Este mayor esfuerzo se explica porque, en su mayoría, residen en alquiler de mercado, el régimen “que exige un mayor esfuerzo económico”.
Como resultado, la tasa de pobreza de los hogares jóvenes escala hasta el 32,9% tras restar los gastos de vivienda, 9,9 puntos por encima de la del conjunto de la población (23%). En los hogares encabezados por personas inmigrantes, el porcentaje se dispara hasta el 52,3%.
El estudio vincula esta realidad al desajuste entre la formación de nuevos hogares y el ritmo de construcción. Entre 2021 y 2025 se levantaron 454.000 viviendas nuevas frente a 965.000 hogares creados, lo que implica que España solo ha producido el 45% de las viviendas necesarias para absorber la nueva demanda.
En este contexto, el informe alerta de que la edificación residencial continúa lejos de los niveles previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. Factores como la falta de mano de obra cualificada, la complejidad de los trámites urbanísticos y los cambios demográficos dificultan una respuesta ágil de la oferta.
Además, el 56% de los hogares en España está compuesto por una o dos personas, lo que eleva el número de viviendas requeridas y reduce el de perceptores de renta por hogar.
El análisis también señala que la demanda se concentra en las grandes áreas metropolitanas y en los principales polos turísticos, donde las tensiones sobre los precios son más intensas. Madrid, Cataluña, Comunitat Valenciana y Andalucía reúnen ya al 60% de la población del país, mientras que provincias como Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante y Málaga soportan gran parte de la presión sobre el mercado residencial.
Jóvenes e inmigrantes, los más golpeados
El informe identifica a los jóvenes y a la población inmigrante como los colectivos que padecen con mayor crudeza las dificultades de acceso a la vivienda. En el caso de los primeros, la edad media de emancipación se sitúa ya en los 30 años, cuatro más que la media de la Unión Europea. La inestabilidad laboral, los sueldos reducidos, el retraso en la recepción de herencias y los mayores obstáculos para lograr financiación hipotecaria explican, según los autores, esta situación.
Se hunde la propiedad entre los jóvenes
En la actualidad, el 45% de los hogares jóvenes reside en alquiler de mercado, mientras que la proporción de jóvenes propietarios ha pasado del 65% en 2008 al 40,8% en 2025, casi 20 puntos menos.
Asimismo, el 19,6% de los jóvenes dedica más del 40% de su renta a la vivienda, frente al 9% de la media nacional. Entre los inmigrantes, esa sobrecarga alcanza el 25,8%.
La situación es especialmente severa para los inmigrantes llegados por motivos laborales. El 63,4% vive de alquiler y solo el 23,9% dispone de vivienda en propiedad. El estudio apunta que sus menores niveles de ingresos, ahorro y patrimonio familiar, sumados a una mayor presencia en empleos de baja remuneración, obstaculizan el acceso a la compra. Como consecuencia, el 25,8% de los inmigrantes soporta una sobrecarga de vivienda, casi el triple de la media nacional.
El alquiler casi se duplica
Según el informe, las dificultades para comprar vivienda por el encarecimiento de los precios y unas hipotecas más exigentes han impulsado el peso del alquiler. En las dos últimas décadas, el número de hogares arrendados casi se ha duplicado, pasando de 2,1 millones a 3,9 millones, hasta suponer el 20,2% del total.
El esfuerzo económico es mayor para quienes viven de alquiler. De media, el gasto en vivienda representa el 18,8% de la renta disponible de los hogares, pero sube al 34,2% en los alquileres a precio de mercado y se sitúa en el 24,2% entre quienes pagan hipoteca. En cambio, baja al 17,7% en el alquiler social o de precio reducido y al 9,9% en los hogares propietarios sin deuda hipotecaria.
Esta carga afecta sobre todo a las rentas más bajas: el 31,3% de las personas del quintil inferior de ingresos destina más del 40% de sus recursos a la vivienda, frente a menos del 2% entre los hogares con mayores ingresos. Entre quienes están en riesgo de pobreza, casi seis de cada diez inquilinos del mercado libre realizan un sobreesfuerzo para afrontar los gastos de alojamiento.
Falta de vivienda social
En relación con el parque de vivienda social, el informe recuerda que en España solo representa el 3,5% del total, menos de la mitad de la media europea, situada en torno al 8%. Para alcanzar ese umbral sería necesario incorporar unas 900.000 viviendas adicionales destinadas al alquiler social.
Según el estudio, ese aumento permitiría ofrecer una alternativa habitacional adecuada a cerca del 40% de los hogares que hoy viven en alquiler de mercado y sufren una sobrecarga excesiva de gastos. No obstante, advierte de que este objetivo exige políticas sostenidas en el tiempo y una actuación coordinada de todas las administraciones.
Medidas para aliviar la escasez
Entre las propuestas, el trabajo sugiere impulsar la construcción industrializada, acelerar la tramitación de licencias mediante herramientas digitales, flexibilizar ciertas regulaciones urbanísticas y reforzar la coordinación entre administraciones para agilizar el desarrollo de nueva vivienda.
También plantea que el sector público adquiera o gestione parte del parque privado con el fin de ampliar la oferta de alquiler asequible. Entre las vías contempladas figuran acuerdos con grandes tenedores para alquilar viviendas por debajo del precio de mercado, la incorporación al parque público de inmuebles procedentes del Fondo Social de Vivienda o de la Sareb, así como la compra de viviendas o edificios mediante mecanismos de tanteo y retracto.
Finalmente, el informe defiende la conveniencia de un pacto de Estado que permita articular una política de vivienda estable y duradera, centrada en la ampliación del parque de alquiler social y en la evaluación continua de las medidas públicas para corregir los problemas de acceso a la vivienda.