El Consejo de Ministros ha dado luz verde, a propuesta del Ministerio de Industria y Turismo, a la convocatoria para 2026 del mecanismo de compensación de costes indirectos de emisiones de CO2 dirigido a la industria electrointensiva. El esquema volverá a contar con una dotación máxima de 600 millones de euros, la misma cantidad prevista para 2025, aunque en esta ocasión se extenderá a más ramas industriales.
En la rueda de prensa posterior al Consejo, el titular de Industria y Turismo, Jordi Hereu, recordó que en 2018 estas ayudas apenas alcanzaban los seis millones de euros y subrayó que la finalidad de la medida es “mantener la competitividad de los sectores y subsectores industriales” del país, especialmente de aquellos con un “mayor riesgo de fuga de carbono”.
Hasta ahora podían acogerse sectores como el papelero, la metalurgia, la química o el vidrio. Con la nueva convocatoria se incorporan alrededor de una veintena de actividades adicionales, entre ellas la química orgánica básica, los fertilizantes o los fabricantes de azulejos y baldosas, que pasarán también a ser potenciales beneficiarios de estas compensaciones.
A cambio de recibir las ayudas, las empresas de los sectores incluidos deberán realizar una auditoría energética y destinar recursos a actuaciones de mejora de la eficiencia energética o, de forma alternativa, a la reducción del CO2, emisiones directas o a disminuir la huella de carbono vinculada al consumo eléctrico mediante energía renovable.
Las compañías dispondrán de un plazo de tres años para justificar las inversiones comprometidas, orientadas a la descarbonización de sus procesos productivos y a la optimización del uso de la energía.
Desde 2019, el Gobierno ha puesto en marcha cerca de 2.000 millones de euros en apoyo directo a la industria electrointensiva española a través de distintos instrumentos de ayuda. El mecanismo de compensación busca aliviar el impacto de los costes asociados a las emisiones de CO2 en el precio de la electricidad consumida por las industrias más intensivas en energía, con el objetivo de sostener su competitividad, proteger el empleo industrial y evitar la deslocalización hacia países con menores exigencias medioambientales.