El FMI rebaja al 3% el crecimiento mundial por la guerra en Irán y cree que España crecerá más del doble que la eurozona

El FMI ajusta a la baja el crecimiento global de 2026 y mejora 2027 por el choque entre la guerra en Oriente Próximo y el auge de la inteligencia artificial

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La directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva. Michael Calabro/World Economic F / DPA

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El Fondo Monetario Internacional (FMI) rebaja sus previsiones de crecimiento de la economía mundial por la guerra en Oriente Medio. La institución que preside Kristalina Georgieva rebaja una décima, hasta el 3%, el crecimiento del PIB mundial.

El Fondo justifica su decisión para incorporar los efectos de la guerra en Oriente Próximo y al impulso del nuevo ciclo tecnológico global vinculado a la inteligencia artificial (IA). Para 2027, en todo caso, eleva dos décimas, hasta el 3,4%, su previsión de crecimiento respecto a las previsiones publicadas en abril.

En su análisis de la economía mundial, el FMI aprecia mejoras en algunos exportadores de energía y en economías muy integradas en la cadena de valor tecnológica internacional, frente a retrocesos en los importadores de materias primas que no estén bien situados para aprovechar el tirón de la actividad asociada a la IA.

España, más del doble que la eurozona 

Respecto a España, el FMI prevé que siga liderando en 2026 y 2027 el crecimiento entre las grandes economías de la zona euro, con un aumento del PIB del 2,1%. Para 2027, el FMI conserva sin cambios una expansión del 1,8%.

Para el área del euro, la institución rebaja en dos décimas la previsión de crecimiento del PIB en 2026, hasta el 0,9%, recortando las estimaciones para varias de sus potencias, como Francia y Alemania, mientras que mantiene sin variación el 1,2% estimado para 2027.

El ajuste a la baja en la eurozona obedece al menor dinamismo esperado en sus dos mayores economías. En el caso de Alemania, el FMI sitúa ahora el aumento del PIB en el 0,7% en 2026 y en el 1% en 2027, lo que supone recortar en una décima la proyección previa para este ejercicio y en dos décimas la del siguiente.

Respecto a Francia, las nuevas estimaciones del Fondo apuntan a un crecimiento del 0,6% este año, tres décimas menos que lo calculado en abril, y mantienen sin cambios el avance del 0,9% para 2027. Por su parte, Italia conserva una previsión de expansión del 0,5% tanto para 2026 como para 2027.

Avanzadas, emergentes y en desarrollo

Para las economías avanzadas, la institución que dirige Kristalina Georgieva prevé un aumento del PIB del 1,7% en 2026 y del 1,8% en 2027, lo que supone una rebaja de una décima para el primer año y una mejora equivalente para el segundo.

En Estados Unidos, mantiene una expansión del 2,3% en 2026 y eleva en una décima la de 2027, hasta el 2,2%, apoyada en el estímulo fiscal, unas condiciones financieras todavía favorables y la inversión empresarial ligada a la tecnología, con un impacto limitado de la guerra gracias a su condición de exportador neto de energía.

Para las economías emergentes y en desarrollo, el informe anticipa que el crecimiento se moderará al 3,8% en 2026, antes de repuntar al 4,5% en 2027, frente al 3,9% y el 4,2% proyectados en abril. El FMI tiene en cuenta la distinta dependencia de las materias primas, la exposición geográfica a la guerra, el peso de las remesas y del turismo, la sensibilidad a las condiciones financieras y la posición en la cadena tecnológica mundial.

En China, el Fondo espera que el avance del PIB se desacelere al 4,6% en 2026, por encima del 4,4% previsto en abril, y al 4,1% en 2027, una décima más que en la anterior estimación. Para India, calcula un crecimiento del 6,4% en 2026 y del 6,7% en 2027, lo que supone recortar una décima la previsión para 2026 y mejorar en dos décimas la de 2027 respecto a abril.

En relación con la inflación mundial, el FMI prevé que la tasa general suba del 4,1% en 2025 al 4,7% en 2026 por el encarecimiento de la energía y los alimentos, antes de bajar al 3,9% en 2027. Así, eleva en tres décimas su previsión de inflación para 2026 y en dos décimas la de 2027 frente al informe de abril.

Al mismo tiempo, el organismo considera que la inflación subyacente solo volverá gradualmente al objetivo en varias grandes economías: a mediados de 2027 en el Reino Unido, a finales de 2027 en Japón y Estados Unidos, y a comienzos de 2028 en la zona euro.

No obstante, advierte de que la trayectoria de los precios seguirá siendo dispar entre países, por las diferencias en la transmisión del tipo de cambio, la persistencia de la inflación en servicios, la situación de los mercados laborales y la creciente relevancia de factores específicos de cada economía.

Riesgos a la baja y papel de la IA

En su revisión, el FMI subraya que “los riesgos están más equilibrados que en abril, pero aún se inclinan a la baja”. A su juicio, la amenaza más inmediata para el escenario central procede de la evolución del conflicto en Oriente Próximo: una nueva escalada geopolítica dañaría el crecimiento y reforzaría las presiones inflacionistas, mientras que una reapertura del estrecho de Ormuz más fluida de lo previsto podría abaratar las materias primas y favorecer la actividad.

Por el lado positivo, la institución admite que el crecimiento podría sorprender al alza a corto plazo si la inversión ligada a la IA se mantiene inusualmente intensa o si las condiciones financieras se relajan aún más, “lo que seguiría contrarrestando los obstáculos derivados de las tensiones geopolíticas”, la fragmentación comercial y la debilidad de las políticas económicas.

Sin embargo, alerta de que el fuerte entusiasmo por la IA y la “euforia” en los mercados financieros pueden, al mismo tiempo, generar vulnerabilidades y “sembrar las semillas de la inestabilidad macrofinanciera”.

Recomendaciones de política monetaria

En este contexto, la guerra obliga a los responsables económicos a gestionar complejas disyuntivas entre contener la inflación, sostener la actividad y proteger a los hogares más vulnerables, mientras que el auge de la IA añade presión alcista sobre los precios, sostiene el consumo a corto plazo y eleva la exposición del sistema financiero a nuevos riesgos.

El FMI considera que la prioridad de la política económica es manejar el impacto inmediato de estas perturbaciones y, al mismo tiempo, reforzar la resiliencia frente a cómo puedan evolucionar en el futuro. Para ello, reclama respuestas adaptadas a cada país, que tengan en cuenta la distinta dinámica inflacionaria, el margen fiscal disponible y las fragilidades financieras, junto con una renovada cooperación internacional.

En el ámbito monetario, el Fondo recomienda que los bancos centrales sigan centrados en garantizar la estabilidad de precios. Cuando las presiones inflacionistas sean visibles pero se consideren transitorias y las expectativas permanezcan ancladas, los bancos centrales deberían mantener los tipos de interés reales prácticamente estables durante un periodo razonable, lo que podría exigir subir los tipos nominales.

Si, por el contrario, una inflación más alta se combina con un repunte de la demanda derivado del impulso tecnológico, las autoridades monetarias podrían verse obligadas a ir más allá y adoptar medidas adicionales para evitar el sobrecalentamiento de la economía.

En un entorno de elevada incertidumbre, el FMI subraya que la comunicación se convierte en una herramienta clave de política monetaria y que los bancos centrales deben explicar con claridad cómo los datos que reciben modifican el equilibrio de riesgos.

“Preservar la independencia legal y operativa sigue siendo esencial, sobre todo cuando el episodio inflacionario pospandémico ya ha puesto a prueba la credibilidad”, añade el organismo, subrayando que blindar la política monetaria frente a presiones políticas y a la influencia fiscal es imprescindible para poder mantener, si fuera necesario, unas condiciones restrictivas hasta que la inflación regrese de forma sostenible al objetivo.

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CONTENIDO GENERADO CON IA

¿En qué estado se encuentran los trámites parlamentarios para la aprobación de nuevas políticas económicas recomendadas por el FMI en la Unión Europea?

En la actualidad no existe en la Unión Europea un trámite parlamentario único y específico para “aprobar las nuevas políticas económicas recomendadas por el FMI”. El Fondo Monetario Internacional actúa como asesor: formula recomendaciones sobre consolidación fiscal, gobernanza y reformas, pero no presenta proyectos legislativos en la UE. Lo que sí está en marcha es la aplicación del nuevo marco de gobernanza fiscal europeo, ya aprobado por el Parlamento Europeo y el Consejo, y una serie de iniciativas fiscales y presupuestarias propias de la UE que, en algunos casos, van en la misma dirección que las recomendaciones del FMI, pero no se tramitan formalmente “como paquete FMI”.

1. Papel del FMI: recomendaciones, no legislación

El propio FMI recuerda que su función es de “surveillance”, es decir, supervisión y asesoramiento, sin capacidad legislativa en la UE, según su ficha institucional sobre vigilancia económica, accesible en la web del organismo a través de este [enlace]. En el caso de la eurozona, el último informe del Artículo IV rebaja el crecimiento al 0,9% en 2026 y pide más ajuste fiscal estructural y aplicación estricta de las reglas fiscales, pero lo hace en forma de recomendaciones dirigidas a gobiernos y autoridades europeas, no como propuesta normativa vinculante, tal y como detalla Demócrata en este análisis.

En otra pieza de Demócrata, el FMI expone ante el Eurogrupo la necesidad de reforzar productividad, competitividad y financiación de bienes públicos europeos, en el contexto de la crisis energética, pero de nuevo se trata de una presentación de conclusiones y recomendaciones, no de un expediente legislativo, como explica esta crónica.

2. Nuevo marco de gobernanza fiscal de la UE: ya aprobado

El gran cambio en gobernanza fiscal europea no nace directamente del FMI, sino de la reforma impulsada por la Comisión y aprobada por Parlamento Europeo y Consejo en 2024. Según las “Preguntas y respuestas sobre la revisión de la gobernanza económica” de la Comisión Europea (Q&A sobre gobernanza económica), la legislación fue adoptada en abril de 2024 y el nuevo marco entró en vigor el 30 de abril de 2024. Ya no está en trámite: está vigente.

Este marco mantiene los valores de referencia de déficit del 3% del PIB y deuda del 60%, pero introduce una supervisión basada en riesgo, trayectorias de gasto neto específicas por país y planes fiscales estructurales a medio plazo. La AIReF española ha emitido una opinión técnica sobre esta reforma y su implementación, disponible en este documento y en otra nota sobre el cumplimiento de las nuevas reglas fiscales ([enlace]).

3. Consejo y Semestre Europeo: recomendaciones país por país

El Consejo de la UE no tramita ahora un “paquete FMI”, sino que aplica el nuevo marco revisado mediante el Semestre Europeo. En 2025, el Consejo adoptó las recomendaciones específicas por país (CSR) sobre políticas económicas, sociales y fiscales, exigiendo a los Estados respetar la tasa máxima de crecimiento del gasto neto y, a los que están en procedimiento de déficit excesivo, endurecer notablemente sus políticas fiscales. Todo ello figura en la nota “European Semester 2025: Council adopts country-specific recommendations”, disponible en este comunicado.

En sus comparecencias, la Comisión insiste en que este nuevo marco permite consolidar sin sacrificar inversión. Así lo subraya Valdis Dombrovskis en sus observaciones al Eurogrupo de diciembre de 2024, donde señala que la Comisión comparte el énfasis del FMI en reconstruir amortiguadores fiscales pero dentro del nuevo marco europeo (declaración de Dombrovskis).

4. Eurogrupo: coordinación política, no cámara legislativa

El Eurogrupo y el Ecofin actúan como foros de coordinación de políticas fiscales nacionales y de seguimiento del marco fiscal europeo, pero no son órganos legislativos independientes del Consejo. En las últimas reuniones, según la Comisión (declaraciones del Eurogrupo de junio de 2026 y rueda de prensa de Gentiloni en el Ecofin), los ministros han debatido la postura fiscal, los procedimientos de déficit excesivo y la aplicación de las nuevas normas, todo ello en diálogo con el FMI, pero sin que ello se traduzca en un nuevo texto legislativo nacido de Washington.

5. Iniciativas fiscales específicas en curso

En paralelo, la UE tramita reformas fiscales propias (algunas alineadas con recomendaciones técnicas internacionales, pero no atribuibles solo al FMI):

  • El Consejo ha aprobado la Directiva DAC9 para extender la cooperación e intercambio de información sobre el impuesto mínimo global de sociedades (nota del Consejo).
  • La Comisión ha lanzado un “paquete omnibus” de simplificación fiscal y de productos energéticos, que empresas y patronales consideran un avance hacia una arquitectura fiscal más simple, como expone BusinessEurope en este comunicado y la propia Comisión en su Q&A sobre simplificación ([enlace]), línea recogida también en Demócrata en esta noticia.
  • El Parlamento Europeo impulsa resoluciones sobre harmonización y simplificación fiscal, como la petición de una arquitectura fiscal más simple de 2025 (resolución sobre arquitectura fiscal) o la reciente llamada a revisar la exención del IVA en servicios financieros, aprobada con 418 votos a favor (información de Demócrata).

En todos estos casos, el procedimiento legislativo ordinario (propuesta de la Comisión, codecisión del Parlamento y el Consejo) se basa en prioridades comunitarias y compromisos internos, aunque pueda estar influido por el diagnóstico del FMI. No obstante, según la documentación disponible, no hay en 2026 un “trámite parlamentario de la UE” cuya finalidad formal sea “aprobar las nuevas políticas económicas recomendadas por el FMI”.

¿Qué cambios concretos introduce el nuevo marco de gobernanza fiscal de la UE respecto al antiguo Pacto de Estabilidad y Crecimiento? ¿Cómo está aplicando España estas nuevas reglas fiscales europeas y qué ha dicho la AIReF al respecto? ¿Qué mayorías y pasos serían necesarios si la UE quisiera crear un Consejo Fiscal Europeo independiente como el que propone el FMI?

¿Cuáles son las competencias específicas de Kristalina Georgieva como directora gerente del FMI según sus estatutos?

Según los estatutos del FMI, Kristalina Georgieva como directora gerente no tiene un “poder político propio” separado del órgano colegiado, sino que actúa como cabeza del personal y gestiona el negocio ordinario del Fondo bajo la dirección y el control general del Directorio Ejecutivo. Los Articles of Agreement y los By-Laws la definen como máxima responsable operativa y administrativa, pero las decisiones estratégicas (programas con países, uso de recursos, cambios normativos) corresponden a la Junta de Gobernadores y al propio Directorio Ejecutivo. Sus competencias específicas se concentran en organizar y dirigir al personal, ejecutar las decisiones de los órganos de gobierno y asegurar que ella y su equipo actúan con lealtad exclusiva hacia el Fondo. En síntesis, es una posición de enorme influencia práctica, pero jurídicamente encuadrada y limitada por el mandato que fijan los estatutos y por la supervisión constante del Directorio Ejecutivo.

Marco jurídico básico

El estatuto del FMI se recoge en los Articles of Agreement, accesibles en la web oficial del Fondo (Articles of Agreement y su versión en PDF en texto consolidado). En ellos se establece la estructura de gobierno (Junta de Gobernadores, Directorio Ejecutivo y Directora Gerente) y se fija que el Directorio Ejecutivo dirige la gestión general del Fondo. La figura del Managing Director aparece como el jefe del personal y responsable de la conducción de los asuntos corrientes, siempre “bajo la dirección del Directorio Ejecutivo” y “sujeto a su control general”, como se recoge en compilaciones de los textos originales, por ejemplo en esta versión.

Los By-Laws (reglamento interno) desarrollan cuestiones de funcionamiento: nombramiento, duración del mandato, relación con el personal y participación en las reuniones de los órganos de gobierno. Aunque el detalle técnico se encuentra en la documentación interna del FMI, el esquema general coincide con este patrón: el Directorio Ejecutivo nombra y puede cesar a la directora gerente, define su remuneración y establece el marco de supervisión.

Funciones específicas

Las funciones concretas que los estatutos atribuyen a Georgieva como directora gerente pueden agruparse así:

  • Jefatura del personal: es la máxima responsable del conjunto de funcionarios del FMI. Dirige su trabajo, asigna responsabilidades y organiza la estructura interna del Fondo, procurando “los más altos niveles de eficiencia”, de acuerdo con la formulación recogida en las referencias jurídicas citadas.
  • Gestión del “negocio ordinario”: conduce la actividad diaria del FMI (seguimiento económico, preparación de informes, negociación técnica con países, etc.) para ejecutar las decisiones que adopta el Directorio Ejecutivo. Cuando, por ejemplo, el Fondo revisa las perspectivas de crecimiento global o emite recomendaciones a España sobre vivienda y pensiones —como cuenta el periódico Demócrata en análisis recientes sobre el FMI (panorama global y recomendaciones a España)— es el equipo técnico dirigido por la directora gerente quien coordina ese trabajo, pero las orientaciones estratégicas emanan del Directorio.
  • Nombramiento y gestión del personal: puede contratar y cesar a miembros del staff, siempre “sujeto al control general del Directorio Ejecutivo”. El caso de los altos cargos que trabajan directamente con ella, como el subdirector gerente y su entorno más inmediato, ilustra esta función: Demócrata ha descrito cómo la propia Georgieva propone a su “número dos”, que luego debe ser confirmado por el Directorio (nombramiento de la cúpula ejecutiva).
  • Participación en los órganos de gobierno: puede asistir y participar en las reuniones de la Junta de Gobernadores, pero los textos señalan que no tiene voto en ese órgano; su papel allí es presentar informes, explicar la situación del Fondo y canalizar la información que procede del equipo técnico.
  • Representación externa y voz pública: aunque esta función es más política que estatutaria, se deduce de su rol ejecutivo. Es la cara del FMI ante gobiernos, mercados y opinión pública, como se ha visto en sus mensajes sobre la guerra en Irán y el impacto económico global, recogidos por Demócrata (entrevista sobre la crisis).

Límites y controles a su poder

Los Articles of Agreement y los By-Laws son muy explícitos en cuanto a los límites de la directora gerente:

  • Subordinación al Directorio Ejecutivo: todas sus competencias se ejercen “bajo la dirección y el control general” de este órgano colegiado. No puede, por tanto, decidir por sí sola sobre la concesión de programas, la distribución de la renta neta, la imposición de sanciones a países miembros o la interpretación de los propios estatutos; esas decisiones corresponden al Directorio o, en última instancia, a la Junta de Gobernadores.
  • Falta de voto en la Junta de Gobernadores: participa en las reuniones, pero las resoluciones sobre cuestiones de máximo nivel (enmiendas al acuerdo constitutivo, admisión o retirada de miembros, aumentos de cuotas, etc.) se toman sin su voto.
  • Deber de lealtad exclusiva al Fondo: los textos insisten en que directora gerente y personal “deberán su deber exclusivamente al Fondo” y no a gobiernos u otras entidades. Ningún miembro puede tratar de influir indebidamente en el personal o en la directora gerente, lo que busca blindar la independencia técnica del FMI.
  • Nombramiento y cese dependientes del Directorio: su mandato no es vitalicio ni blindado; el Directorio Ejecutivo puede, en determinadas circunstancias, poner fin a su contrato, lo que opera como última salvaguarda frente a un eventual abuso de poder.

Contexto institucional

El Tesoro español, en su información divulgativa sobre el FMI (síntesis institucional), resume este equilibrio: el director gerente es la cabeza visible y operativa del organismo, pero la autoridad última reside en los órganos colegiados donde se sientan los representantes de los países. La biografía institucional de Georgieva como dirigente de organismos internacionales ilustra cómo este perfil combina liderazgo político y capacidad administrativa, pero siempre encajado en marcos estatutarios muy precisos (trayectoria internacional).

¿Qué resultados obtuvieron los principales partidos políticos españoles en las últimas elecciones generales?

Las últimas elecciones generales al Congreso de los Diputados en España se celebraron el 23 de julio de 2023. El partido más votado fue el Partido Popular (PP), pero sin mayoría suficiente para gobernar, mientras que el PSOE quedó muy cerca en votos y escaños y ha logrado mantener la Presidencia del Gobierno gracias a acuerdos de investidura. Detrás se situaron Vox y la coalición Sumar, ambos con una representación relevante pero menor que en la suma de las fuerzas que les precedieron en 2019. El Congreso resultante quedó muy fragmentado, obligando a pactos complejos con formaciones nacionalistas e independentistas.

Resultados de los principales partidos (Congreso, 23J 2023)

Según los datos oficiales del escrutinio, recogidos por el Ministerio del Interior y difundidos en portales como la página oficial de resultados y el especial de RTVE (resultados 23J RTVE, resumen oficial Interior, Infoelectoral), el reparto de voto y escaños de los principales partidos fue el siguiente:

  • Partido Popular (PP): 8.091.840 votos, 33,1 % del total y 137 escaños.
  • Partido Socialista Obrero Español (PSOE): 7.760.970 votos, 31,7 % y 121 escaños.
  • Vox: 3.033.744 votos, 12,4 % y 33 escaños.
  • Sumar (coalición que integraba, entre otros, a Podemos e IU): 3.014.006 votos, 12,3 % y 31 escaños.

Entre los partidos de ámbito territorial que juegan un papel clave en la gobernabilidad, los resultados fueron:

  • ERC: 462.883 votos (1,9 %) y 7 escaños.
  • Junts: 392.634 votos (1,6 %) y 7 escaños.
  • EH Bildu: 333.362 votos (1,4 %) y 6 escaños.
  • EAJ‑PNV: 275.782 votos (1,1 %) y 5 escaños.

Estos datos pueden consultarse con más detalle en el especial interactivo de RTVE (resultados nacionales y, por ejemplo, los datos de Madrid en resultados Madrid), en el agregador estadístico de EPData y en el portal oficial de Interior ([enlace], Infoelectoral).

Equilibrio de bloques y formación de Gobierno

La suma de PP (137) y Vox (33) alcanzó 170 escaños, por debajo de la mayoría absoluta (176). Esa aritmética es clave para entender por qué Alberto Núñez Feijóo no pudo ser investido, pese a ser el candidato del partido más votado. Distintos análisis publicados por el periódico Demócrata subrayan que el bloque de derechas se quedó corto y que, desde entonces, su estrategia ha pivotado sobre el intento de ampliar esa mayoría a través de futuras elecciones, como recogen, entre otros, el promedio de encuestas en Así están las encuestas y trabajos demoscópicos posteriores (Sigma Dos 2025, Sociométrica 2025, Ipsos 2026).

En el otro bloque, PSOE (121) y Sumar (31) sumaron 152 escaños, por debajo también de la mayoría, pero mejor situados para tejer alianzas con partidos nacionalistas e independentistas. Según el análisis de Demócrata sobre el “bloque de investidura” (Socios que aprietan, pero no ahogan), la mayoría que permitió la investidura de Pedro Sánchez se apoya en:

  • Los 7 escaños de ERC y los 7 de Junts.
  • Los 6 de EH Bildu y los 5 del PNV.
  • Formaciones menores como BNG, Coalición Canaria o UPN en distintas votaciones.

Esa combinación convierte a varias fuerzas territoriales en actores imprescindibles y explica la dinámica de constante negociación en el Congreso, descrita en detalle también en el trabajo de Demócrata sobre cesiones de diputados y formación de grupos (Idas y venidas de legisladores).

Contexto posterior al 23J

Desde esas elecciones, el mapa político se analiza comparando continuamente los resultados de 2023 con la evolución demoscópica. El periódico Demócrata y otros medios han seguido cómo PP y Vox intentan superar juntos los 176 escaños mientras el bloque de izquierdas busca no perder la mayoría que permitió la investidura. Entre esos análisis se encuentran, además de los ya citados, los promedios y lecturas de bloques recogidos en Así están las encuestas y otras piezas de contexto político y electoral.

Aunque buena parte de la investigación reciente de Demócrata se centra también en otros procesos (elecciones europeas y sus resultados oficiales publicados en el BOE, como puede verse en el acuerdo de la Junta Electoral Central en BOE 28/06/2024 y su corrección en BOE 24/07/2024, o en análisis comparados como claves de las europeas y coaliciones a las europeas), la referencia básica para entender la actual legislatura española sigue siendo el reparto de escaños y votos del 23J.

Ese resultado explica la correlación de fuerzas en el Congreso, la necesidad de pactos continuos y el papel central de los partidos de ámbito territorial en la estabilidad del Gobierno. Para un análisis histórico comparado, el periódico Demócrata ha recordado incluso otros comicios clave, como las generales de 2004 que llevaron a Zapatero a La Moncloa (20º aniversario de la investidura de Zapatero), y distintas fuentes estadísticas como la Contabilidad Nacional Trimestral, que permiten relacionar contexto económico y comportamiento electoral.

¿Cómo se repartieron exactamente los escaños por provincias en las elecciones generales del 23J de 2023? ¿Qué partidos apoyaron la investidura de Pedro Sánchez tras el 23J y con cuántos escaños cuenta cada uno? ¿Cómo han evolucionado las encuestas desde las elecciones de 2023 para PP, PSOE, Vox y Sumar?

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